MADRID (Reuters) – La juez Carmen Lamela decretó prisión provisional sin fianza para ocho de los nueve exconsejeros catalanes que se presentaron a declarar el jueves en la Audiencia Nacional por cargos relacionados con el proceso que llevó a la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre.
La magistrada instructora aún debe decidir si decreta una orden de detención internacional contra el depuesto presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro miembros de su gobierno que no acudieron a la Audiencia Nacional, aunque el abogado del ex presidente catalán dio por hecho en la televisión belga que la orden ya se había emitido.
"Mi cliente me acaba de decir que se ha emitido la orden para el presidente y cuatro de sus consejeros", dijo Paul Bekaert a la cadena VRT.
Una fuente judicial había dicho anteriormente que la juez no daría a conocer su decisión al menos hasta el viernes.
Las medidas cautelares amenazan con enquistar aún más la peor crisis institucional en los 40 años de democracia en España, mientras Cataluña se prepara para unas elecciones autonómicas el 21 de diciembre, convocadas por el Gobierno central el pasado viernes tras disolver el Parlamento regional.
Los 14 miembros del Govern, cesado al completo por el Gobierno central la semana pasada, tenían que declarar por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, que podrían acarrear condenas conjuntas de hasta 50 años de cárcel, según dos autos judiciales.
Solo el exconsejero de Empresa Santi Vila, que dimitió en vísperas de la secesión por no haber conseguido imponer su visión de una solución dialogada, podrá eludir la prisión si presenta una fianza de 50.000 euros, agregó el tribunal, al considerar que Vila no iba a reincidir en el delito.
Este frente judicial coincide con la preparación de los comicios de diciembre, que ha provocado grietas en el seno de la coalición proindependentista y en el del propio PDeCat de Puigdemont. De hecho, algunos apuntan al propio Vila como candidato desde una visión más moderada.
En una causa separada, el Tribunal Supremo se dio una semana más para tomar declaración por los mismos delitos a los miembros de la Mesa del Parlament y les impuso en tanto vigilancia policial.
PUIGDEMONT RECURRIRÁ LA EXTRADICIÓN
La decisión de encarcelar a varios miembros del Govern provocó críticas de diferentes grupos de la sociedad catalana, desde miembros del independentismo hasta el F.C. Barcelona, aunque la reacción en las calles fue menos masiva que en otras ocasiones.
Puigdemont, que se encuentra en Bélgica desde donde dice está denunciando la situación de Cataluña ante la comunidad internacional, no acudió a la Audiencia porque "el clima no era el adecuado", según su abogado belga.
"El Sr. Puigdemont se quedará aquí. Ha dicho que va a cooperar totalmente con las autoridades belgas durante el procedimiento. Apelará en todas las instancias si los tribunales deciden apoyar su extradición", indicó a la cadena VRT.
Mientras cientos de personas se concentraban en la sede del Parlament en Cataluña, Puigdemont realizó una breve declaración emitida por la televisión regional TV3, en la que pidió, "como presidente legítimo" que se libere a los encarcelados.
"Exijo la liberación de los consellers y el final de la represión política. Las encarcelaciones han sido un golpe a las elecciones del 21-D", afirmó Puigdemont.
MEDIDAS "DESPROPORCIONADAS"
En uno de los autos difundidos el jueves, la juez justificó el ingreso en prisión de los exconsejeros por el riesgo de fuga y destrucción de pruebas, tras argumentar que existía una trama para impulsar la causa soberanista.
"Los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizados y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que llevaría a la celebración del referéndum ilegal el 1 de octubre y a la declaración de independencia", dijo, en línea con lo solicitado por la fiscalía.
Pero el abogado de algunos de los exaltos cargos enviados a prisión, entre los que se encuentra el vicepresidente cesado Oriol Junqueras, calificó las medidas cautelares de "absolutamente inmotivadas y desproporcionadas" y anunció que recurriría.
"Entendemos que no hay ni delito de rebelión ni delito de sedición por mucho que la fiscalía se empeñe en afirmarlo", dijo Jaume Alonso-Cuevillas a periodistas.
Por su parte, el abogado de Vila criticó el escaso tiempo con el que ha contado su defendido, que no le permitirá reunir los fondos de la fianza, por lo que pasará la noche en prisión.
"Un caso tan anormal como este, donde se cita un día festivo y (…) a una velocidad inusitada en el mundo de la administración de la justicia (…), se ha ocasionado una indefensión grandísima e impensable", dijo en declaraciones a periodistas Pau Molins.
También lamentaron la decisión judicial la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, que habló de un "día negro para Cataluña", y miembros de la izquierda parlamentaria española como Alberto Garzón, del grupo Unidos Podemos, que dijo que "ningún demócrata puede estar satisfecho con esta barbaridad".
