MADRID (Reuters) – La Audiencia Nacional imputó el miércoles por varios delitos de corrupción a once personas, algunas de ellas empresarios, relacionadas con las actividades de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, cuya fortuna en el extranjero se está investigando.
El juez Pablo Ruz cita a declarar el 12 de noviembre a los imputados por delitos de blanqueo de capital, contra la hacienda pública y falsedad en documento mercantil "por su presunta participación y cooperación con el investigado, Jordi Pujol Ferrusola, en determinadas operaciones mercantiles que han venido siendo investigadas".
Además de la citación, el juez pide a seis bancos de Andorra el bloqueo de las cuentas de Pujol Ferrusola, al que se investiga por recibir supuestamente comisiones millonarias de empresas concesionarias de obra pública en Cataluña, algo que él ha negado en sede judicial.
El escándalo del primogénito de la saga Pujol surgió tras una denuncia de su expareja María Victoria Álvarez, que dijo que presenció supuestas operaciones de blanqueo de capitales en distintos viajes al extranjero, entre ellos a Andorra.
El juez pide también ampliar una comisión rogatoria a la Banca Privada Andorrana para que remita documentación relacionada con una cuenta a través de la cual el investigado remitió 2,4 millones de euros a una sociedad editorial mexicana este verano.
Ruz pide también el bloqueo de la cuenta desde la que se realizó la operación y de otras más en diversos bancos del principado y pide a las autoridades mexicanas que identifiquen la cuenta del Banco Santander Méjico en el que fue ingresado el dinero.
El juez llama también a declarar a 27 testigos dentro de las diligencias "pertinentes, necesarias y proporcionadas" habida cuenta de la declaración de Álvarez, la documentación bancaria, empresarial, societaria y de la Agencia Tributaria, los informes policiales y lo dicho por Pujol Ferrusola y su exmujer Mercé Gironés el 15 de septiembre pasado ante el juez.
Pujol Ferrusola es uno de los tres hijos del expresidente catalán a los que se investiga por delitos relacionados con la corrupción.
Oriol Pujol, exdiputado de CDC, está imputado por soborno y por tráfico de influencias por la presunta concesión irregular del servicio de revisión de vehículos en Cataluña, mientras que Oleguer Pujol está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública por la obtención de una importante cantidad de dinero de origen desconocido a través de las islas Vírgenes.
El propio expresidente catalán está siendo objeto de pesquisas judiciales tras reconocer el pasado julio que tuvo una fortuna sin declarar en Suiza durante más de 30 años, que él atribuye a la herencia de su padre.
El reconocimiento de la fortuna en el extranjero de Jordi Pujol puso fin a una imagen de honradez construida durante decenios y que constituía uno de los baluartes de los políticos catalanes, que defendían que en Cataluña no cabía la corrupción que se ha convertido en uno de los mayores problemas de la vida pública en España.
Tras la confesión en julio pasado de que había cometido fraude fiscal, el fundador de Convergència i Unió fue despojado de todos sus privilegios y honorarios y la Fiscalía Anticorrupción pidió luego a Suiza y Andorra datos bancarios de los nueve miembros de la familia.
