MADRID (Reuters) – La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por el partido político Unión Progreso y Democracia contra 33 exdirectivos y exconsejeros de la nacionalizada Bankia y su matriz BFA, incluido su expresidente Rodrigo Rato, según un auto del tribunal.
Después de conocerse las imputaciones, el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú Pons, presentó su renuncia inmediata al cargo en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La querella de la formación política acusa a los directivos y consejeros de "estafa, apropiación indebida (…) falsificación de cuentas anuales (…) un delito de administración fraudulenta o desleal (…) y un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas" en relación con el proceso de salida a bolsa de Bankia en julio de 2011.
En su auto, la Audiencia Nacional dijo que además de citar a los imputados -entre ellos Verdú, o el ex ministro del Interior Ángel Acebes- citará a declarar como testigos al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al presidente de la CNMV, Julio Segura, y al representante legal de la comisión rectora del estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
La ausencia de una investigación a fondo sobre el caso de Bankia y su controvertida salida a Bolsa -desde la cual acumula una caída bursátil de más del 70 por ciento- después de que el grupo pidiera su nacionalización y solicitara ayudas públicas por un importe global de 23.500 millones de euros, ha levantado ampollas en la sociedad española y han sido numerosas las manifestaciones ciudadanas pidiendo una investigación.
Después de la salida de Rato, que fue sustituido por José Ignacio Goirigolzarri, el grupo revisó las cuentas de 2011 revelando unas pérdidas de más de 3.000 millones de euros.
La apertura de estas diligencias es sólo la primera fase de la investigación sobre Bankia y, dependiendo del resultado de la misma, se juzgará si los hechos son constituyentes de delito.
"Con todas las diligencias pendientes de práctica, no es posible establecer de una manera concreta y definida el grado de responsabilidad indiciariamente exigible a cada uno de los querellados, debiéndose definir más adelante los precisos indicios racionales de criminalidad", según el auto.
La Audiencia Nacional ha requerido una extensa documentación a la entidad financiera, incluidas copias de las actas del consejo desde el 3 de diciembre de 2010 y de las actas que justificaron las peticiones de ayudas públicas del FROB.
El tribunal también ha pedido a las cajas que integran el SIP -Sistema Institucional de Protección, también conocido en el sector como "fusión fría"- de Bankia/BFA un desglose de las retribuciones a los miembros del consejo desde 2007.
Por su parte, la CNMV deberá aportar documentos en relación a la salida a bolsa de Bankia y ha solicitado al Banco de España documentos sobre la inspección de Bankia desde enero de 2011 y el plan de capitalización presentado por la entidad al banco central al inicio de 2012, entre otros.
La Audiencia también pedirá al FROB una detallada documentación sobre la suscripción de 4.465 millones de euros en participaciones preferentes en la entidad financiera -convertidas en capital con la nacionalización- y sobre la inyección adicional de 19.000 millones de euros que pidió el consejo de Bankia.
¿REPARACIÓN SIMBÓLICA?
La imputación de Rodrigo Rato tiene un valor simbólico importante, debido a su influencia en las políticas que llevaron a España al "boom" económico de la segunda mitad de la década de 1990, además de ser la cabeza visible de la polémica salida a bolsa de Bankia y del fracaso en la gestión de la entidad, que la llevó a su nacionalización en mayo.
Asimismo, analistas y políticos consideraron que su imputación conlleva una intención de reparación de la imagen del funcionamiento institucional en España ante una sociedad que ve cómo las pequeñas empresas tienen cerrado el grifo del crédito y cómo el deterioro de la situación económica ha llevado al país a una tasa de paro de más del 24 por ciento y a que miles de familias de bajos recursos se enfrenten a procesos de desahucio.
"Son cientos de miles de afectados, han sido victimas de un engaño masivo, esto tiene una enorme gravedad, ha afectado la imagen del sistema financiero español", dijo a Reuters la líder de UPyD y diputada del Congreso, Rosa Díez.
En el mismo sentido se manifestó el senador del Partido nacionalista Vasco (PNV), Iñaki Anasagasti.
"Creo que es un pulso de la misma Justicia, la gente está indignada con el tema de los rescates a los bancos y de la impunidad y la alegría con la que han actuado (sectores del mundo financiero)", dijo.
Algunos analistas han destacado también que la Justicia se ha atrevido a investigar a una persona que, más allá de su cargo, representaba una imagen de progreso económico vinculada al partido gobernante y llegó a lo más alto de la escena económica global al ser designado director gerente del Fondo Monetario Internacional.
"Rato es una vaca sagrada en el PP (…) Destruir a Rato significa destruir todo el mito del milagro económico de 1996", dijo José Ignacio Torreblanca, responsable del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores en Madrid.
CÚMULO DE DENUNCIAS
La fiscalía anticorrupción anunció a principios de junio que abriría una investigación por el caso, después de que la negativa del gobernante Partido Popular a abrir una comisión en el Congreso llevase al minoritario UPyD a anunciar que llevaría la querella contra Bankia a la Audiencia Nacional, que también estudia una demanda presentada por Manos Limpias.
Las cajas de ahorro españolas, tradicionalmente muy ligadas a los poderes políticos regionales, han sido uno de los principales puntos débiles del sistema financiero español por los elevados riesgos crediticios asumidos durante la época del boom inmobiliario.
Rato, ex ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno durante el anterior gobierno del Partido Popular, presidió la entidad financiera durante todo el proceso de salida a Bolsa y posteriormente se vio forzado a presentar su dimisión cuando la nacionalización del grupo era inminente.
La colocación en Bolsa de la entidad ha sido ampliamente criticada por distintos medios y asociaciones debido al elevado importe de la operación que se colocó en las potentes redes comerciales de las cajas del grupo, mayoritariamente entre pequeños inversores.
MÁS BANCOS BAJO LUPA
Las diligencias abiertas contra Bankia se producen en un agitado momento para el sector bancario en Europa, después de que el consejero delegado de Barclays dimitiera el martes por un escándalo sobre la manipulación de tipos de interés interbancarios.
Este mismo miércoles, el portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó en una nota de prensa que la Fiscalía Provincial de Barcelona abrió la semana pasada diligencias para averiguar presuntas irregularidades en Caixa de Catalunya, englobada en la nacionalizada Catalunya Caixa (CX).
Según el portavoz, la investigación está relacionada con retribuciones de los altos responsables de la entidad, que ha recibido ayudas públicas del Estado.
Catalunya Caixa fue nacionalizada en septiembre de 2011 por el Banco de España a través del FROB, que se hizo con un 90 por ciento de su capital por un importe de 1.718 millones de euros.
A cierre de 2011, la entidad catalana registró unas pérdidas por importe de 1.335 millones de euros.
SINDICALISTAS IMPUTADOS
Dos de los imputados por la Justicia, Francisco Baquero y Pedro Bedia, eran representantes del mayor sindicato español por afiliación, Comisiones Obreras (CCOO), en el consejo de Bankia.
En este sentido, el secretario general de la federación de banca de CCOO, José María Martínez, defendió en rueda de prensa a los representantes del sindicato en el consejo diciendo que se trata de "una representación minoritaria que muchas veces entra en confrontación con el grueso del consejo".
"Aunque las responsabilidades están repartidas, unos tienen muchas más que otros", dijo.
