MADRID (Reuters) – El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se reúne el miércoles con el jefe del Ejecutivo catalán, Artur Mas, con el telón de fondo de la consulta sobre la independencia que el dirigente nacionalista ha convocado para noviembre en Cataluña.
Además de sobre un referéndum que el Gobierno central considera ilegal, el encuentro entre ambos políticos, que no se ven desde hace un año, versará previsiblemente sobre economía, estructura de Estado y finanzas públicas.
Los dirigentes se han mostrado abiertos a hablar de todos los temas, pero es previsible que no alcancen ningún acuerdo mientras Mas siga insistiendo en consultar a los catalanes, entre los que ha crecido el sentimiento independentista en un contexto de crisis económica en el que sienten que aportan al Estado español más de lo que reciben de él.
El encuentro se produce en un contexto delicado para los nacionalistas, después de que el histórico dirigente de CiU y mentor político de Mas Jordi Pujol renunciara la víspera a todos sus cargos y pensiones vitalicias tras reconocer que tuvo dinero en paraísos fiscales durante más de 30 años.
Las relaciones entre Rajoy y Mas se enconaron hace dos años cuando, tras la negativa de Madrid a negociar un pacto fiscal para una de las regiones más ricas de España, el dirigente catalán planteó un referéndum con cuya celebración están de acuerdo un 80 por ciento de los ciudadanos de Cataluña, según los sondeos.
Una independencia de Cataluña afronta numerosas complicaciones legales, empezando por la Constitución española, que establece la "indisoluble unidad" de España en su artículo segundo.
Para la celebración de la consulta el 9 de noviembre, el Parlamento catalán aprobará en los próximos meses una ley de consultas que previsiblemente el Gobierno de Rajoy impugne ante el Tribunal Constitucional.
Si se le niega la posibilidad de un referéndum no vinculante, el líder de Convergéncia y Unió (CiU) ha dicho que convocaría unas elecciones plebiscitarias en las que los catalanes puedan pronunciarse.
Cataluña, que supone alrededor de una quinta parte del Producto Interior Bruto y el 16 por ciento de su población, se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno central, que incidirá en que sus medidas y la mejora de la economía han sido beneficiosas para Cataluña.
