Los sindicatos franceses comenzaron el martes una prueba de fuerza con paros y manifestaciones en todo el país contra la impopular reforma de las pensiones, pero no parece probable que vaya a afectar a la decisión del presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy.
Los dirigentes sindicales esperan sacar a unos dos millones de personas a la calle, parar hospitales y colegios y provocar cortes en el tráfico aéreo y ferroviario.
"Mañana será totalmente decisivo. El número de manifestantes decidirá más o menos los cambios que hará el Gobierno a la reforma", declaró el lunes por la noche en la cadena France 3 François Chereque, líder del sindicato CFDT.
Según los sondeos, dos tercios de los votantes creen que el plan de Sarkozy de retrasar la edad de jubilación de los 60 a los 62 años y alargar los años de trabajo para recibir una pensión es injusto y apoyan la huelga, pero dos tercios también piensan que la jornada de paros no tendrá consecuencias.
"Todo lo que hace este Gobierno está considerado por la opinión pública como injusta e ineficaz", dijo Gael Sliman, director del instituto de sondeos BVA Opinion.
El Gobierno conservador dice que la reforma es esencial para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social en 2018, reducir el déficit público y mantener la calificación máxima de Francia ante las agencias de calificación, la triple A.
Se espera que las huelgas fuercen la cancelación de la mitad de los servicios ferroviarios y de metro, así como los vuelos de corta distancia de Air France y el 25 por ciento de los vuelos a París de otros operadores, además de cerrar muchos colegios. Pero la mayoría de las empresas del sector privado no se verán afectadas.
El malestar sindicar se hace eco de medidas similares adoptadas en otros países europeos contra los planes austeridad impuestos para reducir los déficit presupuestarios engordados por la crisis económica de 2008-9. En España hay una huelga general convocada para el 29 de septiembre, mientras que ya se han celebrado otras en Grecia, Italia y Rumanía en contra de los dolorosos recortes salariales a los funcionarios y en el gasto público.
La víspera de la que podría ser la mayor protesta en el país desde que Sarkozy llegó al poder en 2007, varios ministros insistieron en que los principios clave de la reforma de las pensiones no son negociables, pero apuntaron a posibles concesiones en cuestiones secundarias, como la jubilación anticipada para aquellos con trabajos más físicos o que empezaron a trabajar más pronto.
La mayoría de las grandes economías europeas tienen una edad oficial de jubilación de 65 años, y algunos, como Alemania, España y Reino Unido, tienen previsto retrasarla gradualmente hasta los 67 o más allá, pero la edad efectiva de jubilación en Francia es similar a la de sus vecinos, según la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo.
¿PRESIDENTE PARA LOS RICOS?
Con los niveles de aprobación de Sarkozy cercanos a sus momentos más bajos, sus dos asesores principales insinuaron el domingo que podría modificar un "escudo fiscal" ampliamente criticado y aprobado para asegurar que los más ricos no pagan más en impuestos del 50 por ciento de sus ingresos.
Claude Gueant, su jefe de gabinete, declaró en la emisora Europe 1 que en contra de algunas percepciones públicas, Sarkozy "no es en absoluto el presidente de los ricos".
En medio también se encuentra el ministro de Trabajo, Eric Woerth, muy dañado por un escándalo sobre supuesto conflicto de intereses y donaciones políticas ilegales. Woerth presentará la reforma de las pensiones en el Parlamento, que se espera la apruebe en octubre.
Sarkozy lo ha apoyado a pesar de las revelaciones sobre sus vínculos con la mujer más rica de Francia, la heredera de L'Oreal Liliane Bettencourt, y el gestor de sus fondos, Patrice de Maistre. El ministro ha negado haber cometido cualquier ilegalidad y se ha negado a dimitir.
Sin embargo, el escándalo ha debilitado su posición y ha alimentado las protestas contra la ley de las pensiones, considerada la reforma bandera de Sarkozy y la plataforma de lanzamiento para las elecciones de 2012, en las que intentará ser reelegido.
Los analistas han dicho que incluso aunque los sindicatos obtengan una participación masiva, es poco probable que logren convertir un día de protesta en un movimiento a largo plazo que pueda forzar al Gobierno a dar marcha atrás.
Francia tiene una larga tradición de protestas sindicales, aunque solo el 10 por ciento de sus trabajadores – la mayoría en el sector público – están afiliados. En 1995, un movimiento de protesta obligó al entonces presidente Jacques Chirac a abandonar una propuesta de reforma de las pensiones y de la sanidad, y en 2006 los estudiantes lograron acabar con un contrato que preveía salarios bajos para los jóvenes.
Pero el ánimo ha cambiado, ya que muchos aceptan la idea de que una mayor expectativa de vida y unas finanzas públicas más débiles hacen inevitable retrasar la edad de jubilación.
