Los principales sindicatos españoles han convocado manifestaciones para el martes por la tarde en protesta por la rápida reforma de la Constitución que asegura un límite al déficit fiscal para aplacar el nerviosismo de los inversores ante la crisis de la zona euro.
Las protestas ocurren poco antes de que el Senado debata la reforma de la Carta Magna, que hasta ahora sólo ha experimentado una reforma por el procedimiento de urgencia desde su promulgación en 1978, cuando fue adaptada al Tratado de Maastricht en 1992 para que los extranjeros pudieran votar en las elecciones locales.
La reforma constitucional impedirá, mediante ley orgánica, un déficit superior al 0,4 por ciento del producto interior bruto a partir de 2020 para el conjunto de las administraciones públicas, y se espera que sea aprobada ya que tanto el Partido Socialista, en el poder, como la principal formación de oposición, el Partido Popular, están a favor.
Los dos principales partidos españoles alcanzaron una poco habitual tregua política sobre el freno al déficit, argumentando que es esencial para mostrar a los mercados que España es creíble en la gestión de su deuda.
El Congreso dio luz verde la semana pasada por abrumadora mayoría a la reforma, con los votos favorables del PSOE y el PP, a los que se sumaron algunos partidos políticos más pequeños.
El déficit español es motivo de preocupación por si el país pudiera necesitar un rescate al estilo de Grecia. El país se ha comprometido a rebajar el déficit del sector público al 3 por ciento del producto interior bruto para finales de 2013, en línea con las directrices europeas.
España también se ha comprometido a reducir su déficit, uno de los más altos de la zona euro, a un nivel del 6 por ciento del PIB a finales de este año, desde el 11,1 por ciento de 2009.
Las protestas del martes seguirán a otras organizadas la semana pasada por el llamado movimiento de los "indignados", que exigen, al igual que los sindicatos, un referéndum para modificar el texto constitucional.
Los partidos minoritarios en el Congreso, los principales sindicatos por afiliación – Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores – y varias plataformas ciudadanas se han opuesto enérgicamente a esta reforma por considerar que golpea el estado del bienestar además de abordarse al margen del voto ciudadano por no incluir un referéndum.
De hecho, los dos sindicatos mayoritarios han convocado diversas concentraciones y movilizaciones entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre para exigir un referéndum para la modificación de la Constitución.
La reforma, que partió del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, encontró eco en la canciller alemana, Angela Merkel, que la semana pasada felicitó al jefe del Ejecutivo español por la iniciativa.
