MADRID (Reuters) – El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se verán las caras el jueves en un encuentro en el que el mandatario catalán solicitará al líder popular su apoyo para la renovación del Tribunal Constitucional, atascado en su debate sobre la inconstitucionalidad del Estatut.
Según informó la Generalitat, en la reunión, que se celebra a iniciativa de Montilla y a puerta cerrada, se abordará la situación política y la "crisis institucional" del alto tribunal, además de la situación económica.
El Tribunal Constitucional rechazó el mes pasado la quinta ponencia del debate que trata de emitir una sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña presentado por el Partido Popular hace ya casi cuatro años, que afecta a 114 artículos y 12 disposiciones y tiene más de 400 folios.
Tras el rechazo, el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución en la que defendió la legitimidad del Estatuto e instó a la renovación del tribunal, a la vez que demandó que se declare incompetente para emitir un fallo sobre el texto, puesto que el mandato de cuatro de sus doce miembros ha caducado y tiene que cubrir una vacante por defunción.
El Constitucional no ha logrado llegar a un acuerdo en los aspectos más polémicos del texto, entre ellos el reconocimiento de Cataluña como nación, el deber de conocer el catalán, el derecho de autodeterminación y un papel destacado en las relaciones con la Unión Europea.
El rechazo de la quinta ponencia por seis votos frente a cuatro desató una oleada de reacciones contrarias entre la mayoría de los partidos catalanes.
La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, denunció posteriormente una campaña de desprestigio contra el alto tribunal por las críticas al no lograr una sentencia, mientras diversos políticos se enzarzaron en un debate sobre la necesidad o no de renovar la corte.
El Parlamento catalán, que aprobó el Estatuto antes de que fuera sometido a un referéndum, ha reiterado su convicción sobre la plena constitucionalidad del texto, mientras que el PP alega que su objetivo es defender la Constitución y los derechos de los ciudadanos.
Los diputados catalanes quieren trasladar a las Cortes y a sus respectivos grupos parlamentarios la necesidad urgente de designar a un magistrado que cubra la vacante provocada por la muerte de Roberto García-Calvo en 2008 y de desbloquear la designación de los otros cuatro magistrados, pendiente desde hace más de dos años en el Senado.
La resolución del Parlamento catalán también instó a impulsar en el Senado una reforma de la ley orgánica que regula el Constitucional para evitar que se prolongue forzosamente el mandato de los magistrados.
El TC está integrado por 12 miembros, cuatro nombrados por el Congreso y cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial.
En el caso del Estatuto de Cataluña sólo intervienen 10, tras la muerte de García-Calvo y la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, por un trabajo que realizó para la Generalitat de Cataluña sobre las relaciones exteriores de Cataluña, que proponía fórmulas que posteriormente se habrían plasmado en el Estatuto.
