Los dos principales partidos españoles se reunirán el lunes para intentar alcanzar un acuerdo político que cambie la ley hipotecaria y paralice los desalojos que han arrojado a la calle a cientos de miles de familias, mientras crece la presión social contra los desahucios tras un segundo caso de suicidio.
A la voz de asociaciones de afectados se han en los últimos días sumado las de jueces y la de un sindicato de policías que ha decidido que va a apoyar a los agentes que por motivos de conciencia se nieguen a acudir a un desahucio.
"Los policías tampoco debemos ser insensibles en estas situaciones, no podemos seguir permitiendo que la gente se suicide cuando le van a desahuciar en un piso que en el mejor de las ocasiones va a quedar vacío de por vida, o por muchos años", dijo el domingo José María Benito, portavoz del SUP.
Benito dijo que en los últimos tiempos estaban recibiendo muchas consultas de compañeros afectados por las órdenes de desahucio que deben cumplir.
La decisión del SUP llegó en la víspera de una importante reunión el lunes entre el gobernante PP y el opositor PSOE para alcanzar un pacto político que modifique una ley calificada por muchos como "inhumana" y que se espera paralice la ejecución de los desalojos.
El domingo se celebraron en varias ciudades españolas manifestaciones en contra de las ejecuciones hipotecarias, que han ascendido a casi 400.000 desde 2008, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
"No puede ser que en un país haya casas vacías y gente sin casas", dijo Jesús Bustos, portavoz de Stop Desahucios, asociación que pide la dación en pago y la creación de un parque de viviendas en alquiler social, en Alicante.
"Habrá que esperar a ver la letra pequeña de esas paralizaciones", añadió.
En Murcia, otra marcha en contra del paro, la pobreza y los recortes, algunos participantes se mostraron también escépticos sobre el pacto político para frenar los desahucios.
"Yo pienso que va a solucionar el problema a muy pocas familias", dijo un manifestante en Murcia.
El viernes Amaia Egaña, una edil socialista, se suicidó cuando iban a desahuciarla en su casa de Baracaldo, una tragedia que conmocionó tanto a la opinión pública, como a poderes públicos e incluso a entidades bancarias.
Kutxabank dijo el sábado que ha suspendido todas las ejecuciones hipotecarias en casos de primeras viviendas, a la espera de que se conozca la nueva regulación que prepara el Gobierno.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, dijo el mismo día sentir vergüenza porque el sistema judicial, del que él es responsable, no haya sido capaz de llegar a tiempo para evitar la tragedia.
FAMILIAS MÁS VULNERABLES
El viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que el lunes espera anunciar la paralización de los desalojos a las familias más vulnerables.
Rajoy señaló que el Gobierno trabaja ahora para definir mejor "los umbrales de exclusión" y en aplicar mejor los códigos de buenas prácticas bancarias.
La actual ley hipotecaria en España no contempla de forma general que la entrega de la vivienda sea suficiente para saldar la deuda hipotecaria adquirida con el banco, con lo que los desahuciados están obligados además a continuar pagando su crédito.
"El objetivo del texto es que nadie se quede sin casa", dijo el sábado Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general de los socialistas, cuyo partido va a proponer que se paralicen los desahucios ya en marcha, e incluso de forma retroactiva, según medios.
Entre las propuestas también figura la dación en pago, una antigua reivindicación de las asociaciones de afectados, que consiste en entregar la casa para saldar la deuda con la entidad acreedora.
La actual ley hipotecaria en España no contempla de forma general que la entrega de la vivienda sea suficiente para saldar la deuda hipotecaria adquirida con el banco, con lo que los desahuciados están obligados además a continuar pagando su crédito.
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, pidió esta semana una reforma de la actual ley hipotecaria haciéndose eco de las cada vez más voces de jueces que se alzan contra una legislación que arroja a la calle a miles de familias.
El jueves, un informe de la abogada general de la Unión Europea Julianne Kokott elevado al Tribunal de Justicia del bloque dictaminó que la legislación española de desahucios contradice la normativa europea de protección de derechos al consumidor.
Aunque el informe no tiene carácter vinculante, obligará al alto tribunal de la UE a pronunciarse al respecto.
A día de hoy quedan más de 1,5 millones de desahucios por ejecutar, según medios que citaron datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
/Por Iciar Reinlein/
