El juicio sobre el vertido del petrolero Prestige en la costa española comienza el martes, diez años después de la mayor catástrofe ecológica registrada en España y mientras las organizaciones ecologistas cuestionan que el proceso vaya a juzgar a los verdaderos culpables.
Más de 2.000 afectados y casi un centenar de letrados acuden a un juicio en el que se piden indemnizaciones millonarias, que se espera dure siete meses y en el que se dirimirán responsabilidades por la marea negra que asoló el noroeste de España.
El petrolero Prestige, que había zarpado de Letonia y se dirigía a Gibraltar, sufrió un accidente el 13 de noviembre de 2002 frente a las costas gallegas y se hundió seis días después, vertiendo 77.000 toneladas de fuel al mar que causaron graves daños en la costa gallega, cantábrica e incluso en territorio francés.
Ante las devastadoras imágenes de la catástrofe, una marea blanca de voluntarios acudió de toda España a limpiar la espesa mancha negra del chapapote de peñas, aguas y fauna.
La Fiscalía ha pedido 12 años de cárcel para el capitán del Prestige, el griego Apóstolos Mangouras, por un delito contra el medio ambiente y otro de daños en un espacio natural protegido.
Además del capitán, hay otros tres imputados en la causa: el jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos; el primer oficial, el filipino Irineo Maloto -que permanece en paradero desconocido-, y el director general de la Marina Mercante en el momento del naufragio, José Luis López-Sors.
Sin embargo, la organización Ecologistas en Acción afirmó la semana pasada en una rueda de prensa que los principales responsables de la catástrofe no se sentarán en el banquillo.
"Falta gente en el banquillo", dijo Jaime Doreste, responsable del área jurídica de Ecologistas en Acción, mencionando a los entonces delegado del gobierno en Galicia y alcalde de A Coruña como algunos de los nombres que se librarán de la acusación.
CUATRO MIL MILLONES EN INDEMNIZACIONES
La fiscalía estima que la tragedia costó 3.862 millones de euros sólo en España, y pide cuantiosas compensaciones por los daños causados.
La aseguradora del barco (The London Steamship Owners' Mutual Insurance Association) y el Fondo Internacional de Daños por Hidrocarburos están entre los responsables civiles directos, mientras que el Estado español se presentará tanto en calidad de parte acusadora como de responsable subsidiario.
El fiscal pide indemnizaciones por valor de 4.121,64 millones de euros, de los cuales más de 2.200 millones corresponden a la responsabilidad civil.
En calidad de parte acusadora, las arcas españolas podrían recibir 3.862,42 millones de euros, y a diversas administraciones, entidades y particulares españoles les corresponderían 172,86 millones de la suma. Algo más de 86 millones de euros se asignarían al Estado francés y a los afectados en el país vecino.
El número de afectados por el vertido asciende a 2.300 personas, si bien el número de perjudicados que reclaman se ha reducido a unos 1.500 porque muchos han cobrado ya compensaciones de la Administración.
/Por Cristina Fuentes-Cantillana/
