MADRID (Reuters) – La vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles anunció el martes que no participará en las deliberaciones del órgano de gobierno de los jueces sobre una posible suspensión cautelar del magistrado Baltasar Garzón, que había pedido la recusación de Robles y otros dos vocales.
El CGPJ ha abierto un expediente para estudiar si suspende cautelarmente al juez de la Audiencia Nacional después de la admisión a trámite de dos querellas contra él en el Supremo. Además hay una tercera querella admitida, aunque aún de manera no firme.
El viernes pasado Garzón presentó su escrito de alegaciones al Consejo y en él pidió que no le inhabilitara y que tres de sus vocales – Robles, Fernando de la Rosa y Gemma Gallego – se abstuvieran en las deliberaciones por entender que tienen una "enemistad manifiesta" hacia él.
Robles fue secretaria de Estado de Interior durante uno de los gobiernos de Felipe González en los años 90, época en la que coincidió con Garzón cuando fue delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas durante apenas un año, tras haber saltado a la política con el PSOE.
El martes, Robles presentó un escrito a la Comisión Permanente del Consejo, de la que es miembro y que es la que adoptará la decisión sobre si suspender al magistrado, en el que muestra "su más enérgico rechazo" a que tenga una supuesta enemistad con Garzón.
Sin embargo, reconoce "el hecho objetivo de la coincidencia en funciones públicas", por lo que acepta aplicar la doctrina de una sentencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que precisamente hace referencia a Garzón.
Dicha sentencia considera que el juez se habría tenido que abstener en la instrucción de una causa relacionada con los GAL en 1989 contra personas "con las que tuvo contacto, en el contexto de su cargo en el Gobierno".
ENFRENTADOS POR LOS CARGOS
Robles se hace eco las noticias publicadas de que el magistrado dejó la política porque no pudo conseguir el cargo que ocupó ella en 1994, pero añade que le "cuesta dar crédito a semejantes consideraciones, por más que no hayan sido desmentidas".
Para que no pueda ponerse en cuestión su "apariencia de objetividad, como en su día le ocurrió a él" y para que su intervención no pueda utilizarse de pretexto para cuestionar las actuaciones judiciales, afirma que se aparta de las votaciones sobre la posible suspensión cautelar de funciones del magistrado.
El Consejo ha decidido suspender la tramitación del procedimiento para dar trasladar de las recusaciones a los vocales afectados.
Garzón recuerda en su recurso de súplica que la Fiscalía no ha advertido ningún delito en su comportamiento al tramitar los casos de dos de las querellas, sobre las desapariciones del franquismo y por los cobros percibidos durante una estancia docente en Nueva York.
La Fiscalía se mostró partidaria de no inhabilitar al juez al considerar que no cabe en este momento procesal, ya que no hay un auto de procesamiento contra el juez ni una fecha de apertura de juicios.
Si la Comisión Permanente del Consejo optara por la suspensión, ésta se prolongaría hasta que en algunas de las causas fuera absuelto o condenado.
