MADRID (Reuters) – El Congreso de los Diputados debatirá el martes una proposición de ley que limitaría el poder de los jueces para perseguir casos internacionales de abusos a los derechos humanos, un día después de que un juez español ordenara la detención de exdirigentes chinos acusados de genocidio en Tíbet.
China protestó por las órdenes, pidió a España que abandonara el asunto y emitió una amenaza velada sobre los vínculos entre los dos países.
La ley española reconoce actualmente el principio de justicia universal, que establece que los crímenes contra la humanidad pueden ser perseguidos internacionalmente. Los jueces españoles han provocado fricciones diplomáticas en el pasado cuando han tratado de interrogar o detener a dirigentes de Chile, Estados Unidos, China e Israel en casos que implicaban supuesto genocidio, tortura o abusos contra los derechos humanos.
El proyecto de ley, remitido al Congreso por el Partido Popular en el gobierno el mes pasado mientras el caso de Tíbet ganaba fuerza en los tribunales, restringiría a los jueces actuar en ese tipo de casos a menos que los supuestos delincuentes fueran españoles o residentes en España.
El principal partido de oposición, el Partido Socialista, dijo que votaría en contra de los cambios propuestos. Pero el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decretó la prisión provisional, comunicada, incondicional y sin fianza de Jiang Zemin, que fue presidente de China entre 1993 y 2003, del ex primer ministro Li Peng y de otros tres exdirigentes del país asiático.
Están acusados de genocidio en Tíbet, una región controlada por China desde 1950 y que ahora se considera en aquel país como una parte integral de la nación.
China dice que "liberó pacíficamente" la región himalaya, que afirma estaba sumida en la pobreza, la explotación y el estancamiento económicos.
El Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangchen Sherpa, un monje que tiene también la nacionalidad española, presentaron una querella en España contra Zemin y Peng en 2006, por supuesto genocidio en Tíbet. El caso se haría imposible si se cambiara la ley tal y como propone el PP.
Un portavoz de la Policía Nacional declinó decir cuándo intervendría la policía tras la petición de una "alerta roja" a Interpol, una orden de arresto que podría tardar horas, días o semanas en ser publicada internacionalmente.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó el martes
su oposición por lo que consideró una "decisión equivocada. China espera
que España "pueda tratar adecuadamente" este caso, iniciado hace ocho
años, dijo una portavoz del ministerio en una conferencia
de prensa.
China no es un socio comercial importante para España y varios bancos y compañías de telecomunicaciones españolas han recortado sus inversiones en aquel país en los últimos años.
Pero las autoridades españolas han buscado inversiones procedentes de China, tanto en industria como en deuda soberana.
CASOS DE DERECHOS
España ha sido pionera en perseguir casos internacionales de abusos a los derechos humanos y grupos en España y en el extranjero han criticado la posibilidad de cambios en la ley.
Amnistía Internacional ha dicho que la iniciativa supondría un paso atrás y dificultaría el compromiso de España con el sistema de derechos humanos universal.
Uno de los casos más publicitados fue el intento de extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet por parte del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Pinochet fue arrestado en Londres en 1998 bajo una orden de detención emitida en España, pero finalmente regresó a Chile por razones de salud.
En otro caso, que causó fricciones con Estados Unidos, un juez español trató de interrogar a militares estadounidenses por la muerte del cámara de televisión español José Couso, que murió cuando un tanque de EEUU disparó contra un hotel en el que se alojaban periodistas durante la guerra de Irak en 2003.
