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Dos empresas vinculadas a la recogida selectiva de residuos urbanos acordaron mediante contrato «la cesión de todo el vidrio obtenido de los ayuntamientos, y cederse todos sus contratos con entidades locales».
Ambas entidades fueron denunciadas en 2000 ante el entonces Servicio de Defensa de la Competencia. El Tribunal de Defensa de la Competencia acordó el 12 de septiembre de 2003 imponerles una sanción a la primera de 150.000 euros y a la segunda a abonar 600.000 euros.
En la presente resolución el Tribunal Supremo, ratificando al resolución del TDC, considerando que la actuación de ambas empresas fue constitutiva de una práctica de abuso de posición de dominio prohibida en el artículo 6 de la Ley de Defensa Competencia.