El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado en un pleno celebrado ayer un extenso documento que, tal y como anunciábamos en Legal Today el 20 de abril, reduce drásticamente los partidos judiciales en España. El documento propone la desaparición de 241 partidos, de manera que pasaríamos de 431 a 190.
Los tiempos han cambiado, de pueblo a pueblo no se tarda tanto como hace años y lo que antes eran ayuntamientos diferentes ahora están integrados en la misma ciudad sin que se noten ni siquiera los antiguos límites. Estos factores, la falta de dinero en general y la congelación de las plazas de jueces han calentado el ambiente para que los mismos jueces propongan un mapa judicial que cambia la estructura judicial española de arriba a abajo, hasta hacer desaparecer 241 partidos judiciales (más allá aún de lo que habían dicho hace quince días).
Cómo hemos cambiado
La actual Ley de Demarcación y Planta lleva 24 años vigente (Ley Orgánica 39/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial), aunque la trama está basada en un diseño implantado en 1834. España ha crecido en ocho millones de habitantes desde 1988, y tiene 5.017.837 más de asuntos ingresados que entonces.
La distribución territorial actual impide que haya juzgados y servicios especializados en todos los partidos judiciales. Los partidos judiciales abarcan un radio de 15 kilómetros, por lo habitual, y 50.000 habitantes. Se propone aumentar esta área, para que abarque 100.000 habitantes y con el límite de que no se tarde más de una hora de viaje hasta la cabeza del partido judicial con las infraestructuras existentes.
Los incrementos y disminuciones demográficas, los flujos de población, los polos industriales, el desarrollo urbanístico y turístico, las comunicaciones, los medios de transporte, las características orográficas y comarcales, las tecnologías de la información, el modelo de oficina judicial y la forma de tramitar los procedimientos pueden ser algunos de los cambios que en estos 24 años se han producido y crean un desfase entre la estructura territorial de los Juzgados y Tribunales y las demandas de los ciudadanos.
Según el documento aprobado, la nueva organización, que se trata sólo de una propuesta al Ministerio a pesar de lo aparatoso, "comporta la reducción de los 431 Partidos Judiciales actuales a un número que oscila entre los 190 y los 200, es decir, menos de la mitad, lo que permitirá que en el 90% de las circunscripciones resultantes pueda procederse a la separación de jurisdicciones y correlativa especialización de los Jueces, al despliegue de la nueva oficina judicial, con los Servicios procesales comunes y los Servicios de ejecución, la implantación de los Gabinetes y Servicios de todo tipo y al desarrollo y aplicación de las tecnologías que garanticen una mayor proximidad y un mejor servicio público, garantizando un rendimiento idóneo y un aprovechamiento racional de los recursos".
¿Qué se hace con la sobrecarga de trabajo?
Según lo aprobado, el nuevo mapa "no tiene por qué suponer la desaparición de toda presencia judicial en los partidos, sino que precisamente la idea de aprovechamiento y coordinación de recursos y mayor efectividad exige ponderar todas las circunstancias y actuar con la máxima flexibilidad, de manera que en algunos lugares la reordenación pasará por el mantenimiento de las infraestructuras en los partidos (v.gr. en partidos limítrofes en que las circunstancias lo aconsejen, en un partido podrán permanecer los órganos penales y el otro los civiles; o en partidos en que el volumen de litigiosidad no justifique el mantenimiento del Juzgado en bloque, podrá valorarse la existencia de una oficina de presentación de escritos o de realización de diligencias…) y en otros por su sustitución por oficinas que permitan la práctica de determinadas diligencias (actos de comunicación, testificales y periciales por videoconferencia…) y atender al desplazamiento eventual de la Autoridad judicial, o, en última instancia, por su simple desaparición.
Número de jueces en activo por cada 100.000 habitantes. Fuente: CGPJ
Es cierto que reorganizar territorialmente no es hacer desaparecer jueces, pero también es cierto que concentrar funciones en sedes puede ser letal si el reparto de cargas no está hecho al milímetro y el personal administrativo no es ejemplar, defecto del que muchas veces se han quejado los jueces no porque el personal no esté cualificado, sino porque los interinos rota fácilmente y en ocasiones se nutre de bolsas de trabajo cuyos perfiles carecen de la formación necesaria para llevar adelante los trabajos que se les encargan. Si quieren apoyarse en la Nueva Oficina Judicial tendrán que asegurarse a fondo que funciona.
