- Justicia, CGAE y el Poder Judicial han anunciado un seguimiento continuo del plan de actuación para las próximas semanas
Ha llegado el día. Este 3 de abril entra en vigor la ‘Ley Bolaños’. La Ley de Eficiencia arranca su andadura y comienza a surtir efectos, aunque de forma escalonada, hasta su aplicación definitiva el 31 de diciembre de 2025.
La gran novedad que entra en vigor este jueves, y que mantiene en vilo a abogados, procuradores y graduados sociales, y a los propios funcionarios y jueces, es que los MASC pasan a ser obligatorios; estos, que engloban la mediación, pero también otras salidas como la negociación entre letrados o la conciliación judicial, se conviertena en una condición para abrir las puertas de los juzgados en la mayoría – no todos – de los conflictos civiles y mercantiles.
De forma que, a partir de ahora, las partes tendrán que acreditar que han intentado buscar una solución al conflicto fuera de los muros del juzgado.
La incertidumbre sobre qué puede considerarse un MASC y qué requisitos marcará cada juzgado como requisito de admisibilidad es palpable. Los criterios son variopintos: en la tarde del miércoles, in extremis, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia emitió una nota con una propuesta de criterio unificador. Así, en el documento se da por cumplido el requisito si el demandante realiza al menos dos intentos documentados de contacto mediante medios distintos, como burofax, correo electrónico o SMS si estos son certificados, salvo que el requerido demuestre lo contrario con prueba sólida.
Los letrados también proponen que el correo electrónico se considere un medio válido para acreditar el intento de negociación extrajudicial “siempre que las partes lo hayan pactado previamente como canal habitual de comunicación o lo hayan utilizado de manera reiterada, con un mínimo de tres intercambios en los seis meses anteriores al conflicto”.
Movilización
La abogacía institucional se ha movilizado para el evento. Este miércoles, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Abogacía Española mantuvieron una reunión para avanzar en el cambio de modelo organizativo que supondrá la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia. La reunión fue liderada por la directora del Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé, por parte del ministerio; y el presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Cervantes, por parte del Consejo.
A lo largo del encuentro ambos coincidieron en la oportunidad de estrechar la colaboración a la hora de llevar a cabo acciones formativas en las próximas semanas, así como enfatizar las relaciones institucionales para que los Colegios y los Consejos Autonómicos de la Abogacía puedan aportar sugerencias que mejoren la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos contemplados en la Ley de Eficiencia de Servicio Público de Justicia.
El Poder Judicial también se ha movilizado. La semana pasada, representantes del Consejo General de la Abogacía Española y miembros de la Comisión de Asuntos Institucionales del Poder Judicial se reunieron y formaron una comisión mixta de colaboración entre ambas instituciones. El objetivo era realizar un esfuerzo de coordinación y seguimiento en las próximas semanas para facilitar la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Para ello, se formalizará una observación continua sobre la estadística judicial, de forma que cualquier problema se pueda detectar lo más rápidamente posible.
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, anunció el pasado día 18 la constitución de un grupo de trabajo para la preparación del despliegue de los tribunales de instancia como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025. El cometido de este grupo de trabajo es de anticipar, planificar y coordinar la respuesta que el CGPJ debe o puede ofrecer, siempre dentro del marco de sus competencias y contando con la participación y auxilio de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.
El plan
La ‘Ley Bolaños’, bautizada así en algunos medios, se trata de una macro reforma de la planta judicial que, en síntesis, pretende sustituir los actuales juzgados por tribunales de instancia, de forma que la primera ventanilla para acceder a la justicia ya no serán órganos unipersonales, sino órganos colegiados, divididos en secciones.
El Ministerio lo define como la mayor transformación de la Justicia en décadas, entre los que destacan el Real Decreto-ley 6/2023, piedra angular del proceso de digitalización en la Administración de Justicia y la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Respecto a esta última, Bolaños resalta que la norma supone una reforma radical de nuestra organización judicial, al convertirla en una estructura más ágil, más flexible y con mayor capacidad de respuesta ante la congestión de algunos juzgados.
El ministro ha destacado especialmente el impacto de la norma en el aumento de plazas de jueces gracias al modelo de Tribunales de Instancia. La nueva estructura permitirá dotar de más plazas judiciales a las secciones de los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que la creación de dichas plazas dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado, lo que permitirá invertir el importe ahorrado – en torno a 400.000 euros – a la habilitación de nuevas plazas.
Además, la transformación de los más de 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, asistidos cada uno de ellos administrativamente por una Oficina Judicial, permite, por ejemplo, que se produzca una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones especializadas. Del mismo modo, facilita la homogeneización de las prácticas, jurisdiccionales y organizativas, de los integrantes de dichas secciones.
El ministro ha puesto en valor los avances que se están llevando a cabo para la efectiva implementación de la norma, como la organización de las plantillas de los nuevos Tribunales de Instancia, asegurando que durante este año 2025 el nuevo modelo organizativo será una realidad.
