El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula en una única norma la inspección educativa y que refuerza las funciones de asesoramiento y orientación a equipos directivos y destaca la independencia en cuanto al criterio técnico, según ha informado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El texto regula de forma global todos los aspectos que inciden en la función inspectora, trazando, además, un perfil que define cómo ha de ser la profesión en el futuro.
Así, se regula, en una única norma, la inspección educativa, superando así la dispersión normativa que existía actualmente y las sucesivas modificaciones sufridas en su regulación.
El decreto regula además, en algunos casos con carácter no básico, aspectos de la función inspectora hasta ahora no contemplados en ningún marco estatal y que se consideran necesarios para establecer un marco actualizado para el ejercicio de la inspección educativa, como los permisos para formación, la carrera profesional, los recursos técnicos para realizar el trabajo, la prestación de servicios a distancia y la evaluación de la función inspectora.
Asimismo, contempla el reconocimiento de las especiales atribuciones y responsabilidades que comporta el ejercicio de la función inspectora educativa y de la naturaleza docente del Cuerpo de Inspectores de Educación, así como de las “peculiaridades” y “superiores exigencias” propias de su sistema de acceso en relación con los cuerpos docentes no universitarios, hecho que “comportará el debido reconocimiento por parte de las administraciones educativas” y la percepción de complementos retributivos acordes a dicha consideración.
La nueva norma permite a las administraciones educativas configurar modelos organizativos y funcionales y adaptar ciertos contenidos de esta regulación a sus peculiaridades organizativas, en consonancia con el artículo 154 de la LOE, que establece precisamente esta capacidad autonómica para configurar la inspección educativa del modo que considere.
Este nuevo real decreto, que deroga el Real Decreto 2193/1995, tiene por objeto regular los aspectos generales relativos a la inspección educativa, incluyendo su evaluación, el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, así como la formación, cualificación y desarrollo profesional de los inspectores e inspectoras.
El documento destaca los principios de transparencia en las actuaciones y procedimientos de los inspectores de educación, así como la independencia de criterio técnico, la defensa de los derechos fundamentales, las libertades públicas, el interés común y, muy especialmente, el interés superior del menor.
En cuanto al acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación y la provisión de puestos de forma temporal, este real decreto lo actualiza mediante un proceso de concurso-oposición que “garantiza el conocimiento amplio y transversal del sistema educativo”.
La fase de oposición consta de tres pruebas: una en la que se debe dar respuesta por escrito a un cuestionario de preguntas de desarrollo breve para cubrir el conjunto del temario; otra que consiste en una prueba práctica sobre técnicas y competencias necesarias para la actuación de la inspección; y otra en la que se pedirá a los aspirantes la exposición oral de un tema. Una característica común a las pruebas es su orientación competencial.
El objetivo de este real decreto es establecer un marco básico en materia de inspección educativa, adaptado a las modificaciones normativas de los últimos años y que dé respuesta a las necesidades actuales.
Para ello, el Ministerio recalca que ha dialogado con las principales organizaciones sindicales y asociaciones que representan a los inspectores del país, así como con representantes de las administraciones educativas de las comunidades autónomas, para contar con su colaboración en la redacción del texto desde sus primeros borradores.
