- El informe ‘Innovación y Tendencias del Sector Legal’ identifica las principales preocupaciones del gremio de los abogados. El trabajo, que recoge la opinión de 27 expertos, fue presentado este jueves en Madrid
¿Abaratarán sus tarifas los bufetes por la llegada de la inteligencia artificial (IA)? ¿Es el fin de la facturación por horas? ¿Habrá un recorte en la factura legal de las asesorías externas? El neointrusismo, la galopante inteligencia artificial, la digitalización de la asistencia jurídica gratuita, la irrupción de los chats legales o la llegada de fondos a los bufetes. Estas son algunas de las preocupaciones que rumian las firmas de abogados de élite.
El gremio de los letrados camina en el alambre de una llamativa dicotomía: por un lado, los bufetes deben resolver las dudas legales de sus clientes a la hora de exprimir las nuevas bondades de la tecnología y de la inteligencia artificial. Pero, a la par, las mismas firmas no tienen claro cómo exprimir estas herramientas en sus propias organizaciones. Al menos, no sin pisar minas legales, sin provocar un shock cultural o sin poner patas arriba la idiosincrasia del negocio.
Hace un par de años, la inteligencia artificial era percibida como el monstruo de siete cabezas que le quitaría el trabajo a los abogados. Hoy el discurso es distinto. Los bufetes perciben esta tecnología, que hace pocos meses proyectaba una oscura sombra de amenaza, como un revulsivo. “Una oportunidad para ganar valor”, repiten los analistas.
Son algunas de las conclusiones que aborda el VII informe Innovación y Tendencias del Sector Legal, de la Fundación Aranzadi LA LEY, con el patrocinio de Banco Santander, que fue presentado este jueves en la sede de Mutualidad en Madrid. El trabajo —que recoge la opinión de 27 expertos del sector, como abogados, analistas, consultores, representantes de la abogacía institucional y headhunters— funciona como termómetro de las inquietudes de los bufetes. Este año destaca la obsesión con que la inteligencia artificial tenga su reflejo en la cuenta de resultados; el movimiento de las piezas en el tablero legal internacional de fusiones y absorciones o el impacto en las tarifas de la consolidación de la IA.
“Hemos dedicado gran parte del informe a analizar los aspectos más controvertidos y novedosos del sector”,expuso Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, quien remarcó que, un año más, el documento incluye las cifras sobre la demografía del sector, cedidas en exclusiva por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
En el encuentro, tuvo lugar una mesa redonda moderada por Cristina Retana, directora de innovación y contenidos de Aranzadi LA LEY, en el que un panel de expertos debatió sobre algunas de las principales tendencias que vive el negocio legal.
Estas fueron algunas de sus conclusiones.
Private equity en bufetes
La llegada de los fondos y de capital outsider a la estructura de negocio de ciertas firmas ha sido, sin lugar a dudas, una de las conversaciones de pasillo en los bufetes. El sector legal español vive su particular Bienvenido Mr. Marshall. El dinero extranjero entra en las firmas españolas, un capital que, en los próximos meses, podría cobrar aún más protagonismo. El sector está alerta. “No es nuevo que haya socios de capital y que lleguen los fondos”, expuso José Luis Pérez Benítez, socio de la consultora Black Swam, si bien reconoció que en las últimas semanas “ha habido un boom”.
El dinero forastero abre la puerta al conflicto entre la dirección clásica y los socios no profesionales. Además, la lluvia de capital podría paralizar ciertas operaciones de fusión, pues los despachos podrían estar pendientes de la evolución del mercado. Los analistas se preguntan qué ocurrirá con estos fondos en el futuro, cuando se tenga que gestionar su salida de los despachos, “porque no son fondos de permanencia”, recordó Pérez Benítez.
¿Tarifas más baratas?
Fue otro objeto de discusión. ¿La inteligencia artificial abaratará los servicios legales de las firmas? El razonamiento que lleva a esta conclusión es simple: si los bufetes recortan tareas superfluas y repetitivas, las firmas alcanzarán los mismos resultados con menos recursos y más rápido. Algunos directivos sostienen que mayor eficiencia no implica precios más bajos, sino mayor valor añadido. El argumento es sencillo: el cliente no paga por horas, paga por seguridad jurídica. Sobre la espinosa cuestión hubo opiniones diversas.
Alejandro Touriño, CEO de ECIJA, descarta una bajada de precios: «Somos más rápidos, más precisos y mejores». No hay motivos para cobrar menos. Al contrario, quizás es el momento de subir precios. «La llegada de Internet no se tradujo en una bajada de los precios de los servicios legales», recordó el experto.
Por su parte, Idoia Baranguan, líder de la dirección jurídica y de cumplimiento normativo del grupo EROSKI, recordó que lo importante, lo que aporta valor, es «quién firma el servicio y se responsabiliza» de lo firmado. No es la máquina, sino el profesional. Y esta responsabilidad tiene un precio.
«La inteligencia artificial no firma informes, no va al juzgado ni se responsabiliza de un asesoramiento», reforzó la experta. Ahí está la clave. Pero José Luis Pérez Benítez no fue tan optimista. El analista de Black Swam recordó que la llegada de inteligencia artificial puede traducirse en «una reducción de la demanda de servicios jurídicos». Sobre todo, un recorte en la factura de las asesorías jurídicas internas hacia los bufetes.
El temido neointrusismo
Los expertos pusieron la lupa en el fenómeno del neointrusismo, es decir, las nuevas formas de ejercicio ilegal o no regulado de actividades jurídicas, impulsadas principalmente por la tecnología y la desregulación en el sector legaltech, un fenómeno que va más allá del intrusismo clásico de fingir ser abogado. La frontera entre asesoramiento jurídico y herramienta tecnológica es cada vez más difusa. Y el sector aún no tiene claro dónde debe trazarse la línea roja. En este sentido, Alejandro Touriño, CEO de Ecija, expuso un caso: «hay bots que permiten el recurso automático de multas de tráfico» y ello «es un uso jurídico». Sin embargo, el experto reconoció que «es difícil poner puertas al campo».
D.E.P. tarifa por horas (o casi)
Poco a poco, el sector destierra la tarifación por horas. El cobro de los servicios por precio unitario o por resultado se abre paso. Así lo detecta José Rodríguez Coching,head of innovation and technology de KPMG Abogados, que asegura que en su corporación este sistema de cobros ya es cosa del pasado; y se abre camino «el precio por valor» o «precio por proceso», con tarifas cerradas. «La tendencia es ganar en claridad sobre cómo prestamos el servicio en el despacho; cobrar por horas ya está casi olvidado», subrayó.
Abogado híbrido: de usuario a arquitecto
Saber de leyes ya no es suficiente para triunfar en la abogacía de los negocios. Ser brillante en sala o un ratón de biblioteca es una habilidad más. Pero subirse al tren de la innovación no es una opción. Así lo expuso José Rodríguez Coching, quien defendió que ahora el abogado presentar un perfil híbrido, es decir, estar al día de las novedades legales y de las tecnológicas.
En su opinión, los profesionales deben participar de forma activa en el diseño de las herramientas de inteligencia artificial que demande el sector. «Hay que hacer un cambio de mentalidad y pasar de ser usuarios a ser arquitectos».
En las asesorías jurídicas también se han esforzado por cambiar el chip. «Si hace pocos años me hubiesen dicho que los abogados íbamos a estar ligados a los informáticos, hubiese tenido muchas reticencias», reconoció Idoia Baranguan. «Pero es innegable que estamos ligados». En definitiva, el sector legal afronta una transición cultural profunda. El desafío es dejar de ser freno («stopper») para convertirse en impulsor («influencer») dentro de las organizaciones.
Descarga el informe
El «Informe Innovación y Tendencias Sector Legal 2026» es un compendio de artículos doctrinales firmados un panel de grandes expertos en innovación aplicada al ejercicio de las profesiones jurídicas, tanto desde los despachos como desde las empresas y la administración de Justicia.
La inteligencia artificial generativa vuelve a ocupar buena parte de la sección dedicada a la innovación, con trabajos enfocados a aspectos novedosos de su aplicación práctica, como las concreciones operativas en el ámbito judicial, su sentido en las profesiones jurídicas, la «empowered innovation» que facilita, los desafíos que implica para la defensa de los derechos de titularidad en el ámbito creativo, los retos que surgen en materia de gobernanza o cómo se construye en la actualidad el concepto de «confianza jurídica».
Y en los aspectos más ligados al desarrollo del negocio de los operadores del sector jurídico, destacan este año las colaboraciones en materia de internacionalización, el mundo anglosajón, el papel de los fondos de inversión en la financiación de los despachos y otras cuestiones relativas a su crecimiento económico, así como algunos análisis centrados en el desarrollo del talento experto y en la irrupción de nuevos perfiles profesionales en el sector.
Puede descargarlo en este enlace.
Agradecemos a los autores su valiosa aportación al Informe:
Eduardo Abad Valdenebro (socio responsable de Innovación y Digitalización de Garrigues); Carlos Alvarez Lopez (director de Transformación Digital Gómez-Acebo & Pombo); Idoia Baranguan (dirección jurídica y de cumplimiento normativo del grupo EROSKI); Moisés Barrio Andrés (letrado del Consejo de Estado, profesor de Derecho digital y experto y consultor internacional en regulación digital); Catalina de Pablos (directora de Marketing, Desarrollo de Negocio y Comunicación de Auren); Oscar Fernández Leòn (presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española); Alberto Galan Civantos (Chief Operating Officer en Deloitte Legal); Carlos García-León (socio director de Legal Reputation); Marc Gericó (socio fundador de Gericó Associates); Alejandro Kress (socio director de SSQ Iberia); Luis María Latasa Vassallo (socio Director de Derecho Digital y Propiedad Intelectual EJASO); Manuel Mata Pastor (presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de la Abogacía Española); Angel Méndez Bernal (presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social del Consejo General de la Abogacía Española); Rafael Mery (socio y director para LATAM en Mirada 360º); Sara Molina Perez-Tomé (socia del área de Legaltech and Digital Transformation en Pérez-Llorca); Álvaro Perea González (letrado de la Administración de Justicia); José Luis Pérez Benítez (socio de Black Swam); Cristina Retana (directora de innovación y contenidos de Aranzadi LA LEY); Eugenio Ribón (decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid); José Rodríguez Coching (Head of innovation and technology de KPMG Abogados); Blanca Rodriguez Lainz (directora Global de Talento Ontier); Marta Sanz Olea (Partner Tax & Legal Wyser); Alejandro Touriño (CEO de ECIJA); Angel Vallejo Orte (secretario General de Fremap); Cristina Vallejo (decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona); y Alfredo Zurdo (director de Digital Change en Entelgy).
