- Advierten del impacto negativo del Anteproyecto de Ley de Integridad Pública en la seguridad jurídica y en la lucha contra el blanqueo de capitales
Los notarios han advertido del «impacto negativo» que puede tener la reforma del régimen de transmisión de participaciones sociales, sobre la que ponen en duda «si es el camino correcto» y si será eficaz para eliminar la opacidad, al tiempo que critican que puede generar un incremento de costes y de trámites y suponer «un galimatías insuperable».
Así se han expresado notarios y catedráticos de derecho mercantil y civil durante la jornada ‘La sociedad de responsabilidad limitada ante un peculiar intento de reforma’, organizada por el Consejo General del Notariado y la Fundación Notariado, para analizar el alcance de la modificación prevista en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública sobre el régimen de transmisión de participaciones sociales.
«Debemos preguntarnos si es el camino correcto, si las medidas son eficaces y si estamos comprometiendo el dinamismo y la seguridad de nuestros mercados«, ha cuestionado la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo.
Si bien el objetivo es «acabar con la opacidad», ha avisado de que «el corrupto seguirá utilizando el documento privado», que guardará en un cajón a la espera de su inscripción en el registro cuando considere.
El anteproyecto sustituiría el actual sistema de transmisión de participaciones basado en la escritura pública, por la inscripción constitutiva en el Registro Mercantil del documento privado de venta.
Pero este cambio, sostienen las organizaciones convocantes, «supondría la eliminación del control de legalidad previo» y afectaría a la seguridad jurídica preventiva, a la identificación de los intervinientes y al sistema de prevención de delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o el fraude fiscal.
«Podría generar un ‘mercado B’ de participaciones, un tráfico descontrolado. En el Registro, si entra basura, no puede salir más que basura», remarca el catedrático de Derecho civil Lorenzo Prats.
«Este anteproyecto da una respuesta desproporcionada que aumenta costes, dilata efectos y reduce el control en el momento que se produce la transacción», se suma el notario Ignacio Paz-Ares.
En una línea similar se expresa el catedrático de Derecho Mercantil José Miguel Embid, para quien el «reglamentismo extremo» complicará la vida a las sociedades limitadas, con incremento de costes y trámites.
«Este proyecto de ley no sirve, no dice la verdad, arroja problemas sobre los operadores jurídicos y puede convertir la SRL en un galimatías insuperable», concluye.
