El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este lunes remitir al promotor de la acción disciplinaria, por posible falta grave de desconsideración, el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que afirmó que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.
Así lo han trasladado fuentes jurídicas a Europa Press, al término de la reunión que ha tenido la Comisión Permanente este lunes, precisando que la decisión se basa en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ese artículo establece como falta grave «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración» respecto de ciudadanos, instituciones y del resto de operadores jurídicos y personal al servicio de la Administración de Justicia.
Las mismas fuentes han señalado que el acuerdo ha sido aprobado por mayoría, con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, si bien cuatro vocales discrepantes han formulado voto particular.
La Comisión Permanente se reunió este domingo de forma extraordinaria para decidir si remitía el asunto al promotor de la acción disciplinaria para la eventual apertura de un expediente.
Después de aproximadamente una hora de reunión, la Comisión Permanente acordó aplazar hasta el lunes el encuentro con el fin de dar más tiempo al debate y que este se produjera de manera presencial, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La reunión de urgencia se produjo después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase a Isabel Perelló la «más enérgica queja» por las afirmaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre los agentes que custodian a Begoña Gómez.
Los agentes podrían facilitar una fuga, según Peinado
En dicha resolución, de 84 páginas, el magistrado aseguró que «no cabe duda» de que los agentes que acompañan a Begoña Gómez pueden, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar «en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
Para el ministro, esas afirmaciones «representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», cuya actuación se desarrolla únicamente conforme a la legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho.
Marlaska señaló además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes encargados del servicio de escolta, sino también a sus superiores jerárquicos, al insinuar la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales.
El titular de Interior calificó esas manifestaciones como «un hecho de máxima gravedad» e instó al CGPJ a adoptar las medidas que considere oportunas, al tiempo que reiteró la «plena profesionalidad» de los agentes y de sus mandos.
Además, en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles a las 18.00 horas a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, para que entreguen su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid).
