La asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha señalado que la «discrepancia» entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes respecto a la renovación de las comisiones de servicio para atender órganos judiciales necesitados de refuerzo «ha provocado perjuicios a la ciudadanía» que resultan «inaceptables».
En un comunicado emitido este viernes, la asociación judicial considera que «las limitaciones presupuestarias respecto a las que podían mantenerse debieron dar lugar a un entendimiento entre ambas instituciones».
Con el fin, añaden, de «priorizar aquellas situaciones en que las necesidades eran de mayor importancia, por el tipo de órgano o la materia que afrontaban».
«Lo razonable hubiera sido que no se dejase para última hora, que el Ministerio de Justicia y CGPJ acordaran cuáles podían mantenerse y cuales no continuarían y, sobre todo, que el CGPJ hubiera establecido criterios claros, como el de antigüedad, para determinar los casos en que las personas afectadas tendrían preferencia», critica.
Sin embargo, JJpD censura que «todo se ha dejado para última hora», lo que ha provocado «protestas públicas que enmascaran la ineficaz gestión de esta discrepancia entre ambas instituciones».
Por ello, pide «más responsabilidad a quienes tienen encomendada la labor de gestionar necesidades ciudadanas que deben atenderse con los medios disponibles, evitando protagonismos y conflictos que perjudican a sociedad y profesionales del derecho».
Falta de incremento de las retribuciones por guardias
Y denuncia que «personas que están realizando un trabajo que exige dedicación y esfuerzo» son «cesadas de funciones que cumplían con rigor», lo que provoca «suspensiones de vistas y señalamientos que perjudican los derechos de quienes se ven afectados por esos asuntos».
Por otro lado, la asociación judicial reivindica «el abono de las pagas extraordinarias que propició el incremento retributivo que supuso aquel acuerdo» y rechaza «la remisión a una futura ley de presupuestos que obligará a la totalidad de la carrera judicial» a «formular reclamaciones administrativas que interrumpan la prescripción». «Entendemos que debe darse una solución rápida y que atienda unos derechos legítimos que resulta injustificado no atender», añade.
Así, JJpD censura «la falta de incremento de las retribuciones del trabajo judicial en las guardias, cuyo importe actual ignora la responsabilidad que entraña atender un servicio de su importancia».
«Hace tiempo que solicitamos esa actualización y siguen sin atenderse las legítimas aspiraciones de cuantas personas están realizando esta función que garantiza derechos fundamentales y atiende necesidades urgentes que resulta inaplazable gestionar», abunda.
Y expone que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea «ha refrendado que es preceptivo atender esa prestación que se realiza por quienes están al frente de las guardias judiciales, por lo que resulta inexcusable solucionar esta cuestión con carácter urgente».
Discrepancia con las cifras
El comunicado de JJpD se enmarca en la controversia entre el CGPJ y el Ministerio que explotó el pasado miércoles después de que el órgano de gobierno de los jueces reclamase que «reconsidere su decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo para sesenta y dos órganos judiciales de toda España» y ha avisado de que esa decisión «obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales».
La Comisión Permanente del CGPJ expresó «su preocupación» por «la situación generada como consecuencia de la resolución» del Ministerio de Justicia que denegó «la autorización económica de múltiples medidas de apoyo y refuerzo» solicitada, una reivindicación a la que se sumaron el resto de asociaciones judiciales.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que el departamento «tiene suscrito un convenio con el CGPJ» por 7,2 millones de euros y que «está pendiente desde marzo la firma por parte» del órgano de gobierno de los jueces de uno nuevo por valor de ocho millones.
En este sentido, han recordado que, en lo que va de año, el Ministerio «ha autorizado 232 medidas de refuerzo por valor de casi 7,9 millones de euros», es decir, «por encima de lo que contempla el convenio actual», y que se han denegado 64.
Y adujeron que el volumen de denegación se debe a que el CGPJ «ha excedido sobradamente» el límite presupuestario del convenio en sus solicitudes, las cuales ascienden a los casi 12 millones de euros.
