- ¿El federalismo parlamentario bloquea el libre comercio?
Los altos aranceles aplicados por Estados Unidos incentivan a China a acceder al mercado norteamericano a través del T-MEC, recurriendo al transshipment, a una integración de sus cadenas de valor y a invertir en empresas de Canadá y México.
El mes pasado la Casa Blanca publicó un estudio, “The Great Transshipment Scam, Rise, Scope and Costs”, sobre la falsificación de las reglas de origen para contornear estos aranceles aplicados a China, describiendo un alto nivel de sofisticación en el reetiquetado, la refacturación, el mínimo de procesamiento nacional y/o su reembalaje, para exportar productos al mercado estadounidense desde países con aranceles inferiores o preferidos. China debutó esa práctica en el 2018 tras sufrir la aplicación de los aranceles previstos en la sección 301 del US Trade Act de 1974, aunque el reporte identifica a otros cuarenta países actuantes en el transshipment ilegal. Tras denegar en febrero la aplicación federal del International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), la Suprema Corte de los Estados Unidos convalidó el 15 de junio en MTX Industries v. United States el mantenimiento e incremento de los aranceles punitorios resultantes de investigaciones cuando optó por no abocarse al recurso de importadores chinos que se quejaban ante la imposición de una sanción de 370 billones de dólares.
El Transshipment en Troya
El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca calculó que este canal de redireccionamiento del comercio exterior chino aumentó de 34,2 billones de dólares en 2018 a 89,6 billones en 2026. De acuerdo con el informe, Canadá y México son los países con mayor volumen de transshipment hacia los Estados Unidos porque aprovechan el desarancelamiento del T-MEC. Cita una red china de estudios estratégicos sobre transshipment organizada desde la incorporación a la OMC que categoriza a los países intermediarios en líderes de escala diversificada (como los del T-MEC), integrados económicamente con China (como Brasil, Indonesia, Turquía o Vietnam) y países que ofrecen a China un atractivo logístico global (como Panamá, Costa Rica, Laos o Georgia).
A pesar de las dificultades de cálculo generadas por la diversidad de derechos aduaneros, esos consultores estiman anualmente entre 40 (Goldman Sachs) y 303 billones de dólares (Altana) en aranceles no cobrados por los Estados Unidos. Finalmente, mide el impacto sobre los puestos de trabajo y la productividad comparando ciudades de estos países (denominadas ugly sister cities) con ciudades estadounidenses en donde se fabrican los mismos productos, como por ejemplo Guanajuato o Querétaro en México versus Detroit e Indianápolis para motores eléctricos, generadores, transformadores y convertidores estáticos (posición HS 8504).
¿El Transshipment derrumbará el T-MEC?
Todo transbordo de productos chinos vía México o Canadá que no califique bajo las reglas del T-MEC es ilegal y está sujeto a investigación de origen aduanera. La incorporación de transferencias tecnológicas y de productos chinos a manufacturas canadienses o mexicanas se orienta a legalizar el transshipment, convirtiéndolas en exportables a los Estados Unidos. A pedido de Estados Unidos en julio de 2024, México y Canadá comenzaron a corregir con aranceles punitivos los desvíos del transshipment en la industria automotriz (posiciones HS 8708) y del acero (posiciones HS 7208-7212).
Pese a ello, la integración industrial con China de esas industrias persiste, soportando altos aranceles de la administración Trump. La revisión del T-MEC recientemente cancelada en julio prometía una oportunidad conjunta para corregir estos desvíos de China sobre las reglas acordadas de certificación de origen.
La pandemia ya había permitido detectar una fuerte dependencia de la tecnología china en la industria médica, lo cual condujo a restringir regulatoriamente bajo el Capítulo 4 (contenido de valor regional entre 60% y 70% y transformación sustancial) y el artículo 14.14 (denegación de beneficios al inversor extranjero) del T-MEC la participación e inversiones chinas en el sector. Cualquier reformulación de las regulaciones del T-MEC impactaría sobre los intereses de China en el mercado estadounidense. Durante la renegociación del NAFTA (2017-2019), los Estados Unidos impusieron la cláusula china, para evitar que Canadá negociase un acuerdo con el Dragón. Según el art. 32.10 del T-MEC, la necesidad de firmar nuevos tratados de liberación comercial con “non-market economies” activa una “poison pill” que permite terminar el acuerdo norteamericano.
El T-MEC no ha sido capaz de abordar y de corregir el aumento de las inversiones y participaciones de las empresas de otros mercados. Estas distorsiones llevaron a Estados Unidos a plantear objetivos poco alcanzables para acordar una revisión del acuerdo.
Además de esta ineficiencia operacional del T-MEC, Estados Unidos le atribuye a México:
a) falta de coacción laboral del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral;
b) falta de mejoras en la legislación ambiental en pesquerías;
c) Indeterminación regulatoria energética;
d) Concesión de excesos regulatorios a carnes y quesos en favor de la Unión Europea;
e) Desigualdad de trato para servicios de pago electrónicos;
A Canadá le demanda:
a)Acceso sin controles al mercado de productos lácteos;
b)Eliminación de restricciones para la transmisión y a las noticias en línea de proveedores de servicios digitales;
c) Eliminación de prohibiciones provinciales sobre bebidas alcohólicas;
d) Eliminación de medidas discriminatorias para la contratación pública provincial;
e) Eliminación del registro aduanero de exportaciones;
f) Discriminación de Alberta en la distribución de energía eléctrica desde Montana.
Ninguno de los tres miembros del T-MEC pretende una desvinculación completa de China, aunque cualquier perspectiva de su revisión involucrará la participación económica de las importaciones, las inversiones y el transshipment desde ese país.
Federalismo Parlamentario: una ley seca para el libre comercio
Hace cien años, durante la ley seca (1920-1933), circulaban los camiones de contrabandistas como Harry Low, entre Canadá y Estados Unidos sobre el río Detroit congelado —la “whiskey ice-highway”— . Frankie “The Ice” Moretti controlaba los muelles de Detroit para recibir las descargas. Estos históricos maleantes nunca habrían soñado con una ley seca impuesta por las provincias canadienses nutrida por la fragilidad constitucional del federalismo parlamentario.
El federalismo parlamentario canadiense encuba una incansable negociación confederativa. Históricamente, el 1 de julio de 1867 concluyó el proceso de confederación cuando el Dominio de Canadá proclamó el British North America Act. Alberta y Saskatchewan demoraron hasta 1905 en confederarse.
En el 2022, los dos gobiernos aprobaron leyes para resistir leyes federales que contradigan sus respectivas constituciones e intereses provinciales (publicado en nuestra nota del 27.12.2022 en este diario) y se han estado resistiendo desde entonces al proceso confederativo. Alberta organiza un referéndum separatista para el próximo mes. Tras dos referendos en 1980 y 1995, el 5 de octubre se celebrarán elecciones en Quebec que pueden desembocar en un tercer sufragio independentista.
La constante dinámica confederativa desorganiza el país, posiblemente originada por divergencias sustantivas con el modelo monárquico-parlamentario inglés. Canadá constituye una monarquía parlamentaria con un rey extranjero, en donde el primer ministro federal comparte su gobierno con sus pares provinciales. En el parlamento funciona un federalismo con supremacía constitucional alejado de la tradicional soberanía parlamentaria británica.
La coordinación del federalismo parlamentario genera constantes vaivenes de dinámica confederativa, obstruyendo acuerdos y procesos de liberación comercial internacionales porque las provincias administran un poder de veto cuando afecten sus riquezas, salud, industrias, licenciamiento profesional y trabajo. Las provincias negocian restricciones comerciales entre ellas para cuidar sus monopolios. El gobierno federal de Ottawa no puede obligarlas a aceptar esos acuerdos; pese a su potestad de aplicar aranceles y administrar fronteras, debe consultarlas y negociar internacionalmente cada una de sus excepciones individuales planteadas. El 44% de la economía canadiense es actividad pública.
Los aranceles de Trump despertaron en Canadá una preocupación federal por eliminar esas increíbles barreras comerciales interprovinciales. Por ejemplo, a excepción de Alberta, las empresas provinciales monopolizan la distribución de bebidas alcohólicas y son las mayores importadoras del mundo en ese mercado. En el caso Comeau de 2018, la Corte Suprema limitó la prohibición constitucional de fijar barreras al comercio interprovincial convalidando la aplicación de aranceles sobre 354 latas de cerveza comparadas en Quebec ingresadas a New Brunswick para asegurar la defensa provincial de la salud. Comeau, oriundo de Campbellton, fue finalmente multado por la policía con 300 dólares por cruzar en 2012 el río Restigouche para comprar en Point-à-la-Croix, porque la bebida es mucho más barata en Quebec.
Ante los aranceles estadounidenses, los gobernadores canadienses impusieron una ley seca, quitando todas las bebidas alcohólicas estadounidenses de sus góndolas, argumentando que sus pueblos retaliaban los aranceles dejando de consumir bebidas alcohólicas americanas. Los monopolios y empresas públicas provinciales se cobijan frente al comercio internacional en el federalismo parlamentario; administran la salud, los seguros, los servicios de energía, el gaming, el cannabis, los productos lácteos, el transporte e imponen un arancel interprovincial invisible del 9,5% que infla los precios al consumidor hasta un 14,5%.
Multilateralismo Espinado
Las debilidades del federalismo parlamentario canadiense frente a las barreras comerciales interprovinciales fueron respetadas en la integración económica del T-MEC; engordaron sus monopolios y empresas públicas, que hoy toca reestructurar para comercializar libremente fuera del T-MEC y dentro de Canadá. La simple empresa de construir un oleoducto desde Alberta hacia el Pacífico es resistida por la Columbia Británica. Y sin ese oleoducto no hay exportación posible de petróleo hacia otro país que no sea Estados Unidos.
El rechazo a revisar el T-MEC constituye un problema más profundo. La indeterminación de la licitud del transshipment cava el debate sobre si los países intermediarios son víctimas o partícipes. Llama a integrar la participación de China en el comercio norteamericano y, mientras los países del T-MEC prefieran negociar individualmente con el Dragón, no hay acuerdo para enfrentarlo. Las ventajas obtenidas en esas negociaciones bilaterales con China asimilan cualquier represión del transshipment a la pérdida del mercado estadounidense que ya no puede considerarse adquirido si terminara el T-MEC definitivamente. Solo Estados Unidos puede negociar el acceso de China a su mercado mientras que Canadá y México perdieron ese activo negociable.
Por otra parte, establecer nuevos acuerdos de libre comercio con países industrializados por empresas chinas solo convalida la erosión del multilateralismo comercial generada por las olas del transshipment y su participación en cadenas industriales integradas. Esta espina plantada por China en el multilateralismo penetra irremediablemente a través de permeables reglamentaciones comerciales nacionales que defienden antiguos monopolios ocultos dentro de los mercados de Troya, y mantiene al caballo del transshipment seduciendo a sus comerciantes y estacionado al acecho de alguna oportunidad para conquistarla.
