El Consejo Fiscal vuelve a retomar este miércoles el informe sobre el estado actual de la revisión de todas las causas para determinar si llega a tiempo de calificarlas como complejas o no complejas, tal y como le obliga el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que fija el 6 de junio como plazo límite.
Este asunto ya fue tratado en las últimas reuniones del Consejo Fiscal — las del pasado 16 de marzo y 25 de abril– después asociaciones como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) mantengan su queja por la carga de trabajo que esta clasificación les ha supuesto tras la recepción de los Oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado en relación con el plan de control de las causas.
Este martes, la UPF ha remitido un informe a la Fiscalía General del Estado en el que asegura que es imposible cumplir con el plazo indicado del 6 de junio. En este sentido, señala que una de las causas de la imposibilidad de cumplir el mandato legal es la nula colaboración recibida por los letrados de la administración de Justicia.
Este pronunciamiento ha merecido la respuesta de asociaciones como la Unión Progresista de Secretarios Judiciales. "Además de no ser cierta, dicha afirmación constituye una inaceptable desvergüenza jurídica y exigimos públicamente a la UPF su inmediata rectificación", han señalado en otro comunicado, defendiendo que la función de los secretarios no se podrá extender hasta el punto de suplir la función de los fiscales.
Otro sindicato como SISEJ se ha sumado a esta crítica del sector de los letrados de la Administración de Justicia al considerar "desafortunado" que se les culpe de los retrasos en el cumplimiento de la revisión de las causas complejas.
"Sería inapropiado e incomprensible para la ciudadanía entrar en un cruce de acusaciones de tinte corporativo en un asunto donde están en juego los derechos y garantías de muchas personas", han apuntado. SISEJ reclama una rectificación a la UPF y subraya que la situación actual se debe a la "deficiente gestión del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General del Estado".
LEXNET Y AMPLIACIÓN DE PLANTILLA
En el orden del día del Consejo Fiscal se mantiene la referencia a la "información sobre la implantación de la aplicación informática LexNET en las Fiscalías". Este órgano consultivo del Ministerio Público expresó su "profunda preocupación por las importantes disfunciones" que está suponiendo la aplicación del sistema LexNeT, que obliga desde el pasado 1 de enero a presentar todos los escritos en los juzgados de forma telemática como primer paso para la implantación del expediente digital.
En marzo, el Consejo Fiscal advirtió que las dificultades de una actuación eficaz de los fiscales en los expedientes digitales pueden generar responsabilidad patrimonial para la Administración. En la Comisión de Justicia Digital del 28 de abril, el Ministerio anunció que en los "próximos meses" estará lista una solución tecnológica para facilitar la integración de las fiscalías en LexNET.
Como ya ocurrió en anteriores citas, la ampliación de la plantilla de la Carrera Fiscal es el tercer punto del orden del día de la reunión del órgano consultivo que preside la fiscal general, Consuelo Madrigal.