La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado por unanimidad un acuerdo en el que constata "objetivamente" la incidencia que la huelga de funcionarios de Justicia que se viene celebrando desde el pasado 4 de febrero está teniendo "en el ejercicio de la función jurisdiccional" que compete a este órgano.
Fuentes del alto tribunal han señalado que la huelga de funcionarios está produciendo la suspensión de la práctica totalidad de las vistas públicas señaladas para las últimas semanas en la Sala de lo Penal, así como retrasos en la notificación de sentencias. En los últimos quince días, apenas se han notificado media docena de sentencias diarias, cuando lo habitual es que las resoluciones dictadas cada día sean medio centenar.
En el comunicado hecho público tras la celebración de la Sala de Gobierno, el Tribunal Supremo expresa su deseo de que las partes "lleguen a una solución satisfactoria del conflicto en el tiempo más breve posible".
Los funcionarios se encuentran en huelga en protesta por la diferencia de sus salarios con aquellos que ejercen su labor en los órganos de comunidades autónomas que tiene transferidas las competencias de Justicia. En la última reunión mantenida con representantes del Ministerio, el pasado viernes, no se alcanzó ningún acuerdo, por lo que la protesta prosigue esta semana.
De momento, la huelga de funcionarios no ha afectado a asuntos urgentes como fue la celebración de las vistas para estudiar las medidas cautelares a aplicar a los partidos PCTV y ANV tras la interposición de las demandas de ilegalización contra ambos, a pesar de que los funcionarios trataron de boicotear la celebración de las mismas.
No obstante, se constatan retrasos evidentes, como el del notorio retraso en la notificación de la sentencia que condenó al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por un delito de desobediencia al no disolver Socialista Abertzaleak . El Pleno en el que se decidió esta condena se celebró el pasado 21 de enero, cuando se difundió el fallo, y todavía no se conocen los argumentos jurídicos que lo respaldan.