- «La IA no sustituye el criterio, sino que lo amplifica. Y las empresas que empiecen ahora a ordenar su cumplimiento normativo llegarán con ventaja a 2027 y 2028.»
Esta entrevista ha sido publicada en el número 1033 de Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA), regístrarte una vez en este enlace y recibirás una comunicación con cada número desde la que podrás acceder a la revista en Legalteca.
Berta Romero es una figura destacada en derecho mercantil societario, máster en derecho de los negocios y máster en IA y derecho, con más de 25 años asesorando a emprendedores e inversores en contratación mercantil y procesos de reestructuración empresarial. Fundadora de ONE LEGAL CREW junto a Eva Blázquez, ha transformado la manera tradicional de prestar servicios legales mediante un modelo basado en el Legal Project Management, con un abogado senior como interlocutor único entre el cliente y el equipo legal y con cobertura integral en todas las áreas. Esa misma visión ha dado lugar a Ai LEGAL CREW, la firma especializada del grupo en servicios legales y técnicos 360º para empresas que desarrollan, despliegan o usan sistemas de inteligencia artificial. Berta combina rigor jurídico, gestión estratégica y tecnología para acompañar a empresas y profesionales, junto a una “tripulación técnico-legal”, en cada fase de su viaje empresarial.
¿Qué le motivó a fundar ONE LEGAL CREW y cómo ha evolucionado la firma desde sus inicios?
Lo que me motivó fue constatar que el sector legal necesitaba adaptarse de manera real y ágil a las nuevas tecnologías y a las expectativas de los clientes actuales. Junto a Eva Blázquez, socia fundadora de ONE LEGAL CREW, observamos que muchos clientes buscaban soluciones más flexibles, eficientes y cercanas, y que el modelo tradicional de despacho, basado en horas facturables y compartimentos estancos por área, ya no respondía a la forma en que hoy se gestionan los asuntos empresariales. Así nació ONE LEGAL CREW, una «tripulación» de abogados senior en todas las áreas del derecho que combina rigor jurídico con herramientas digitales que simplifican procesos y mejoran la experiencia del cliente.
Con el tiempo hemos pasado de un proyecto innovador a un equipo multidisciplinar que combina derecho, estrategia y tecnología, ampliando áreas de práctica y reforzando nuestra apuesta por la revolución digital del sector legal.
De esa misma visión nace Ai LEGAL CREW, nuestra firma especializada en servicios legales y técnicos 360º para empresas que desarrollan, despliegan o usan sistemas de inteligencia artificial: desde el diagnóstico de sus sistemas, hasta la gobernanza y cumplimiento normativo, pasando por la formación de sus equipos y la evaluación de sus prácticas. Ante un panorama regulatorio en plena aplicación, con obligaciones de alfabetización y transparencia ya exigibles por el Reglamento Europeo de IA desde febrero 2025 y agosto de 2026, respectivamente, y la autoridad española de supervisión (AESIA) con plenas competencias de inspección y sanción, las empresas necesitan un socio legal desde el diseño que entienda tanto la complejidad técnica de los sistemas de IA como los requisitos de cumplimiento. Para nosotras la IA no es solo una cuestión técnica: es un desafío legal, ético y estratégico que exige una visión integral.
¿Cómo definiría la filosofía y el enfoque de vuestra firma en comparación con los despachos tradicionales?
Nuestro enfoque rompe conscientemente con los moldes del despacho tradicional. En lugar de tratar cada asunto como un expediente aislado, lo concebimos como un proyecto integral, gestionado con rigor, estrategia y compromiso, lo que nos permite anticipar riesgos, optimizar recursos y aportar valor real desde el primer contacto. Esta filosofía se sostiene en cinco pilares:
· Visión legal global y personalización. No aplicamos soluciones estándar. Cubrimos todas las áreas del derecho, adaptando cada estrategia a las necesidades reales de la empresa o del profesional.
· Legal Project Management (LPM). A cada asunto se le asigna un abogado senior como interlocutor único, que coordina al equipo especializado con objetivos claros, plazos definidos, control de costes y comunicación fluida desde el primer día.
· Tecnología con criterio. Incorporamos herramientas digitales e inteligencia artificial para ganar agilidad y precisión, sin perder el trato humano ni el criterio jurídico, que sigue siendo insustituible.
· Enfoque multidisciplinar. Un equipo de abogados senior con experiencia transversal evita que el cliente tenga que buscar distintos especialistas por su cuenta, optimizando recursos y ofreciendo una visión coherente del negocio.
· Transparencia y acompañamiento. Desde la primera consulta proponemos tiempos, costes y recursos, y acompañamos al cliente como una tripulación legal que guía su viaje empresarial con cercanía y profesionalidad.
¿Puede compartir un caso destacado en el que vuestro asesoramiento jurídico haya sido crítico para el éxito del cliente?
Uno de los casos más reveladores de nuestra forma de trabajar fue la reestructuración integral de un grupo empresarial en pleno crecimiento acelerado gracias a la tecnología, con varias sociedades, contratos clave dispersos y una estructura que ya no acompañaba su estrategia de expansión y ponía en peligro el relevo generacional. Nuestro papel fue analizar a fondo el mapa societario, los riesgos contractuales y las implicaciones laborales y fiscales, y diseñar una reorganización que permitiera al grupo operar de forma más eficiente y segura.
Coordinamos todo el proceso, desde la planificación hasta la ejecución, aplicando nuestra metodología de Legal Project Management: un cronograma con hitos claros, un único interlocutor senior y reportes periódicos a la dirección de la empresa. El resultado no fue solo evitar contingencias importantes: la nueva base jurídica permitió al cliente atraer inversión, optimizar sus operaciones internas y escalar su actividad con seguridad. Insisto, este proyecto resume bien nuestra filosofía: rigor jurídico, visión estratégica y gestión profesional al servicio de resultados reales y sostenibles.
Según su experiencia, ¿qué factores críticos deben evaluarse jurídicamente para que una reestructuración empresarial sea efectiva?
Desde nuestra experiencia, los factores más determinantes son:
1. Estructura societaria y contractual actual. Socios, pactos, estatutos, contratos clave y derechos preferentes de terceros que puedan condicionar la operación.
2. Impacto laboral. Obligaciones con empleados, planes de compensación, movilidad interna, posibles despidos y comunicación con la plantilla para evitar conflictos.
3. Situación financiera y obligaciones con acreedores. Préstamos, garantías, cláusulas de vencimiento anticipado y covenants que puedan activarse con el cambio estructural.
4. Riesgos regulatorios y sectoriales. Autorizaciones o comunicaciones específicas según el sector.
5. Implicaciones fiscales. Efectos tributarios de fusiones, escisiones, cesiones de activos o reorganizaciones internas.
6. Protección de activos estratégicos. Tecnología, datos, know-how y contratos esenciales, verificando que su transmisión o reubicación no genere riesgo.
7. Gobernanza y toma de decisiones. Que todo el proceso, desde la aprobación interna hasta la documentación final, respete los mecanismos de gobierno corporativo y la normativa aplicable.
Una reestructuración efectiva no depende solo del cambio organizativo en sí, sino de una visión jurídica integral capaz de anticipar riesgos, proteger activos y alinear cada paso con la estrategia futura de la empresa.
¿Cómo pueden los abogados mercantilistas minimizar riesgos y maximizar oportunidades en estos procesos?
Su primera aportación es anticipar problemas: revisar contratos, relaciones con acreedores, pactos societarios y aspectos regulatorios para corregir o renegociar antes de que surjan bloqueos. A partir de ahí aportan visión estratégica para diseñar la estructura más eficiente, valorando fusiones, escisiones, reorganizaciones internas o transmisiones de activos, eligiendo la opción que mejor equilibra riesgo, fiscalidad y operatividad.
También cumplen un papel de mediación entre las partes implicadas: socios, inversores, acreedores y equipos internos. Aquí mi experiencia como conciliadora privada añade una capa adicional de valor, porque muchas reestructuraciones se bloquean no por falta de argumentos jurídicos, sino por desencuentros entre socios o entre la empresa y sus acreedores. Disponer de herramientas de resolución de conflictos dentro del propio equipo legal acelera acuerdos que de otro modo acabarían en litigio. La conciliación privada permite mantener relaciones comerciales y familiares que un litigio prolongado suele destruir, con acuerdos más rápidos, confidenciales y ajustados a los intereses reales de las partes, no solo a lo que dice la ley.
Por último, el blindaje de activos estratégicos (desde tecnología y datos hasta know how y contratos esenciales) y la supervisión del cumplimiento normativo en cada etapa evitan sanciones y problemas futuros. En definitiva, un abogado mercantil no solo reduce riesgos: convierte la reestructuración en una oportunidad real de crecimiento y de mejora de la posición competitiva y reputacional de la empresa.
¿Alguna innovación en el campo legal que le emocione especialmente?
Sí, la integración real y práctica de la inteligencia artificial en los servicios legales. No hablo solo de automatizar tareas repetitivas, sino de transformar cómo analizamos información, gestionamos riesgos y acompañamos decisiones estratégicas. La IA bien utilizada no sustituye al criterio jurídico: lo amplifica, y permite ofrecer un servicio más ágil, preciso y adaptado a cada caso. Vivimos un momento interesante de transición donde un sector tradicionalmente reluctante al cambio empieza a abrirse a nuevas metodologías y formas más transparentes de trabajar.
También el avance en modelos de gobernanza y marcos éticos para sistemas de IA en las empresas, campo en el que trabajamos activamente desde Ai LEGAL CREW. Toda empresa debería auditar sus riesgos, distribuir roles y responsabilidades y formar ad hoc a sus equipos.
Este verano se aprobó el llamado «Digital Omnibus», que aplaza parte de las obligaciones del AI Act. ¿Qué deben hacer ya las empresas y qué pueden esperar?
Es importante no confundir aplazamiento con exención. El Reglamento de Inteligencia Artificial entró en vigor el 1 de agosto de 2024, pero su aplicación es progresiva: las prohibiciones de prácticas de riesgo inaceptable y la alfabetización en IA rigen desde el 2 de febrero de 2025, y las normas sobre modelos de IA de propósito general (GPAI) y gobernanza desde el 2 de agosto de 2025. El 2 de agosto de 2026 entró en aplicación general el resto del Reglamento, incluyendo transparencia y ejecución sancionadora, salvo las obligaciones de alto riesgo. Tras el AI Omnibus de julio de 2026, estas últimas se dividieron en dos fechas: 2 de diciembre de 2027 para sistemas de alto riesgo autónomos (Anexo III, como RRHH o crédito) y 2 de agosto de 2028 para los integrados en productos ya regulados (Anexo I, como dispositivos médicos o maquinaria).
Mi recomendación a los clientes es no esperar a esas fechas: las sanciones van desde 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial anual por prácticas prohibidas, 15 millones o el 3% por incumplimientos generales, y 7,5 millones o el 1% por suministrar información incompleta a las autoridades.
Hacer inventario de los sistemas de IA y clasificarlos según el riesgo para luego montar un sistema de gobernanza bien hecho lleva meses, no semanas. Las empresas que empiecen ahora, con un diagnóstico de cumplimiento, una hoja de ruta y responsables internos claramente designados, llegarán a los plazos definitivos con ventaja competitiva real frente a quienes reaccionen mal o tarde.
Para facilitar ese análisis, estamos disponibles. Un mensaje directo es suficiente.
