- La V edición de Mujeres por Derecho, organizada por la Fundación Aranzadi LA LEY, reconoció el pasado 17 de junio la labor de APRAMP por sus más de cuatro décadas de trabajo en la protección y recuperación de mujeres víctimas de trata y explotación.
Para empezar, ¿cuéntenos cómo nació APRAMP y cuál ha sido la evolución de su misión desde sus orígenes hasta hoy?
APRAMP (siglas de Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida) nació en 1984 impulsada por Rocío Nieto, trabajadora social y pionera en España en la defensa de los derechos de las mujeres prostituidas y víctimas y supervivientes de trata de seres humanos y de explotación sexual.
La primera sede de APRAMP se estableció en Madrid y, actualmente, cuenta con 6 sedes territoriales: Madrid, Asturias, Almería, Badajoz, Salamanca y Murcia, y un alcance de 14 provincias.
Desde sus inicios, APRAMP ha trabajado desde una perspectiva pionera, que aún hoy tiene un marcado componente innovador: poner a las víctimas en el centro de todas las acciones, marcando un rol proactivo y profesional en su intervención y desarrollando programas de atención orientados al establecimiento de alternativas reales y duraderas a la explotación para todas las personas atendidas.
La trata y la explotación sexual son una realidad muy compleja que adapta y evoluciona sus métodos de captación y explotación a lo largo de los años y el desarrollo de las políticas públicas y los procesos sociales. APRAMP, en sus cuatro décadas de trabajo, no ha dejado de estar a la vanguardia de la respuesta, trabajando junto con las supervivientes para poder adelantarse a las respuestas de los explotadores a las políticas públicas y establecer mecanismos de protección y atención integrales.
Esto ha situado a la entidad como un referente internacional en la lucha contra la trata y la explotación de mujeres y niñas.
No obstante, el centro de nuestra motivación, nuestro propósito, sigue siendo el mismo: construir una sociedad libre de violencia y explotación. Hemos evolucionado en método, y los programas se han adaptado a un mundo en continua transformación, pero los principios que nos impulsan siguen siendo los mismos.
Su perfil combina la práctica jurídica con la dirección de una entidad social. ¿Cómo ha influido su formación y experiencia como abogada en la forma de dirigir APRAMP y en la estrategia jurídica de la fundación?
Comencé en APRAMP como voluntaria con apenas 18 años, mientras cursaba mis estudios de Derecho. Aquella experiencia marcó profundamente mi manera de entender la profesión jurídica. Frente a los manuales y las normas, descubrí una realidad que permanecía prácticamente invisible: mujeres sometidas a formas extremas de violencia, explotación y exclusión.
Casi cuarenta años después, la realidad ha evolucionado, pero la gravedad de las vulneraciones que sufren muchas mujeres y niñas sigue siendo inmensa. Mi trayectoria profesional me ha enseñado que el Derecho adquiere su verdadero sentido cuando sirve para proteger a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Mi formación jurídica me permitió comprender desde muy pronto que la trata de seres humanos no puede abordarse únicamente desde una perspectiva asistencial o de seguridad. Estamos ante una violación grave de derechos humanos que exige una respuesta integral, coordinada y multidisciplinar.
Esa convicción ha guiado mi forma de dirigir APRAMP. Siempre hemos trabajado para situar a las víctimas y supervivientes en el centro, reconociéndolas como sujetos plenos de derechos y protagonistas de sus propios procesos de recuperación. Para mí, uno de los mayores logros de la entidad ha sido comprobar cómo muchas mujeres que sufrieron explotación hoy son referentes, profesionales y agentes de cambio que ayudan a otras mujeres a recuperar su libertad.
La mirada jurídica también nos ha permitido identificar las barreras normativas que dificultan el acceso efectivo a los derechos y desarrollar una intensa labor de incidencia política y legislativa para impulsar cambios tanto en España como en el ámbito europeo. Porque la defensa de los derechos humanos no termina en los tribunales; también implica transformar las estructuras que permiten que esas vulneraciones sigan produciéndose.
¿Cuál es el modelo de intervención de APRAMP con las víctimas de trata y explotación? ¿Qué fases abarca, desde la detección hasta la plena integración social y laboral?
APRAMP ha desarrollado desde sus inicios un modelo de atención integral, especializado y centrado en las personas; con tres fases que están interconectadas: detección, atención y formación para la inserción laboral.
Las mujeres en situación de trata y explotación no vienen a nuestra puerta, no se reconocen como víctimas o no reconocen la situación en la que están siendo explotadas como tal. Por eso, nuestro programa de atención integral comienza con el trabajo de detección proactiva desde nuestras Unidades Móviles.
Éste es un recurso pionero en nuestro país que ha cumplido 30 años y que está integrado principalmente por supervivientes. Formadas como mediadoras y agentes de cambio desde la experiencia propia trabajan en la detección de posibles víctimas de trata y explotación y los lugares y tendencias de los entornos prostituyentes. Son mujeres que han pasado de estar en una situación de máxima vulnerabilidad a ocupar posiciones de liderazgo compartido y ejemplo de supervivencia y resiliencia para otras personas en su situación.
El objetivo principal es establecer lazos de confianza, restituir sus derechos y ofrecerles alternativas seguras y duraderas a la explotación. En 2025, a través de nuestras Unidades Móviles se atendió a 7.037 mujeres, con una atención media de 250 mujeres diariamente, y se detectaron 1.129 espacios (908 de ellos fueron pisos), de entre los cuales 251 fueron espacios de nueva detección y acceso.
Cuando una mujer víctima decide dar el paso de salida, se activa una respuesta inmediata con el diseño de un itinerario individualizado que, según las necesidades de cada mujer, en diferentes áreas como la sanitaria, psicológica, jurídica y social.
El proceso de recuperación es global e integral y centra muchos esfuerzos en facilitar el proceso de inserción mediante formaciones orientadas al acceso al mercado de trabajo. Entendemos que la recuperación no finaliza cuando cesa la situación de explotación a la que les tenían sometidas, sino cuando la mujer ejerce plenamente sus derechos y desarrolla su proyecto de vida de forma autónoma, recuperando su dignidad.
El mercado laboral marca muchas de las acciones formativas que la entidad desarrolla, imprescindibles para facilitar un proceso exitoso de inserción. Las alianzas con el sector privado y las empresas son imprescindibles para favorecer y facilitar ese camino de autonomía, pero APRAMP siempre ha sido pionera y ejemplo de lo que promovemos. Por eso, dos de nuestras iniciativas más emblemáticas son la Escuela de Moda y la Escuela de Supervivientes. La primera facilita formación profesional e inserción laboral en el sector textil. La segunda constituye un modelo pionero de formación y liderazgo de supervivientes que hoy participan activamente en programas de detección, intervención e incidencia política, tanto a nivel nacional como internacional.
En el plano jurídico, ¿cuáles diría que son hoy los principales vacíos o disfunciones en la protección de los derechos de las víctimas de trata y explotación en España?
A lo largo de mi trayectoria profesional he comprobado que el principal desafío no suele estar en la ausencia de derechos reconocidos, sino en la distancia que existe entre el derecho escrito y el derecho efectivamente garantizado.
España cuenta con instrumentos jurídicos relevantes para combatir la trata de seres humanos, pero todavía observamos déficits importantes en la aplicación práctica de esos derechos. Uno de los más significativos es que la protección de las víctimas sigue estando excesivamente vinculada a su colaboración con los procedimientos penales.
Desde una perspectiva de derechos humanos, una persona debe ser protegida porque ha sufrido una vulneración grave de sus derechos fundamentales, no por la utilidad que pueda tener para una investigación. La dignidad humana no puede condicionarse a una declaración judicial.
Ese es precisamente el espíritu que inspira tanto el Convenio de Varsovia como la reciente Directiva Europea 2024/1712, que avanzan hacia modelos de protección más centrados en las víctimas y menos dependientes de su participación en los procedimientos penales.
Junto a ello, siguen existiendo dificultades en la identificación temprana, desigualdades territoriales en el acceso a recursos especializados y obstáculos para garantizar una reparación efectiva.
Por eso defendemos la necesidad de un marco integral contra la Trata que incorpore plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y reconozca el papel esencial de las entidades especializadas.
Una Ley Integral que no pierda de vista el principio fundamental: PONER A LAS SUPERVIVIENTES EN EL CENTRO DE LAS ACCIONES.
Por eso defendemos la necesidad de una Ley Integral contra la Trata que incorpore plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y reconozca el papel esencial de las entidades especializadas y de las propias supervivientes. El desafío ya no es únicamente reconocer derechos, sino garantizar que esos derechos sean efectivos para todas las víctimas con independencia del territorio en el que se encuentren o de su situación personal.
Una cuestión clave es la identificación de las víctimas. ¿Detectan que muchas víctimas quedan fuera del sistema porque no son identificadas como tales por policía, fiscalía o juzgados? Desde su experiencia, ¿qué problemas observa en los protocolos actuales de identificación y qué cambios serían necesarios para garantizar una protección efectiva?
Nuestra experiencia de cuatro décadas trabajando junto a víctimas de trata y explotación nos permite afirmar que una parte importante de las víctimas continúa quedando fuera de los sistemas de protección porque no llega a ser identificada a tiempo o porque los mecanismos actuales no siempre consiguen adaptarse a la complejidad de las situaciones que viven.
Debemos partir de una realidad esencial: muchas víctimas no se reconocen inicialmente como tales. Han sido sometidas a procesos prolongados de violencia, manipulación, dependencia económica, amenazas o control psicológico que dificultan enormemente la revelación de lo ocurrido. En otros casos permanecen invisibles porque se encuentran en espacios de difícil acceso o porque la explotación se ha desplazado hacia entornos digitales cada vez más complejos.
Por ello, consideramos que la identificación no puede depender exclusivamente de la capacidad de una persona para verbalizar su experiencia ni quedar vinculada únicamente a la existencia de una investigación penal. La identificación debe ser entendida, ante todo, como una herramienta de protección y garantía de derechos.
Desde APRAMP defendemos la creación de un verdadero Mecanismo Nacional de Derivación, tal y como recomiendan los organismos internacionales especializados. Un sistema estructurado que coordine a todas las instituciones implicadas y que incorpore de forma efectiva a las entidades especializadas y a las propias supervivientes.
En este modelo, la identificación se concibe como un proceso progresivo compuesto por varias fases. Una primera detección de indicios, una identificación provisional que permita activar de manera inmediata el acceso a protección, asistencia especializada y derechos básicos, y una identificación definitiva realizada mediante una evaluación multidisciplinar basada en múltiples fuentes de información y no exclusivamente en la declaración inicial de la víctima.
La experiencia nos demuestra que muchas mujeres necesitan tiempo para recuperar la confianza, comprender su situación y poder relatar lo vivido. Por eso resulta fundamental reconocer un auténtico período de restablecimiento y reflexión durante el cual puedan acceder a protección y apoyo sin que todo dependa de una decisión inmediata sobre la denuncia o la colaboración con las autoridades.
Asimismo, consideramos imprescindible reforzar el papel de las entidades especializadas en este proceso. Somos quienes trabajamos diariamente en los espacios donde se produce la explotación, quienes detectamos los primeros indicios y quienes, en muchas ocasiones, generamos los vínculos de confianza que permiten a las víctimas iniciar un proceso de recuperación.
El Convenio de Varsovia ya establece la obligación de los Estados de disponer de mecanismos eficaces de identificación temprana y de garantizar que ninguna posible víctima quede desprotegida mientras se determina formalmente su situación. El reto ahora consiste en desarrollar plenamente ese mandato mediante procedimientos multidisciplinares, coordinados y centrados en los derechos humanos.
Porque detrás de cada identificación no hay únicamente un expediente administrativo o policial. Hay una persona cuyo acceso a la protección, a la justicia y a la recuperación depende de que el sistema sea capaz de verla y reconocerla a tiempo.
Muchos testimonios hablan del miedo a denunciar y de la dependencia respecto a las redes. ¿Cómo se articula en la práctica la defensa jurídica de estas personas para asegurar que su testimonio no suponga una nueva victimización?
Detrás de cada procedimiento judicial hay una persona que ha vivido experiencias extremadamente traumáticas. A veces, desde el ámbito jurídico tendemos a centrarnos en la denuncia, la prueba o la sentencia, pero antes de todo eso existe una mujer que necesita recuperar la confianza en sí misma y en las instituciones.
Por eso, en nuestra experiencia, la confianza es el elemento central de cualquier estrategia jurídica. Nadie puede ejercer plenamente sus derechos si sigue viviendo bajo el miedo.
Antes de plantear una denuncia es fundamental respetar los tiempos de cada mujer, garantizar su seguridad y ofrecer información clara y comprensible sobre las opciones existentes. La decisión de colaborar con la justicia debe adoptarse desde la libertad y no desde la presión.
Nuestra labor consiste en acompañarlas para que comprendan sus derechos, conozcan las implicaciones del proceso judicial y cuenten con apoyo especializado durante todo el recorrido.
Al mismo tiempo, es imprescindible que el sistema judicial continúe avanzando en la aplicación de medidas que eviten la revictimización. Una víctima no debería verse obligada a revivir una y otra vez los episodios más dolorosos de su vida para acceder a la justicia. La protección de la persona debe ser tan importante como la persecución del delito.
España ha transpuesto diversas directivas europeas en materia de trata y protección de víctimas, pero ¿en qué puntos considera que la legislación española se queda corta o no se aplica con la intensidad debida?
La evolución normativa española en materia de trata de seres humanos ha sido significativa durante las últimas décadas. La incorporación del delito de trata al Código Penal y la progresiva adaptación a los estándares europeos han supuesto avances indiscutibles.
Sin embargo, la experiencia nos demuestra que disponer de buenas normas no siempre garantiza una protección efectiva. El principal desafío sigue siendo trasladar el enfoque de derechos humanos reconocido en los textos legales a la práctica cotidiana de las víctimas.
La normativa europea más reciente, especialmente la Directiva (UE) 2024/1712, avanza hacia modelos que sitúan a la víctima en el centro del sistema, reforzando la prevención, la identificación temprana, la reparación y la asistencia integral. España tiene ahora la oportunidad de profundizar en ese enfoque y consolidarlo de manera homogénea en todo el territorio.
Desde mi punto de vista, todavía existen ámbitos en los que debemos avanzar. Entre ellos, garantizar que la protección y el acceso a derechos no dependan de la participación de la víctima en un procedimiento penal, reforzar los mecanismos de identificación temprana, mejorar la coordinación institucional y asegurar una reparación efectiva y accesible.
Por ello, considero prioritaria la aprobación de una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos que permita articular una respuesta coherente, estable y centrada en los derechos fundamentales de las víctimas y supervivientes. Una ley que no solo fortalezca la persecución del delito, sino que también garantice la prevención, la protección y la recuperación integral de quienes han sufrido esta grave vulneración de derechos humanos.
Las sociedades democráticas se fortalecen cuando son capaces de proteger a las personas más vulnerables. La lucha contra la trata debe entenderse precisamente desde esa responsabilidad colectiva.
En el ámbito probatorio, ¿qué retos afrontan ustedes como organización a la hora de colaborar con la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad, y cómo se podrían mejorar esas relaciones para reforzar la persecución penal?
La trata de seres humanos es uno de los delitos más complejos de investigar y perseguir. A diferencia de otras formas de criminalidad, suele desarrollarse en contextos de aislamiento, control psicológico, dependencia económica y miedo extremo, circunstancias que dificultan enormemente la obtención de pruebas y la participación de las víctimas en los procedimientos judiciales.
Las organizaciones criminales han perfeccionado sus métodos de captación, sometimiento y explotación, incorporando además las nuevas tecnologías y los entornos digitales a sus estrategias. Esto obliga a que todos los actores implicados evolucionemos constantemente en nuestras formas de intervención y cooperación.
Desde APRAMP aportamos un conocimiento muy valioso derivado de cuarenta años de trabajo directo sobre el terreno. Nuestros equipos conocen los contextos donde se produce la explotación, identifican indicadores que a veces pueden pasar desapercibidos y, sobre todo, generan vínculos de confianza con las víctimas que resultan esenciales para su protección.
Nuestra experiencia demuestra que los mejores resultados se producen cuando existe una colaboración basada en el respeto mutuo, la especialización y la confianza entre las entidades sociales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Fiscalía y los órganos judiciales. No se trata únicamente de intercambiar información, sino de construir una respuesta coordinada centrada en la protección de la persona y en la eficacia de la investigación.
Además, considero fundamental seguir reforzando la formación especializada de todos los operadores jurídicos. La trata presenta dinámicas muy específicas y exige comprender fenómenos como la coerción psicológica, la deuda, la dependencia emocional o el miedo a las represalias, elementos que muchas veces explican conductas de las víctimas que, observadas desde fuera, podrían resultar difíciles de entender.
Cuando las instituciones trabajan de forma coordinada y desde una comprensión profunda de esta realidad, no solo aumenta la eficacia de las investigaciones y condenas, sino que también mejora la protección de quienes han sufrido la explotación. Y ese debe ser siempre el objetivo último de cualquier actuación.
La reparación integral es un principio reconocido, pero difícil de concretar en la práctica. Desde la perspectiva de APRAMP, ¿qué debería entenderse por reparación adecuada para las víctimas y qué instrumentos jurídicos faltan o no se utilizan suficientemente?
La reparación integral no puede reducirse a una indemnización económica. Aunque la compensación es importante, reparar significa restituir derechos, reconstruir proyectos de vida y devolver oportunidades que fueron arrebatadas.
La verdadera reparación comienza cuando la persona deja de ser vista únicamente como víctima y vuelve a ser reconocida como ciudadana, trabajadora, madre, estudiante o profesional; en definitiva, como una persona con capacidad para decidir libremente sobre su futuro.
Desde APRAMP entendemos la reparación como un proceso que incluye acceso a la justicia, atención sanitaria y psicológica, vivienda, formación, empleo y garantías efectivas de no repetición.
Mirando al futuro, ¿qué reformas legales o de política pública considera prioritarias para pasar de un enfoque asistencial a uno plenamente garantista de derechos en materia de trata y explotación, y qué papel quiere jugar APRAMP en ese cambio?
El gran reto de los próximos años es consolidar un modelo plenamente garantista de derechos humanos. Un sistema en el que ninguna víctima quede desprotegida por miedo, por falta de identificación o por su situación administrativa.
Necesitamos ese marco integral contra la trata, reforzar los mecanismos de identificación temprana, garantizar el acceso a derechos con independencia de la denuncia y consolidar recursos especializados estables y suficientes.
Pero también necesitamos algo más profundo: un cambio cultural que sitúe la dignidad humana en el centro de todas las políticas públicas.
En APRAMP queremos seguir contribuyendo a ese cambio desde la experiencia acumulada durante casi cuatro décadas de trabajo junto a las víctimas y supervivientes. Aspiramos a seguir siendo una voz experta, rigurosa y comprometida con la defensa de los derechos humanos.
Porque una sociedad democrática se mide, en gran parte, por la forma en que protege a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y mientras exista una sola persona sometida a trata o explotación, seguiremos trabajando para que la libertad, la justicia y la dignidad prevalezcan sobre cualquier forma de violencia.
