- La creciente complejidad regulatoria está consolidando la coexistencia entre abogados especialistas y generalistas, así como entre grandes despachos y boutiques altamente especializadas
Esta entrevista ha sido publicada en el número 1029 de Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA), regístrarte una vez en este enlace y recibirás una comunicación con cada número desde la que podrás acceder a la revista en Legalteca.
Araoz & Rueda nació en 1994 y ha crecido en paralelo a la transformación del tejido empresarial español. ¿Cómo ha cambiado el asesoramiento jurídico de empresa en estas tres décadas?
En los años 90, el modelo estaba todavía muy marcado por un enfoque más reactivo y generalista, en el que el abogado de empresa actuaba principalmente como solucionador de problemas puntuales, con menor especialización y con estructuras de despacho más reducidas. Con el tiempo, la creciente complejidad del entorno regulatorio, la sofisticación de las operaciones corporativas y la progresiva internacionalización de la economía han llevado a una especialización mucho mayor del sector. Hoy en día el asesoramiento jurídico se integra de forma mucho más directa en la toma de decisiones empresariales, con un papel claramente más estratégico.
La creciente complejidad del entorno regulatorio acentúa, además, una interesante coexistencia entre abogados generalistas y abogados especialistas, y despachos «full service» con despachos de nicho (boutique). En España, donde predominan las pymes y la empresa familiar, el abogado generalista «de confianza» del empresario y/o del CEO, va a tener siempre un rol y ello incluirá contar con «especialistas» cuando sea necesario, con el consiguiente riesgo de «exponer» al cliente y, en determinados casos, de pérdida de la relación.
Por otra parte están los grandes despachos en los que, si bien puede haber un socio que tiene la relación o vínculo de confianza con el cliente, pone a disposición de éste un grupo de profesionales de diferentes áreas lo que conduce a una «institucionalización» de la relación y al sistema de «proveedores homologados» (panels). En mi opinión, existe espacio para todos, pero lo importante es saber leer bien en qué lugar del mercado está cada uno y cómo te quieres posicionar. Por ejemplo, una boutique de litigio o arbitraje, o experta en urbanismo, puede competir perfectamente con un gran despacho multidisciplinar con unos honorarios competitivos.
En nuestro caso, competimos a diario con despachos de mayor tamaño y nos hemos posicionado en el mercado legal en un buen número de áreas de ejercicio. En este contexto, recientemente hemos sido reconocidos por Chambers & Partners con el premio Best Boutique Law Firm of the Year en los Chambers Europe Awards 2026, lo que refuerza nuestro posicionamiento como firma boutique especializada y la solidez de este modelo en el mercado actual.
El entorno empresarial está en constante cambio y se enfrenta a una mayor complejidad normativa. ¿Cuáles son actualmente los principales desafíos jurídicos a los que se enfrentan hoy las empresas en España?
El principal desafío al que se enfrentan hoy las empresas en España es la creciente complejidad e intensidad del entorno regulatorio, que no solo es más amplio, sino también más dinámico y, en muchos casos, más incierto en su aplicación práctica. En primer lugar, la hiperregulación en ámbitos como el derecho societario, la competencia, la sostenibilidad, la fiscalidad o la contratación pública obliga a las empresas a incorporar el cumplimiento normativo como una función estructural del negocio, y no como un elemento accesorio. Esto tiene un impacto directo en la toma de decisiones, en los tiempos de ejecución y en la estructura de los proyectos.
En segundo lugar, la internacionalización de las empresas españolas y la entrada en España de inversores extranjeros introducen un nivel adicional de complejidad, al tener que coordinar distintos sistemas jurídicos, estándares regulatorios y prácticas de mercado. Esto exige un asesoramiento cada vez más sofisticado y con una clara dimensión cross-border. En tercer lugar, estamos viendo un aumento significativo de la sofisticación en las operaciones corporativas, especialmente en M&A, reestructuraciones y joint ventures, donde el componente jurídico se entrelaza de forma estrecha con la estrategia empresarial, la financiación y la gestión del riesgo.
Es un hecho que España sigue siendo un mercado atractivo para la inversión extranjera. Desde su experiencia, ¿qué buscan las compañías internacionales cuando desembarcan en nuestro país y qué retos jurídicos encuentran?
Las compañías internacionales que desembarcan en España buscan, en primer lugar, estabilidad regulatoria, previsibilidad en la aplicación del Derecho y un entorno que les permita estructurar sus inversiones con seguridad jurídica. También valoran de forma creciente la existencia de equipos legales capaces de ofrecer un asesoramiento integrado, con conocimiento del derecho local pero también de los estándares internacionales de mercado. En cuanto a los retos jurídicos, estos suelen derivarse principalmente de la necesidad de adaptación al derecho interno español y a determinadas particularidades regulatorias y procedimentales, así como de la coordinación entre distintas jurisdicciones en operaciones cross-border.
La evolución del rol del abogado de empresa ha transformado profundamente el ejercicio jurídico corporativo. ¿Cuándo empieza el asesor jurídico a convertirse en una figura estratégica dentro de la toma de decisiones empresariales?
En el marasmo normativo y regulatorio que rodea la actividad empresarial, el rol del abogado de empresa empieza a transformarse en figura estratégica en el momento en que el entorno regulatorio, la complejidad de las operaciones y la velocidad de la toma de decisiones hacen que el Derecho deje de ser un elemento meramente reactivo para convertirse en una variable central de la decisión empresarial y de la gestión global del riesgo.
A partir de ese punto de inflexión, los clientes necesitan abogados que sean capaces de aportar algo más que conocimiento estrictamente jurídico. En cocreto, profesionales con habilidades psicológicas y capacidad de empatía para ayudar con una negociación compleja (por ejemplo, con miembros del núcleo familiar, con socios o con los sindicatos; herramientas de comunicación para transmitir de forma eficaz mensajes en contextos especialmente sensibles y, por último, con criterio para aconsejar en la toma de decisiones empresariales estratégicas, lo que es una combinación de diferentes capacidades (sentido común, experiencia empresarial, olfato, etc.).
Hoy se habla mucho del despacho como partner legal. ¿Qué significa realmente ese concepto en la práctica diaria con los clientes?
Ya no se trata únicamente de aportar conocimiento técnico, sino de integrarlo con una comprensión profunda del negocio del cliente, de su sector y de los riesgos asociados a cada decisión. En la práctica, el concepto de «partner legal» implica estar presente en el día a día del cliente, no solo en la resolución de problemas, sino también en la prevención y estructuración de las decisiones relevantes. El cliente espera un asesor que no solo domine el Derecho, sino que sea capaz de anticipar escenarios, identificar riesgos antes de que se materialicen y aportar criterio en entornos de alta complejidad e incertidumbre. Esto exige una implicación mucho más cercana en la estrategia empresarial, así como una comunicación fluida y constante, que permita acompañar la toma de decisiones en tiempo real y con una visión global del asunto.
«En un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y económica, ¿cómo está impactando esta situación en el asesoramiento jurídico a las empresas?»
Las compañías operan hoy en entornos mucho más volátiles, en los que factores como conflictos internacionales, tensiones comerciales, cambios regulatorios abruptos o políticas industriales más intervencionistas tienen un impacto directo en la toma de decisiones empresariales. Esto obliga a integrar la variable jurídica desde fases mucho más tempranas de la estrategia corporativa. En este escenario, el abogado deja de intervenir únicamente en la estructuración o ejecución de operaciones para convertirse en un asesor continuo en la gestión del riesgo, con capacidad para anticipar escenarios alternativos y ayudar al cliente a tomar decisiones en contextos de mayor incertidumbre.
La inteligencia artificial está transformando profundamente el sector legal. ¿Cree que supone una amenaza para el abogado tradicional o una oportunidad de evolución para la profesión?
No creo que el abogado vaya a desaparecer a medio plazo; ahora bien, lo que está claro es que el abogado que no adopte la IA será desplazado por el que sí lo haga. La transformación en curso no es una amenaza existencial para la profesión jurídica, sino una invitación a redefinir en qué consiste el valor diferencial del abogado: criterio, confianza, «creatividad» jurídica, habilidad negociadora y responsabilidad profesional. Estas cualidades son, por ahora, irreduciblemente humanas.
¿Qué nuevas competencias deberá desarrollar el abogado en los próximos años para adaptarse a este nuevo entorno tecnológico?
Parece claro que el abogado del futuro próximo deberá ser capaz de tener competencias en ingeniería de prompts (prompt engineering): formular instrucciones claras y jurídicamente precisas a los sistemas de IA para obtener resultados de calidad. También capacidad de evaluación crítica del output: identificar errores, sesgos y limitaciones de los resultados generados, así como conocimiento mínimo de los fundamentos de la IA: no es necesario programar, pero sí entender qué hace un modelo de lenguaje, cuáles son sus limitaciones estructurales y en qué contextos es fiable y en cuáles no. También buena gestión de datos: comprensión básica de cómo funcionan los sistemas de gestión documental, bases de datos y flujos de trabajo automatizados.
Después de más de 30 años al frente de Araoz & Rueda, ¿qué le sigue pareciendo esencial en la relación entre abogado y cliente?
No importa cuántos años pasen, lo esencial en la relación entre abogado y cliente es y seguirá siendo la confianza. No únicamente una confianza técnica, sino aquella que se construye sobre la seguridad de que el abogado comprende en profundidad el negocio del cliente, es capaz de anticiparse a sus necesidades y actúa como un verdadero socio en la toma de decisiones.
