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01/12/2022. 17:22:19

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José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional

«Debe ser una prioridad que la justicia penal cuente con un nuevo Código Procesal»

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La Audiencia Nacional cuenta con los mismos problemas que el resto de la Justicia: un déficit de medios materiales y personales que ralentiza la resolución de los asuntos.

José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional

¿Demasiados litigios para los recursos existentes? ¿Está dotada esta institución de las herramientas tecnológicas suficientes para dar un buen servicio al ciudadano?

La Audiencia Nacional no adolece de los problemas que se derivan de una estructura judicial vertebrada en Partidos Judiciales constituidos hace decenios, como el resto de Juzgados y Tribunales. Ahora bien, en lo que afecta a los medios personales, sería necesario, en lo que al orden jurisdiccional penal se refiere, en aras a reducir en lo posible el tiempo de respuesta, contar con un servicio de peritos estables y especializados en materias contables, mercantiles, bancarias y económicas, en general, que actúe como cuerpo de asesores de los Jueces Centrales Instructores y de coordinación de las diligencias periciales correspondientes. También es necesaria la ampliación de la plantilla de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en funciones de Policía Judicial, con la finalidad de agilizar en lo posible los informes relativos al material informático intervenido en registros domiciliarios y diligencias probatorias en general. La planta de los Juzgados Centrales, tanto de lo Penal como de lo Contencioso-Administrativo, así como la de las Salas de este último orden y de lo Social, parecen adecuadas a la carga de trabajo existente, sin perjuicio de las eventuales medidas de refuerzo que puntualmente aparezcan como necesarias, en especial en alguno de los Juzgados Centrales de Instrucción. Por el contrario, la Sala de lo Penal requeriría el incremento de la planta en al menos dos Magistrados.

En el ámbito de los recursos materiales, la Audiencia Nacional cuenta, a día de hoy, con modernas infraestructuras, en los edificios de la Calle Goya y García Gutiérrez, si bien sería necesario, ante la entrada en funcionamiento de la Sala de Apelaciones, la reubicación de los espacios en ambos edificios de forma que los órganos judiciales y fiscales de la Audiencia Nacional contaran con el espacio suficiente para desarrollar su trabajo. Los medios tecnológicos a disposición de estos han permitido consolidar la digitalización de los doce Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y la Sala de lo Social, se ha iniciado el proceso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que se encuentra en pleno desarrollo, afrontándose la solución de los problemas que van surgiendo, dadas las especiales características de la Sala, debiendo ponerse en valor el esfuerzo que los Magistrados y Magistradas de la misma vienen realizando a dicho fin.

 ¿En qué momento se encuentra la implementación del Plan de Modernización de la Justicia en la Audiencia Nacional?

El Expediente Judicial Electrónico es uno de los principales protagonistas del proceso modernizador de la Administración de Justicia. Su implantación conllevará un importante ahorro en recursos, simplificación en la gestión y, por tanto, una mayor celeridad en las resoluciones judiciales. Para ello el Ministerio de Justicia, la Sala de Gobierno de la Audiencia y los Magistrados y Magistradas de los órdenes Social y de lo Contencioso-Administrativo están trabajando en la consolidación del sistema y en la paralela implementación en esta última Sala, como se ha señalado. En este ámbito han de señalarse el formulario y el protocolo para la presentación de escritos. También han de destacarse las mejoras que se van desarrollando en LexNET como plataforma de intercambio seguro de información y documentos judiciales con los operadores jurídicos o el Cuadro de Mandos de Gestión Procesal, con el objetivo de obtener una medición eficiente y transparente de la gestión procesal. Del mismo modo, ha de destacarse el desarrollo de la Oficina Electrónica de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, que permite conocer el estado de los procedimientos judiciales en los que se investigan casos relacionados con víctimas de terrorismo.

Por otro lado, se está avanzando en algo que es básico en la modernización de la Audiencia Nacional, como en el resto de Juzgados y Tribunales del país: en la implementación definitiva de la Oficina Judicial, contándose ya con estudios sobre los Servicios y Unidades esenciales a constituir.

Según el Barómetro Interno de la Abogacía 2015, 77 de cada 100 abogados opinan que la Administración de Justicia funciona mal o muy mal. ¿Le preocupa este dato?

Es un dato que no puede satisfacer a nadie. Ese mismo estudio reclama un nuevo Pacto de Estado que remedie su organización y funcionamiento, que debe ser modernizado. Y en eso también debemos estar de acuerdo. Es necesaria la actualización de la Justicia en su marco organizativo y en las leyes procesales.

Ahora bien, también incide el Barómetro – y ello debe destacarse- en que, con sus defectos e imperfecciones, la Administración de Justicia Española representa la garantía última de la defensa de la democracia y de las libertadas, concluyendo que a pesar del mal funcionamiento y organización de nuestra Justicia, la misma cuenta en su aspecto más positivo "con buenos jueces".

La opinión pública y la Justicia no sintonizan. Se respira un ambiente de que hay impunidad, aunque usted ha llegado a señalar que la corrupción "se persigue y se condena". 

Creo que la sociedad percibe claramente que no existen ámbitos de impunidad; que, efectivamente, la corrupción se persigue, se investiga y se condena. Pero no es menos cierto que la tardanza en la que en muchas  ocasiones se incurre al dictarse las resoluciones correspondientes conlleva que exista esa falta de sintonía. Si se articulan los mecanismos que impliquen la reducción de la tramitación de los procedimientos (nueva organización, nuevas y modernas leyes procesales, nuevo sistema de instrucción penal, medios materiales y humanos suficientes…) se producirá una inmediata sintonía entre la opinión pública y la Justicia.

Terrorismo, blanqueo de capitales, narcotráfico, organizaciones criminales, delincuencia económica, corrupción, ciberdelitos… ¿De qué manera se organiza la Audiencia Nacional para responder a estos asuntos y garantizar la transparencia de los procesos?

Son esos, en principio, los principales delitos de los que viene conociendo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y sus Juzgados Centrales de Instrucción; y los aborda como un órgano altamente especializado en su investigación, instrucción, conocimiento y resolución. La transparencia en su labor es absoluta, con la aprobación por la Sala de Gobierno de las normas de reparto, de composición de Salas, de sustituciones, siendo publicadas en el BOE y remitidas a los Colegios Profesionales, con garantía absoluta de los derechos constitucionales al juez ordinario predeterminado y de tutela judicial efectiva. Por otro lado, desde el punto de vista procesal, el Gabinete de Prensa de la Audiencia, en coordinación con los Magistrados correspondientes, informan puntual y precisamente de todos los elementos que la demanda informativa requiere: actuaciones judiciales relevantes, resoluciones judiciales una vez son notificadas a las partes; siempre a salvo, naturalmente, el respeto al secreto de las actuaciones cuando el mismo es legalmente exigible. Creo que la Audiencia Nacional funciona de manera ejemplar en materia de transparencia.

¿Piensa que habría que ampliar o restringir el principio de Justicia Universal?

Nuestra Sala II del TS, en su reciente Sentencia del pasado 6 de mayo, recuerda que el compromiso derivado de los Tratados de ejercitar la Jurisdicción Universal frente a determinados delitos, se hace efectivo por los Estados firmantes incorporándolos a su legislación interna, estableciendo específicamente la jurisdicción y siendo preciso que la normativa penal nacional defina y sancione los distintos tipos delictivos; lo que puede realizarse de un modo genérico, o bien de modo limitado, exigiendo criterios de conexión que justifiquen la Jurisdicción del estado en cuestión o limitándola al enjuiciamiento de los responsables que se encuentren en su territorio (este sistema limitado es el que está generalizado en el Derecho Comparado). Es cierto, que la propia entidad y gravedad de las conductas delictivas que se persiguen a través de este mecanismo, vulneradoras de los derechos humanos, y la impunidad de los mismos, hace que se propugne con toda lógica un suficiente y eficaz campo de actuación de la Jurisdicción Universal. Ahora bien, en todo caso habría que estimular los mecanismos de fortalecimiento del Tribunal Penal Internacional; y debe estarse a lo que el Tribunal Constitucional establezca en relación al recurso presentado contra la última reforma legislativa en esta materia.

¿Debería realizar el fiscal la instrucción, para dotarla de mayor eficacia?

Entiendo que sí, que la instrucción por el Ministerio Público es lo más acorde con los países de nuestro entorno y con nuestro propio marco constitucional. Un sistema en el que el Juez investiga y a la vez garantiza los derechos fundamentales del investigado presenta serias disfunciones. Por otro lado, sin duda, sensiblemente ello podría acortar los periodos temporales de los procedimientos. Ya la Exposición de Motivos de nuestra más que centenaria LEC está pensando en ello.

¿Habría otro modelo para elegir a las cúpulas judiciales que no pasase por el Parlamento?

La Constitución ha diseñado un sistema para la elección del CGPJ y la Ley Orgánica del Poder Judicial ya ha sido objeto en este punto de análisis por el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado sobre ese extremo. En todo caso, creo que es importante un consenso entre las fuerzas políticas para diseñar un sistema estable y duradero de elección del máximo órgano de gobierno del Poder judicial, que ha sufrido variadas vicisitudes hasta la fecha.

Alemania, Reino Unido y EEUU no tienen aforados. En Portugal e Italia lo son los presidentes de la República; en Francia, el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros. España cuenta con 17.621, entre los que se incluyen a jueces y fiscales. ¿Se debe reducir el número de aforados?

Yo diría que incluso hay más, si contabilizamos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Existe una opinión claramente favorable, de la que yo participo, a esa reducción del número de aforados. También creo que cabe replantearse que el aforamiento no implicara el cambio de la competencia del órgano jurisdiccional cuando cambie la condición del aforado que le hizo serlo, con lo que se evitarían dilaciones innecesarias.

En los últimos tiempos se ve a algunos compañeros suyos en distintos medios de comunicación. También los hay asiduos en las redes sociales. ¿Qué opinión le merece este tipo de apariciones? ¿Ayudan a acercar la Justicia al ciudadano?

Todas las intervenciones en los medios de comunicación de Jueces y Fiscales que tengan una labor divulgativa y de explicación al ciudadano del trabajo de la Administración de Justicia, la hace más cercana y transparente, y esas intervenciones se hacen normalmente – y así debe de ser en todos los casos- con respeto a los casos pendientes, a los derechos de las partes y al trabajo e independencia de Jueces, Magistrados y Fiscales

Encontramos esta cita en la web institucional: "En ocasiones, en razón de la atención que suscitan las cuestiones penales, se olvida que la Audiencia Nacional no sólo está formada por la Sala Penal". ¿Una advertencia tan lógica como la causa que la origina?

No cabe duda de que los asuntos más mediáticos y conocidos mayoritariamente por los ciudadanos son los de competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción y la Sala de lo Penal. Pero la Audiencia Nacional no puede ser concebida tampoco sin sus Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Esta últina ha demostrado su importancia indudable al conocer con celeridad y profesionalidad de los asuntos más relevantes de las últimas reformas laborales; y los Juzgados Centrales y la Sala de lo Contencioso tienen atribuidas las importantes competencias derivadas de las disposiciones generales, y actos de los Ministerios y de las resoluciones de los Órganos reguladores y supervisores, que vienen resolviendo con un más que adecuado tiempo de respuesta.

Sin embargo, en la propia constitución interna del Tribunal destaca el ámbito Penal. De hecho, desde la propia institución se reclama un nuevo ámbito competencial con la creación de una Sala de instancia Civil, y una superior de lo Civil. ¿Ha habido avances?

Esa es una idea que ha estado siempre en la mente del legislador. Incluso se previó en el primer proyecto de la norma que creó la Audiencia Nacional. Sin duda la competencia civil y mercantil, en determinados asuntos, podría solucionar con prontitud controversias de esta índole en cuestiones económicas de gran envergadura, ya por su dimensión económica o por afectar a un importante número de perjudicados, evitando su dispersión en diferentes órganos, favoreciendo la especialización y evitando eventuales resoluciones contradictorias, como sería el caso de demandas colectivas presentadas por asociaciones de consumidores y usuarios contra cláusulas abusivas o de condiciones generales de la contratación, responsabilidad por grandes catástrofes, o determinados concursos de acreedores, entre otras.

Desde el año 1982 la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sufrido diversas modificaciones. ¿Se ha terminado con los ‘parches' y ha llegado el tiempo de las soluciones?

Debe ser una prioridad que la justicia penal cuente con un Código Procesal nuevo, moderno y coherente. Las sucesivas reformas de la actual Ley de Enjuiciamiento, sin duda bien intencionadas, no han logrado una norma que guarde una lógica interna y sea el instrumento para una Administración de Justicia, ágil, eficaz y suficientemente garantizadora de los derechos de las partes procesales.

Partidos judiciales con dos siglos de historia y unos juzgados muy atomizados. ¿Una nueva organización de la Justicia es la asignatura pendiente?

Es, sin duda, una de ellas. La creación de Tribunales de instancia, que superen una organización arcaica y que permita una mayor eficacia en el empleo de los recursos, y la puesta en marcha de forma definitiva de la nueva Oficina Judicial, junto a una mayor dotación de medios materiales -entre ellos los necesarios en el ámbito tecnológico- y humanos y las reformas procesales pendientes, son elementos imprescindibles para la modernización de la Administración de Justicia 

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