Decía Clara Campoamor, en su discurso en las Cortes el 1 de octubre de 1931, que los hombres tenían el derecho que les había dado la ley, que habían hecho ellos mismos, y eso les hacía detentar un poder. Se han necesitado tres cuartos de siglo para dotar a nuestro Estado de derecho de leyes que garantizan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Y sin embargo, en la actualidad tenemos igualdad legal, pero no real.
El marco normativo no ha conseguido traspasar el papel y llegar a los despachos de abogados, pues pese a ser superior el porcentaje de mujeres que el de hombres que se matriculan en la carrera de Derecho, lo mismo que el de las nuevas incorporaciones en los colegios profesionales, sin embargo, siguen siendo una mujer por cada cuatro hombres, las socias de cuota en los despachos de abogados. Es cierto que el número se ha duplicado prácticamente en los últimos diez años, lo que significa un crecimiento del 100%, sin embargo, hay algo más que frena el acceso de las mujeres a los despachos de los últimos pisos.
Es incuestionable la igual capacidad y formación técnica de las abogadas frente a los abogados, por lo que deben ser otros los valores o habilidades que buscan los socios directores de los despachos cuando se plantean la incorporación de nuevos socios. Un socio de un despacho debería ser un abogado que aúna una formación técnica excepcional con una serie de actitudes extraordinarias que le llevan a ser un referente para sus compañeros y clientes (dejando fuera de esta opinión, si realmente eso es lo que se espera de un socio profesional de un despacho de abogados, o si en ocasiones, la elección de los nuevos socios responde a una búsqueda por parte de los que los seleccionan, de perfiles similares a los propios, lo que permite reforzar su posición frente al entorno).
Volviendo al papel de la mujer en los despachos de abogados, es ahí donde se debe producir el cambio cultural en la cúpula de los despachos, admitiendo que las abogadas tienen las mismas capacidades y pueden desarrollar las mismas funciones que los abogados y además, tienen las mismas habilidades para comunicar, trabajar en equipo, para motivar, para adaptarse, así como la misma creatividad, resiliencia, y compromiso que sus compañeros hombres.
De eso va la igualdad, no de reivindicar la diferencia. Y solo cuando se hayan superado los recelos que taponan el ascenso de las mujeres abogadas a la dirección de los despachos profesionales, en los que actualmente el poder decisión sobre la promoción en las carreras profesionales de los abogados todavía reside en un 80% de hombres, entonces podrán plantearse las diferencias para enriquecer las organizaciones. Es decir una vez que desaparezcan los prejuicios que impiden pensar que una mujer abogada no solo tiene el mismo conocimiento técnico si no que también puede tener el mismo compromiso o la misma empatía que su compañero hombre, entonces podremos entrar a distinguir si además, la mujer jurista aporta unas ventajas a la organización distintas de las que pueden aportar sus compañeros hombres.
El último informe de Mujeres juristas en los Consejos de Administración del Ibex 35, elaborado por el Centro de Gobierno Corporativo de Esade y Women in a Legal World, evidencia que, a las ventajas -ya demostradas por numerosos estudios- que conlleva contar con mujeres en los consejos (mejor desempeño financiero, enriquecimiento del debate, liderazgo transformacional, modificación positiva de la dinámica de los consejos, entre otros) contar con mujeres juristas añade mejores prácticas de gobierno corporativo, riqueza en los análisis de riesgos, visión estratégica y comercial.
Al ritmo de la incorporación de la mujer a la carrera de Derecho y al ejercicio de la profesión, de las últimas décadas, este es un problema con fecha de caducidad, sin embargo, se abre una ventana de oportunidad para aquellas organizaciones que sean capaces de acelerar ese proceso de incorporación de las mujeres abogadas a sus cúpulas directivas, lo que no solo las convertirá en destinos atrayentes de nuevo talento sino que puede favorecer la elección por los clientes de un despacho frente a otro que, a igual calidad y excelencia, ofrece una organización más atractiva por su aproximación más diversa a la solución de los conflictos.
