A mediados de los noventa, pocos años después de licenciarme en la universidad, tuve el honor de participar en el XI Congreso Estatal de Mujeres Abogadas que se celebró en el Colegio, entonces denominado, de Abogados de Bizkaia. Bajo el lema “La feminización de la pobreza en situaciones de conflicto” debatimos sobre este tema que veinticinco años después sigue de actualidad. El impacto de la COVID 19, el conflicto de Afganistán, la guerra de Ucrania y la consecuente inflación, han puesto de manifiesto, una vez más, cómo las crisis afectan de manera específica y más virulenta a las mujeres.
En aquel congreso, la osadía de la juventud me permitió exponer ante un abrumador número de mujeres letradas venidas de las diferentes partes de España, los retos a los que nos enfrentábamos en materia de protección a las mujeres refugiadas en el marco del recién aprobado Tratado de Ámsterdam y de su entrada en vigor prevista para 1999. Incorporar la perspectiva de género a la protección o identificar las persecuciones asociadas al mero hecho de ser mujer, eran cuestiones sobre las que era preciso poner el foco y trabajar con mayor ahínco puesto que se carecía de regulación legal. Solo a través del reconocimiento de las causas de persecución por motivos de género, orientación o identidad sexual, se lograría ofrecer una protección igualitaria a las distintas formas de violencia sufridas por las mujeres y hombres que llegaban entonces a nuestras fronteras. Los avances logrados en esta materia desde entonces son indudables. Hoy día contamos con una regulación legal; pero será su aplicación práctica la que nos permita calibrar si realmente es efectiva.
Tenía claros, ya entonces, los retos expuestos, lo que no sabía y allí aprendí, era la importancia de trasladar esa lucha por los derechos de otras mujeres a nosotras mismas, la importancia de definirnos como feministas, en tanto que luchadoras por la igualdad, y de incorporar la perspectiva de género en todas nuestras acciones para avanzar hacia la igualdad efectiva dentro del ámbito jurídico. Quizá por mi posición privilegiada (desde que comencé a ejercer la profesión tuve mi propio despacho) o porque aún no tenía experiencia suficiente, no había sido consciente de las desigualdades que se vivían y aun se viven en nuestra propia profesión. Poco tiempo después las mujeres letradas, madres, y autónomas, a quienes veía hacer malabares cada día en los juzgados, se incorporaron a mi lista de personas más admiradas y respetadas. Sin ninguna duda marcaron mi concepción de una profesión masculinizada, requerida de muchos cambios, y del ejercicio mismo del Derecho.
En el año 2012, quince años después, un nuevo Encuentro Anual de Mujeres Letradas se celebraba en Bilbao. En esta ocasión se hizo necesario poner de relieve externamente aquel aprendizaje, reivindicarnos como profesionales, visibilizar nuestra labor y peso social. Tradicionalmente estos encuentros se centraban en la defensa de los derechos de otras mujeres, pero tocaba ahora reflexionar sobre nosotras mismas. Cuestiones como porqué aun habiendo cada vez más mujeres letradas los grandes despachos siguen dirigidos mayoritariamente por hombres; la importancia del uso de un lenguaje no sexista frente a la necesidad de algunas mujeres de definirse como abogados para no sentir devaluada la profesión; o el disfrute de la maternidad y su compatibilidad con el ejercicio profesional, fueron algunos de los temas más relevantes tratados entonces.
Hoy día, un importante número de colegios han pasado a denominarse “de la abogacía” eliminando el término “abogados” en asambleas colegiales no exentas de polémica, y cuentan incluso con planes de igualdad. El Consejo General de la Abogacía Española tiene a una mujer como presidenta. Ha costado 70 años, pero se logró. El desarrollo normativo en materia de igualdad, la primera Ley de Igualdad de 2007, y diferentes reformas legislativas han generado cambios relevantes.
Se han dado pasos, pero aún hay cuestiones fundamentales como la inexistencia de permisos de maternidad y paternidad que asociados a un rol sexista, que no acaba de desaparecer, hace que un mayor número de mujeres abandonen en los primeros años el ejercicio de la profesión en busca de contrataciones por cuenta ajena que les garanticen sus derechos fundamentales. Aun encontramos en sala jueces y juezas que no favorecen en absoluto las medidas de conciliación e incluso cuestionan a quienes solicitan aplazamientos o suspensiones si tales peticiones tienen su justificación en los cuidados. Autoridades que tratan con desprecio a mujeres letradas en las asistencias, reuniones o espacios laborales. Y, como no, clientes que se consideran con derecho a violentar a la letrada que les asiste por tratarse de una mujer. Son prácticas inconcebibles en una democracia avanzada, que hay incluso quien cuestiona o minimiza, y que no desaparecerán únicamente por medio del reproche legal. Además de normas se precisa de la implicación de quien las aplica impartiendo justicia, de quien forma parte de lo que se consideran operadores jurídicos y de la sociedad para que realmente se produzca una transformación.
El gran reto de la justicia, como una herramienta más para alcanzar la igualdad real y efectiva, está en incorporar la perspectiva feminista al aplicarla a todos los niveles, desde un enfoque de igualdad y no discriminación, tal y como predica la constitución. Reto, por otro lado, que no deja de ser sustancialmente el mismo que tenemos como sociedad.
