La integración de la inteligencia artificial generativa (“IAgen”) en la práctica jurídica está marcando un punto de inflexión en la forma en la que los múltiples operadores del sector ejercemos nuestro trabajo en los distintos ámbitos de la profesión. Todo cambio genera incertidumbre y ésta se acentúa si el cambio proviene de un sector tan ajeno tradicionalmente a la práctica jurídica como es la tecnología. Sin embargo, tras unos meses de trabajo intenso con la IAgen como compañera, creo que frente a la percepción de que la automatización y la tecnología pueden desplazar el trabajo humano, esta revolución debe entenderse como una oportunidad para redefinir el ejercicio profesional, optimizando procesos y permitiendo a los profesionales dedicar su tiempo a cuestiones de mayor valor añadido.
La oportunidad es única para todos, pero en concreto para las mujeres juristas actualmente integradas en las distintas organizaciones del sector, pues este cambio supone una ocasión excelente para liderar y dejar nuestra impronta en un entorno en construcción. La IAgen aún está en proceso de desarrollo y adaptación al sector legal, lo que abre un espacio propicio para que las profesionales del derecho participemos activamente en su configuración. Es una oportunidad para romper con paradigmas tradicionales y aportar una visión que permita corregir sesgos en los modelos y algoritmos sobre los que trabaja la IAgen, garantizando que la tecnología responda a criterios de equidad y justicia.
Uno de los retos más complejos a los que nos enfrenta la inteligencia artificial en el sector legal es asegurar la transparencia y neutralidad de sus resultados. Los modelos de IAgen aprenden de datos históricos, que, a menudo, reflejan desigualdades estructurales. Sin una intervención activa y consciente de esta realidad, existe el riesgo de perpetuar estas brechas. Aquí las mujeres juristas pueden y deben desempeñar un papel fundamental en la validación y diseño de estos sistemas, asegurando que las herramientas tecnológicas sean instrumentos de progreso. Se trata de una tarea compleja que obliga a, por un lado, entender en detalle el funcionamiento técnico de las soluciones que se van a validar, y por otro a realizar un análisis crítico pero equilibrado de los resultados que arrojan. El equilibrio y el criterio en este ejercicio son fundamentales para obtener resultados que sean de verdad justos y que respondan a la realidad, sin caer en conclusiones de extremo que pueden ser contraproducentes. Abordar estos retos con responsabilidad y profesionalidad, involucrando en los procesos tanto a hombres como mujeres, es clave para diseñar escenarios y modelos de verdadera igualdad.
Más allá de ser un instrumento de impulso para mejorar las dinámicas de trabajo y catalizador para empujar cambios en el día adía, considero que la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa en la toma de decisiones fundamentales en materia de igualdad. Muchas organizaciones de todos los sectores, y el jurídico no es ajeno a ello, dedican esfuerzos desde hace años para promover la igualdad y diversidad en sus estructuras como activo que aporta valor interno y a la sociedad en la que desarrollan su actividad. Los planes que se ponen en marcha en este ámbito tienen, en ocasiones, un éxito limitado o poco visible. Una razón por la que el éxito de estos planes no sea el esperado, puede estar en que a la hora de diseñarlos, en ocasiones, se parte de datos subjetivos o no contrastados que pueden llevar a soluciones parciales o muy centradas en la experiencia personal del que los formula. Con la inteligencia artificial se abre la posibilidad de analizar grandes volúmenes de datos reales que pueden permitir detectar patrones de discriminación, identificar desigualdades reales en el ámbito laboral o evaluar prácticas empresariales desde una perspectiva de género objetiva. Con estos datos, se podrán impulsar reformas y diseñar políticas más eficaces sobre la base de un análisis objetivo de la situación de partida.
En este contexto, es fundamental que las juristas se involucren activamente en la incorporación de la inteligencia artificial en la profesión, tanto desde la práctica como desde el diseño y regulación de estas herramientas. Su participación garantizará que la evolución tecnológica responda a los valores de justicia, igualdad y diversidad, convirtiéndose en un motor de cambio positivo en la profesión.
La transformación digital del derecho está en marcha y las mujeres juristas no podemos quedarnos al margen.
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