La iniciativa de la Fundación Aranzadi LA LEY Mujeres por Derecho te ofrece con motivo del Día de la Mujer una selección de artículos de mujeres juristas con un eje común: el cumplimiento de la igualdad supone una forma de enriquecer y democratizar la sociedad. Desde su lanzamiento en abril de 2021 Mujeres por Derecho ha contado con la participación de más de 300 juristas, lo que le convierte en el foro de referencia para el debate sobre el pasado, presente y futuro del papel de las mujeres en la profesión jurídica.
Todas las mañanas, mientras desayuno y me preparo para ir a trabajar, escucho las noticias en la radio. Hace unos días, fue de actualidad un auto dictado por Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Catarroja (Valencia), encargada de la instrucción de la catástrofe que asoló parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. En dicho auto, la magistrada establecía «la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos» -en las inundaciones murieron 224 personas y hay tres desaparecidas todavía- considerando que la instrucción debía centrarse «en la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse».
La noticia, de indudable interés público, no fue dada como acabo de describir. Me llamó la atención mientras me bebía mi café que se transmitiese que el auto había sido dictado por “la jueza de la DANA”. Por deformación profesional y humano cotilleo, siempre trato de enterarme de qué compañero o compañera ha dictado una resolución mediática, puesto que somos cerca de 5.500 miembros de la Carrera Judicial en España y no es difícil que, siquiera por referencias, nos conozcamos. Por más que presté atención, en ningún momento se nombró a la compañera.
Un poco más tarde, revisando las noticias en redes sociales, observé con sorpresa como la noticia se difundía en la mayoría de los medios haciendo referencia, de forma reiterada, al auto dictado por “la jueza de la DANA”. En algunos diarios se nombraba a Nuria Ruiz Tobarra en el cuerpo del escrito, unas veces al inicio y muchas otras pasada la mitad del texto. En otros, sin embargo, no aparecía el nombre de la autora de tan relevante auto. Lo cierto es que no era sencillo saber cómo se llamaba, había que bucear en el texto para encontrar el nombre.
Un par de días después, “la jueza de Badajoz”, es decir, Beatriz Biedma, titular del juzgado de instrucción nº 3 de Badajoz, también era noticia porque había dictado un auto en el marco del procedimiento judicial por el que se investiga a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, en el que apuntaba que el puesto de trabajo del investigado podría haber sido el resultado de dar cobertura de legalidad a la satisfacción de sus propias preferencias personales. Aunque esta magistrada es más conocida –especialmente por haberse filtrado el interrogatorio de Sánchez, donde la magistrada tuvo un papel muy relevante–, solo en diarios de Extremadura he encontrado titulares en los que se diga “Biedma ha hecho esto” o “Biedma ha hecho esto otro”.
Esta situación contrasta con las noticias referidas a otros casos mediáticos, todos ellos relacionados con el Presidente del Gobierno. Abundan los titulares de prensa en los que se hace referencia al juez Hurtado, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargado de la instrucción del delito de revelación de secretos por el que se está investigando a Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado: “el Supremo avala por unanimidad la decisión del Juez Hurtado”, “Hurtado se plantea omitir del sumario los datos personales denunciados por García Ortiz”. Otras noticias hablan del juez Peinado, titular del juzgado de instrucción nº 41 de Madrid, que investiga a la esposa del presidente, Begoña Gómez, por diversos delitos relacionados con un supuesto tráfico de influencias. En ambos casos, los jueces tienen nombre. No se habla del “Juez de la revelación de secretos del Fiscal General del Estado” ni del “Juez de la esposa de Pedro Sánchez”. Son Ángel Hurtado y Juan Carlos Peinado.
La razón por la que esto sucede es porque, por más que las mujeres superemos el 50% de la Carrera Judicial, en el ideario colectivo se sigue pensando en los jueces como un conjunto de varones. Es tal la asunción del rol masculino en la Justicia que lo noticiable sigue siendo que el titular de un juzgado sea una “jueza”. Al hacer referencia al género en el apelativo “jueza” y obviar el nombre propio, se está siguiendo el sesgo de género inconsciente de que cuando el titular del juzgado es una mujer, ha de ser destacado, no así cuando es un varón, porque se supone que los jueces son varones y, por eso, se les puede designar por su apellido.
Este estereotipo de género está muy presente aún en la sociedad y yo, tras veinte años de profesión, puedo corroborarlo en mi día a día. En declaraciones en juicio, pese a que estoy delante de los justiciables a la vista de sus ojos, se sigue diciendo la frase “yo haré lo que diga el juez, acataré la sentencia” o “la sentencia del juez determinará cómo nos repartiremos los bienes”. Otro ejemplo: durante tres años estuve destinada en un partido judicial donde nos repartíamos las competencias en internamientos psiquiátricos entre dos juzgados donde las titulares éramos dos juezas. El 100 % de las veces en que se realizaban exploraciones de personas con trastorno psiquiátrico, la comisión judicial estaba formada por una magistrada, una médico forense y una Letrada de la Administración de Justicia. Sin embargo, los psiquiatras y personal de enfermería de los hospitales de nuestro partido judicial nos presentaban a la persona ingresada para ser valorada, haciendo referencia que “ya le habían avisado de que un juez iba a examinarle” ¿un juez? ¿quién?
Esta forma de actuar es instintiva e inconsciente, pero arrastra la inercia de separar a las mujeres de puestos tradicionalmente reservados a varones. De esta manera, seguirá viéndose poco natural que mujeres ocupen presidencias de órganos colegiados o salas del Tribunal Supremo. Mientras las juezas no tengamos nombre, seguiremos siendo una excentricidad que nos aleja de la igualdad plena.
En lugar de desgastarnos en imponer que se dirijan a nosotras como “la jueza” en lugar de “la juez” (a mí, personalmente, no me preocupa), creo que es más importante fomentar que en el espacio público nos traten a las juezas y magistradas de forma semejante a los compañeros varones y que nuestro género no sea ni un obstáculo ni una extravagancia, sino algo consustancial a nuestra persona que en nada afecta al desarrollo de nuestra profesión. Esperemos que los avances en igualdad permitan que esto suceda.
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