La Policía judicial accederá a todas las parroquias de España
El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.
En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento".
Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado "alzamiento nacional" de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.
El juez especifica que las fosas comunes se encuentran en el cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). Garzón pide además "las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público".
Solicita también al Centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura– que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Pide además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica
En su providencia, el magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España –un total de 22.827– que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del "alzamiento nacional" a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
Además, requiere a una de las partes personadas que aporte "toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas" para que "estas exhumaciones puedan ser controladas" por su Juzgado, tanto en su ejecución, como en su resultado una vez que resuelva si procede o no admitir a trámite la causa.
