El acceso a la Educación y a la Sanidad Pública quedarían cancelados al extranjero irregular.
En junio de 2008 se remitió a las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la normativa sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que data de hace nueve años. Se buscaba la adaptación a una nueva coyuntura de España, que recibió en un período relativamente corto de tiempo un elevado número de inmigrantes, animados por expectativas de cobertura social y facilidad de trabajo sobre todo en el sector de la construcción –también al margen de la Ley-; y ahora está en las primeras posiciones de la crisis económica de la UE. Además, se trataba de adecuar la Ley a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y trasponer diferentes Directivas aprobadas en la Unión Europea.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cáritas Española y la Red Acoge han advertido acerca de que, en caso de salir adelante la reforma de la Ley de Extranjería tal cual entró en las Cortes generales, -el contenido lo pueden ver en la reseña que hicimos en Legal Today en su día-, los inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular quedarán fuera de la Sanidad y la Educación públicas, dado que no les estará permitido el acceso al padrón, cosa que es imprescindible para poder optar a estos servicios públicos.
Y es que la Exposición de Motivos que precede al anteproyecto de la ley identifica el concepto "residencia" con el de "autorización de estancia o residencia legal". Por ello, cuando el artículo 6.3 del texto dice que los ayuntamientos incorporarán al Padrón a los extranjeros que residan en su territorio, excluye a los irregulares.
Para la coordinadora del Área de Análisis y Desarrollo Social de Cáritas Española, Ana Abril, esto tendrá una doble consecuencia: por un lado, supondrá un recorte del derecho a asistencia sanitaria y a la educación de los inmigrantes. Además -según prosiguió-, la realidad se hará menos mesurable para los ayuntamientos, dado que carecerán de una clara percepción de cuántos habitantes efectivos hay en cada municipio.
Las organizaciones plantean una posible inconstitucionalidad
Entre las propuestas de enmienda presentadas por las organizaciones citadas, destaca la modificación del artículo relativo al acceso a la educación de los extranjeros (art. 9) , precepto modificado por el Tribunal Constitucional para hacer efectivo este derecho y que en la propuesta del Gobierno podría rozar la inconstitucionalidad ya que, según explicó la coordinadora del Área de Análisis y Desarrollo Social de Cáritas , la reforma limita de forma clara el acceso a la educación no obligatoria.
Asimismo, las ONG denuncian restricciones para los extranjeros en materia de vivienda social (art. 13), ya que el anteproyecto de reforma plantea la residencia de larga duración más de cinco años legalmente "En todo caso, los extranjeros residentes de larga duración tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que los españoles" como condición para el acceso a estas ayudas. Dicho precepto, desde su punto de vista, merman en exceso el derecho.
Por otra parte, la directora técnica de Red Acoge, Begoña Santos, llamó la atención acerca del endurecimiento del régimen sancionador para extranjeros con medidas como la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento previo a que sean expulsados. Se trata de una de las medidas de la Directiva de Retorno, que analizamos en profundidad en Legal Today.
Por último, las organizaciones valoraron negativamente las restricciones que la reforma pone para las reagrupaciones (art. 18). En su opinión, ello "no servirán para construir una sociedad más justa a largo plazo".
¿Quiere leer el Proyecto de reforma de la Ley de Extranjería?
