El envejecimiento de la población europea implica adaptar los sistemas de Seguridad Social y de pensiones en los Estados miembros, tal y como aseguran los eurodiputados en una resolución aprobada por el pleno del Parlamento Europeo. Permitir que se siga trabajando tras la edad de jubilación o lograr integrar un mayor número de trabajadores en el mercado laboral son algunas de las soluciones propuestas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
La resolución aprobada por el pleno de la Eurocámara se basa en un informe redactado por la eurodiputada alemana Gabriele Stauner, según el cual hoy, por cada persona mayor de 65 años hay cuatro trabajadores que cotizan a la Seguridad Social.
El texto también subraya que, según datos de 2008, "la Unión Europea gasta el 27,2 por ciento del PIB en protección social" y que "la mayor parte se gasta en prestaciones para la vejez y pensiones (46 por ciento)". La edad media de los ciudadanos de la Unión Europea es actualmente de 39 años; pero de continuar la actual tendencia al envejecimiento de la población, en 2050 se situará en los 49 años de edad.
A pesar de que un estudio de la Comisión sobre el futuro demográfico de Europa publicado en 2007 alerta de que la Unión Europea podría necesitar hasta 56 millones de trabajadores inmigrantes, el Eurobarómetro indicó recientemente que sólo cuatro de cada diez ciudadanos consideran que los inmigrantes realizan una contribución a su país.
En nuestro país, las cuentas de la Seguridad Social arrojan en estos días un saldo positivo de 19.283,39 millones de euros, frente a 19.392,83 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de ejecución reflejados en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.
Al igual que viene sucediendo en meses anteriores, los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe de 1.000 millones de euros, lo que implica la disminución del superávit a esta fecha. Este resultado, como es habitual, se reducirá en diciembre, debido a la paga extraordinaria de los pensionistas, funcionarios y trabajadores de la Seguridad Social cuyo importe se cifraría, según previsiones, en 5.900 millones de euros; y a la paga de desviación de inflación de los pensionistas correspondientes a 2008.
Por otro lado, se constata que el envejecimiento de los europeos implica que cada vez haya menos trabajadores en el mercado laboral, y por tanto menos personas que contribuyen económicamente a la seguridad social; mientras que aumenta el número de personas que perciben una pensión.
Ante esta situación, Stauner propone "reforzar los contratos de trabajo de duración indefinida como la forma dominante de empleo", como forma más adecuada para garantizar "el respeto de los derechos fundamentales", aunque puntualiza que "también se deben proteger los derechos de los trabajadores con otras pautas laborales, incluido el derecho a una pensión que permita a los jubilados vivir con dignidad". Insta a los Estados miembros, a la luz de la Estrategia de Lisboa y de la necesidad de adoptar medidas para cubrir los riesgos sociales, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y de pensiones y mantener el núcleo de los modelos sociales europeos; que realicen mayores progresos para equilibrar el gasto social y la activación social y, además, para atraer y retener a más personas en empleos de calidad, seguros y de cotización obligatoria a la Seguridad Social, promoviendo el crecimiento, la creación de empleo y el acceso al mismo mediante una mayor transparencia del mercado, modernizar los sistemas de protección social (por ejemplo mediante una mayor diferenciación en las fórmulas de beneficio y mecanismos de financiación) y aumentar la inversión en capital humano promoviendo la investigación y el desarrollo, así como la innovación, y mejorando la educación y la formación profesional en el contexto del aprendizaje permanente para todos.
Otras medidas propuestas consisten en permitir que se siga trabajando más allá de la edad establecida para la jubilación, integrar a los estudiantes en el mercado laboral a través de la formación o luchar contra la discriminación. También se insiste en "la necesidad de establecer políticas activas de empleo para las mujeres, los jóvenes y las personas mayores"
