Desde Aranzadi LA LEY hacemos un nuevo repaso «exprés» a las novedades jurídicas de los últimos días.
De la parte normativa destacamos cómo la inteligencia artificial está ya siendo un aspecto habitual en las novedades legislativas: estos días, por ejemplo, el BOE publicaba una Resolución de la Agencia Tributaria sobre el Plan de Control Tributario 2025 que regula la inteligencia artificial para perseguir el fraude, además una nueva batería de medidas.
Esta semana también ha habido plenos en las cámaras y en el Congreso se debaten las enmiendas que vienen del Senado de la Ley de desperdicio alimentario.
En el Consejo de Ministros, luz verde:
- Al Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Menores en Entornos Digitales.
- Real decreto para transponer la directiva europea que establece los criterios para calcular los gravámenes y las bonificaciones por el uso de las infraestructuras viarias.
- Y modificación de la Ley de extranjería.
En la parte de novedades jurisprudenciales, apuntamos que continúan las aclaraciones de la nulidad de contratos de préstamos bancarios:
- Por una parte, el TJUE ha determinado que el interesado tiene derecho a que se le explique cómo se ha tomado la decisión que le afecta en cuanto a la negación automatizada de un préstamo.
- Y, por otra, el Tribunal Supremos, establece con respecto a las tarjetas revolving, que por usura sólo se reclamarán las cantidades pagadas en los últimos cinco años, pero por falta de transparencia, al no estar limitada la restitución recuperaría el cliente todo.
La Sala Primera también ha declarado la incompetencia del orden civil para conocer de las demandas sobre aplicación de medidas de reequilibrio por el Covid a los contratos de alquiler de locales para la restauración en aeropuertos y lo deriva a la jurisdicción contencioso-administrativa, al considerarlo concesiones administrativas.
Y cerramos con la resolución de la Sala de lo Social, que ha establecido que la denegación de la mutua a emitir el certificado de evaluación de riesgos para lactancia no cierra a la trabajadora la vía para impugnar.
