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01/07/2022. 22:20:08

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Aumentan los asuntos ingresados, los concursos y las demandas por despido

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Si hay un término que define las conclusiones de los últimos datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el estado de salud de los juzgados y tribunales españoles, ese es “aumento”. Los efectos de la crisis se están dejando notar, en mayor o menor medida, en la actividad de los órganos jurisdiccionales. Tres titulares ofrecidos por el órgano rector de los jueces ponen negro sobre blanco esta tendencia en el tercer trimestre del año: “El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales aumentó un 1,7 % respecto al año anterior”; “Los concursos de personas físicas presentados aumentan un 63,4 % como consecuencia de la crisis económica causada por el COVID-19” y “Las demandas por despido aumentaron un 34,3 %”.

En cuanto al primero de los titulares, extractamos tres destacados que resumen la tendencia marcada en el tercer trimestre: “En todas las jurisdicciones, salvo en la Penal, se han observado incrementos interanuales en el ingreso y resolución de asuntos”; “Los asuntos del orden Social son los que más han aumentado al registrarse 117.290, un 16,9 % más que hace un año” y “La pendencia aumenta un 13,4 % como consecuencia de la paralización de la actividad judicial tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus”. Los analizamos en mayor detalle tras una breve visión general:

Incremento global de los asuntos ingresados del 1,7 %

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año los órganos judiciales de toda España registraron un total de 1.440.753 nuevos asuntos, cifra que supone un incremento del 1,7 % respecto al tercer trimestre del año anterior. La cara de la estadística la ofrecen los asuntos resueltos, que se incrementaron en un 4,8 %, al alcanzar la cifra de los 1.337.634 asuntos. Pero existe una cruz, ya que a pesar del incremento en casi cinco puntos de la tasa de resolución, la de pendencia arroja que  los 3.167.116 asuntos que quedaron por resolver conllevan un incremento del 13,4 % con respecto al mismo periodo de 2019, “lo que ha situado la pendencia en un nivel superior al de finales de 2011”, según destaca el CGPJ, quien apunta además que este incremento de la pendencia “es consecuencia de la paralización de la actividad judicial en el segundo trimestre del año tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus”.

Jurisdicción penal

En cuanto a la jurisdicción penal y como hemos adelantado, es la única que ha mostrado una disminución tanto en el número de asuntos de nuevo ingreso como en el de asuntos resueltos. En el tercer trimestre de 2020 tuvieron entrada 734.117 asuntos, lo que representa una disminución interanual del 5 %. En concreto, se resolvieron 694.279, los que representa un 4,7 % menos que hace un año, mientras que quedaron en trámite 850.557 (un 13,9 % más).

En el otro extremo se sitúa la jurisdicción social, ya que ingresó 117.290 asuntos, un 16,9 % más que en el mismo trimestre de 2019. En cuanto a la tasa de resolución, alcanzó los 75.922 asuntos, un 10,4 % más, y quedaron en trámite 388.063 (un 23,1 % más).

También con un incremento relevante de ingresos, aunque en menor medida, la jurisdicción contencioso-administrativa recibió 55.880 nuevos asuntos, lo que supone un incremento interanual del 6,2 %. En este ámbito se resolvieron 44.653 asuntos, un 16,9 % más que el año anterior, y quedaron en trámite 218.245, un 5 % más que en el mismo periodo de 2019.

Tasa de litigiosidad de 30,4 asuntos por cada 1.000 habitantes

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 30,4 asuntos por cada 1.000 habitantes, si bien se han producido importantes diferencias por territorios. Así, las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (40,5), Andalucía (33,9), Baleares (31,7) y Comunidad Valenciana y Madrid (31,2). Los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (19,9), País Vasco (22,2) y Navarra (22,5).

Tras unos meses de estancamiento, cuando no de parálisis a causa del impacto en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre del año que tuvieron el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene, en el tercer trimestre se ha producido la reactivación de la actividad y los efectos de la crisis económica provocada por el COVID-19. Según los datos ofrecidos por el informe periódico Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, uno de los procedimientos que se vieron más afectados fueron los concursos y en concreto los presentados por las personas físicas no empresarios (1.868), con un incremento del 63,4 % con respecto al mismo periodo del año anterior (julio, agosto y septiembre de 2019). Cataluña fue la Comunidad Autónoma con más concursos de personas físicas presentados, 459, que representan el 24,6 % del total nacional. Le siguieron Madrid con 274; la Comunidad Valenciana, con 262; y Andalucía, con 254.

Sumando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, se alcanzó la cifra de 3.649 concursos presentados. El total de concursos presentados ha experimentado un incremento del 34,2 %. En el tercer trimestre de 2020 llegaron a la fase de convenio un total de 62 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 703, un 15,6 % más que en el mismo periodo de 2019.

En los Juzgados de lo Mercantil se presentaron 1.781 concursos, un 13 % más que en el tercer trimestre de 2019. Como en trimestres anteriores, Cataluña fue la Comunidad Autónoma donde se registraron más concursos en los Juzgados de lo Mercantil: 617, lo que supone el 34,6 % del total nacional. Le siguieron Madrid, con 325; la Comunidad Valenciana, con 263; y Andalucía, con 119.

Los ERE se incrementan un 17,2 %

La estadística también refleja un notable incremento de los ERE. Los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), presentaron 102 expedientes, un 17,2 % más que en el tercer trimestre del año anterior. Además, y como consecuencia de las moratorias establecidas primero en el Real Decreto-Ley 16/2020 y, posteriormente, en la Ley 3/2020, de medidas procesales y administrativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en los Juzgados de lo Mercantil no se admitió en el periodo analizado ningún concurso consecutivo.

Las demandas por despido aumentaron un 34,3 %

Los efectos de la crisis sanitaria están afectando de forma muy especial al mercado laboral en general y al incremento de la destrucción de empleo en particular. Cabe recordar que, tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo y en tan solo dos semanas, se destruyeron alrededor de un millón de puestos de trabajo. La sangría pudo ser frenada gracias a medidas de urgencia como la aprobación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), diseñados para frenar el impacto del coronavirus en el mercado laboral mediante el pago de los costes salariales de las empresas afectadas por la pandemia.

A pesar de todo y tal y como consta el CGPJ, durante en el tercer trimestre del año las demandas por despido aumentaron un 34,3 % con respecto al mismo trimestre de 2019. En total se presentaron 41.597. Por territorios Madrid, con 10.054 (el 24,2 % del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo; le siguieron Cataluña, con 7.397 demandas; Andalucía, con 6.425; la Comunidad Valenciana, con 4.438; y Canarias, con 2.244.

Aumento de las demandas por reclamaciones de cantidad En este periodo también aumentó el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social. Fueron un total de 32.446, un 12,8 % superior a las presentadas en el tercer trimestre de 2019. De ellas, 6.544 se presentaron en Andalucía (el 20,2 % del total); 5.261, en Madrid; 3.407, en Cataluña; 2.745, en la Comunidad Valenciana; 2.425, en el País Vasco; 2.414, en Galicia; y 2.254, en Canarias.

 

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