El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha manifestado que el Ministerio estudiará la posible reforma de las leyes que regulan la interrupción del embarazo y el derecho a una vida digna, porque, según ha dicho, las leyes, como todo, «envejecen y hay que renovarlas».
Así lo ha manifestado en relación a las
conclusiones que se han obtenido del congreso, que se ha celebrado bajo el
título "Frente a la intolerancia y la exclusión social", entre las
que está pedir una urgente reforma legislativa de ambos aspectos por considerar
que las leyes actuales no garantizan los derechos de los afectados.
El ministro, que ha destacado la necesidad de aprobar un nuevo Código Procesal
Penal, consensuado por todas las partes, y que ha señalado que lo más inminente
será la aprobación de un paquete de 21 leyes procesales, fundamentales para
poner en marcha la Oficina Judicial, ha felicitado a la UPF por ser algo más
que una asociación de fiscales, por su compromiso social con los más
desfavorecidos, y "por haber puesto una vez más el dedo en la llaga".
En el acto de clausura del XXIII Congreso de la UPF, la presidenta de este
colectivo de fiscales, Gabriela Bravo, ha entregado el Premio "Jesús
Vicente Chamorro", con el que se reconoce a las personas que se han
destacado por su labor a favor de los más desprotegidos, a Enrique Castro,
sacerdote de la parroquia de San Carlos Borromeo, en el barrio de Entrevías de
Madrid, donde convive con jóvenes marginados, drogadictos y enfermos de SIDA.
También Gabriel Bravo ha leído las conclusiones de las cuatro mesas redondas
que se han celebrado a lo largo del congreso sobre aborto y eutanasia; exclusión
social y discapacidad; intolerancia ante la homofobia y la xenofobia, y la Ley
de Retribuciones y el Estatuto del Ministerio Fiscal.
En materia de aborto, la UPF exige que la sanidad pública garantice en todo el
territorio español la prestación sanitaria necesaria para la interrupción
voluntaria del embarazo en los supuestos legales.
Al mismo tiempo, ha denunciado la instrumentalización de la ley por sectores
reaccionarios, "en ocasiones apoyados por alguna administración pública
con la esperanza de eliminar el derecho de las mujeres a decidir, por
motivaciones puramente ideológicas y religiosas incompatibles con el Estado
Laico".
Sobre la eutanasia ha estimado "necesaria una reforma del Código Penal
para que regule la despenalización de la eutanasia, garantizando el derecho a
una muerte digna.
En relación a los cuidados paliativos ha denunciado "el inaceptable acoso
y persecución a que se ha visto y se ven sometidos diversos profesionales
sanitarios de la Comunidad de Madrid, sobre la base de concepciones ideológicas
y religiosas".
En cuanto al racismo, la xenofobia y la homofobia, la UPF ha reclamado a la Fiscalía General del Estado una atención especial a esta forma de criminalidad, y "una respuesta que considere a estos grupos como crimen organizado".
