Tras la denuncia de dos ciudadanos un Juez de primera instancia resultó sancionado por el Consejo General del Poder Judicial por "abuso de la condición de Juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales". La instrucción del procedimiento sancionador se había extendido a lo largo de dieciocho meses, motivo por el cual el juez Sancionado solicitó la declaración de caducidad del expediente.
El Tribunal Supremo considera en la presente resolución que "ninguna razón permite sostener que no deba operar respecto de los jueces y magistrados esa garantía del procedimiento, la caducidad, que impide que el expediente sancionador pueda estar indefinidamente pendiente de resolución", y tras examinar todas las posibilidades legales decreta la anulación del expediente.