La industria química Ercros vendió en 1989 unos terrenos situados en la ciudad de Valencia a la empresa Prima Inmobiliaria, que a su vez fueron vendidos en 1994 a Inmobiliaria Colonial. En marzo de 1999 la empresa promotora descubrió que los terrenos estaban gravemente contaminados como consecuencia de la antigua actividad de la fábrica de fertilizantes que Ercross tuvo en la zona.
En la presente resolución el Tribunal Supremo confirmando anteriores sentencias de instancia considera que dado que Ercross contaminó, debe asumir los costes de limpieza. La empresa contaminante sostuvo que contaba con las autorizaciones precisas para llevar a cabo su actividad y que nunca recibió reclamación alguna de las autoridades.
El alto Tribunal razona que "cuando el daño ha sido producido como consecuencia de una actividad por la que se ha obtenido un beneficio económico", "no es el perjudicado el que debe demostrar la culpa del dañador" sino "que es éste quien tiene que probar que adoptó todas las medidas de precaución posibles para evitar el daño" con el objetivo de amparar a la persona "frente a un maquinismo desencadenado en beneficio de determinadas partes de la sociedad".
