La apropiación indebida, la corrupción y la manipulación contable representan el 52% de los fraudes en nuestro país.
La apropiación indebida de activos (28%), los sobornos y la corrupción (13%) y la manipulación contable (11%) representan los fraudes más repetidos en las empresas ubicadas en suelo español según Informe sobre delitos económicos y fraude empresarial en España, elaborado por PricewaterhouseCoopers, a partir de la encuesta global realizada entre julio y noviembre de 2009 que contó con la participación de 54 países y más de 3.000 encuestados.
En momentos de recesión económica como el actual, las motivaciones de determinados agentes para cometer fraudes se incrementan debido, fundamentalmente, a la exigencia por mantener el resultado económico de las compañías, así como la consecución de los objetivos previstos o establecidos.
Pese al aumento de acciones reguladoras y a los controles antifraude introducidos en los últimos años, el delito económico, en cualquiera de sus categorías, continua siendo una amenaza que afecta a las compañías.
El 53% de los encuestados por PricewaterhouseCoopers declara que el número de delitos en España se ha incrementado respecto al año anterior, frente al 40% en Europa y al 43% a nivel global. El informe destaca que estos datos indican que existe una mayor correlación entre crisis económica y fraude en España que en el resto de países. Aún así, los directivos españoles se muestran divididos ante este asunto ya que el 51% declara que dicha correlación es inexistente, mientras que el 49% afirma lo contrario. Las principales motivaciones a la hora de perpetrar un fraude económico en las compañías españolas son la voluntad de mantener, por parte del defraudador, su actual estilo de vida, la imitación de conductas irregulares por debilidades del entorno de control, o el enriquecimiento o la venganza a costa de su organización, entre otros muchos factores.
El estudio identifica tres hechos que elevan el riesgo del fraude:
- disminución de los recursos humanos disponibles y su focalización hacia áreas "más relevantes", lo cual conlleva una reducción de los recursos internos dedicados a la lucha contra el fraude.
- falta de recursos económicos, que implica una disminución de la inversión en el fortalecimiento de los controles y sistemas informáticos que permiten una temprana detección de irregularidades.
- dificultad para el cumplimiento de los objetivos y la presión por resultados, así como la consecución de bonus o retribución variable.
