Según datos del servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que es la jurisdicción civil la que lastra con más fuerza a la Justicia, la mayor parte de los asuntos tanto llegados como resueltos son de lo penal (6,64 millones en 2010). En el otro extremo está lo Contencioso-Administrativo, con 287.000 asuntos ingresados en ese período, y lo social, donde llegaron 444.000 asuntos y se resolvieron 402.000.
Las medidas tomadas por parte del Ministerio de Justicia para fomentar la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos se notan. Tal y como dijo la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en la rueda de prensa donde se hicieron públicos los puntos fundamentales del estudio "La Justicia Dato a Dato", "a lo largo de 2010 el sistema judicial español ha sido capaz de resolver más asuntos que en años anteriores, mientras que se reducía el número de casos que llegaban a sus juzgados y tribunales, y ahí radica uno de los motivos para el optimismo". A continuación, puntualizaba que "esta rapidez en la respuesta es especialmente loable en las jurisdicciones de lo Social y de lo Civil, en particular el área Mercantil, que como saben han sufrido un descomunal crecimiento de su carga de trabajo por la oleada de expedientes de regulación de empleo, despidos y crisis empresariales producida en los últimos años".
La media de sentencias dictadas por cada miembro de la carrera judicial creció en 2009 un 3,4 por ciento en el conjunto de las jurisdicciones, y en 2010 esta cifra volvió a crecer hasta el 5 por ciento en la jurisdicción civil. Sin embargo, ni el Estado ni las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia superan el 0,4 por ciento de sus respectivos productos interiores brutos en inversión para la administración de Justicia.
En 2010 descendió por primera vez en los últimos años el número de asuntos llegados a los juzgados y tribunales españoles. Fueron 9.355.000, un 2,2 por ciento menos que en 2009, cuando ingresaron 9.567.000. Además, la media de sentencias dictadas por cada miembro de la carrera judicial creció en 2009 un 3,4 por ciento en el conjunto de las jurisdicciones, y en 2010 esta cifra volvió a crecer hasta el 5 por ciento en la jurisdicción civil. Todo ello son datos que refleja el estudio presentado por el CGPJ.
La tasa de litigiosidad, por tanto, ha disminuido:
- En el año 2009, ingresaron 205 asuntos por cada 1000 habitantes en los juzgados españoles.
- En el año 2010, ingresaron 199 asuntos por cada 1000 habitantes en los juzgados españoles.
Ello representa una disminución de un 2,8 % en un año.
Gabriela Bravo ha recordado a la Administración la necesidad de que los jueces cuenten con los medios materiales necesarios para trabajar; haciendo alusión a que un sistema judicial fuerte es también una garantía económica para un país.
Por su parte, el vocal Antonio Dorado denunció la escasa inversión en Justicia, que apenas alcanza el 0,38 por ciento del Producto Interior Bruto.
Andalucía, Madrid, Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana son las comunidades con una más alta tasa de litigiosidad, por encima de los 200 asuntos por cada 1.000 habitantes. Por debajo de la media nacional se sitúan La Rioja y el País Vasco. Mientras que en las jurisdicciones Civil y Penal apenas ha variado el número de asuntos ingresados, la disminución ha sido más evidente en los órdenes Social y Contencioso-Administrativo.
Conforme a los datos presentados, la Comunidad de Castilla-La Mancha es la que tiene una tasa más alta de asuntos pendientes de resolver en las sedes judiciales, con una pendencia del 0,5 por ciento. Le sigue Murcia, con un 0,47 por ciento y la Comunidad Valenciana e Islas Baleares con 0,41 por ciento. En total, la media de pendencia en España es del 0,35 por ciento.
Este alto número de pleitos pendientes de resolver en Castilla-La Mancha, se explica acudiendo al número de miembros de la carrera judicial por cada 100.000 habitantes: dicha Autonomía tiene 8,4, muy por debajo de la media en España, que es 12,2 jueces cada 100.000 habitantes.
Por encima de Castilla-La Mancha aparece la Región de Murcia, con 9,5 jueces por cada 100.000 habitantes. La Comunidad Autónoma con un número más alto de jueces del país por cada 100.000 habitantes es Cantabria, con 12,2. Igualmente se ha constatado que las resoluciones se recurren menos.
