Solemos ser críticos con las leyes, y el que hayan salido nuevas pautas generales puede agudizar aún más nuestra malicia para juzgarlas. Pero lo cierto es que, política aparte, la mejora de la calidad de las normas se ha vuelto una prioridad para los países de nuestro entorno. En España, y partir de ahora, ampliando los puntos que había, competencia, incidencia presupuestaria, impacto de género y orden constitucional de distribución de competencias son los puntos que cualquier normativa que se dicte tendrá que calibrar. Así lo dispone el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo.
Hay la creencia generalizada de que cada Administración arrima el ascua a su sardina. El que esto sea, en un caso o en otro -usted sabe el pastel milhojas administrativo que hay en España- cierto, dependerá de la incidencia que tenga la coyuntura mediática, política, económica, en cada momento y en cada territorio. También, de quién redacte y supervise la norma.
Nuestra mirada crítica, propia por otro lado de la idiosincrasia española, es difícilmente matizable, pero sí se puede atajar, sobre todo si hay criterios previos a la hora de legislar.
A partir de ahora, estará unificado en una única memoria los análisis sobre el impacto de las normas que vayan saliendo, en sus consecuencias jurídicas, económicas, presupuestarias o de distribución de competencias. En virtud de ello, deberá motivarse la oportunidad y la necesidad de la norma; y tendrá que hacerse una valoración ponderada acerca de las alternativas existentes para la consecución de los fines que busca la norma a redactar.
Además, se analizarán las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se derivarán para los agentes afectados, así como su incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias.
En este sentido, ya hace más de cuatro años, en marzo de 2005 la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, "Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea", la Comisión recomendaba que todos los Estados miembros estableciesen estrategias para legislar mejor y, en particular, sistemas nacionales de evaluación de impacto que permitiesen determinar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de una norma, así como las estructuras de apoyo adaptadas a sus circunstancias nacionales.
Desde la Comisión Nacional de la Competencia se afirma que la inclusión del análisis de competencia como obligatorio en las futuras Memorias está en línea con dos de los documentos más importantes que ha hecho públicos la Comisión Nacional de la Competencia desde su creación: las Recomendaciones a las Administraciones Públicas para una regulación más eficiente de los mercados y más favorecedora de la competencia y la Guía para la elaboración de memorias de competencia de los proyectos normativos.
