"La Justicia española ha sido tradicionalmente la gran olvidada dentro del conjunto de los poderes del Estado, y ello contrasta con su posición de clave de bóveda de todo nuestro Estado de Derecho".
En su primera comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados desde que, en el mes de septiembre pasado, Carlos Dívar tomó posesión de su cargo como Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha puesto énfasis en la necesidad de «remar todos juntos» para que la Justicia, golpeada por la opinión pública, mejore. Ha reclamado una «respuesta de Estado» para superar los trastornos que se viven cada día en las sedes judiciales por falta de personal y excesiva carga de trabajo.
Carlos Dívar afirmó en su discurso que el que todos los poderes colaboren hacia la mejora del servicio público de la Justicia es algo capital, en unos momentos en que se encuentra en entredicho en no pocos lugares de la opinión pública. Formuló esto, no con el fin de diluir la responsabilidad que corresponde a los Jueces, sino -desde otro punto de vista, y partiendo de la idea manifestada de la Justicia como una tarea pública común– con el propósito de llamar la atención sobre la necesidad de aunar esfuerzos individuales, de remar todos juntos en la misma dirección, coordinadamente pero cada uno desde su compromiso particular, en búsqueda de su mejora.
Dívar puntualizó que, de todos modos, no es la primera vez que se habla de crisis en la Justicia española; una palabra que ha acompañado al quehacer jurisdiccional a lo largo de décadas. Tampoco es la primera vez -prosigue el discurso- que se habla de la necesidad de una respuesta de Estado, desde el acuerdo de todos, que coloque a la Justicia en el lugar que le corresponde, con estabilidad y alejada del devenir marcado por la coyuntura política. No se trata, matizaba Dívar, de un tópico, ni de retórica vacía, sino de una exigencia moral de todo estado de Derecho que se precie de serlo, y también de un clamor social.
Sin embargo, hablar genéricamente de la crisis de la Justicia, sin descender de la abstracción general al terreno de la identificación de sus problemas y necesidades, no le parece al Presidente del CGPJ la vía más adecuada para afrontar sus retos con expectativas de éxito. A propósito de este asunto, le parece a Carlos Dívar de justicia reconocer el compromiso asumido desde las Cámaras, a lo largo del periodo constitucional; por la modernización del ordenamiento jurídico, por dotar a los Jueces y Magistrados de instrumentos legales adecuados a los fines constitucionales a los que sirven. Y también es de recibo destacar el esfuerzo presupuestario asumido durante ese mismo periodo por las Administraciones -lo que es lo mismo que decir que por todos los españoles-, en la mejora y modernización de la Justicia, desde la dotación de medios humanos hasta la puesta al día de las infraestructuras judiciales. Con todo, y pese a ello, es evidente, para Dívar, que la tutela judicial sigue sin obtener el grado de efectividad esperado. Además, aún estamos lejos de alcanzar las cotas de satisfacción ciudadana deseables, a treinta años de la Constitución.
El Poder Judicial aparece entre las instituciones públicas peor valoradas, en términos absolutos y relativos, y es el único de los poderes públicos cuya imagen se viene deteriorando progresivamente, pese al general reconocimiento de su importancia como pilar del Estado. A esa percepción contribuye el hecho -continúa Dívar- de que la Justicia haya aparecido tradicionalmente ante los ojos de los ciudadanos como una institución lejana y opaca, cuyos mecanismos no son fáciles de asimilar; en una sociedad que exige cada vez mayor inmediatez a la respuesta del Estado en situaciones de controversia jurídica.
