El Consejo General de la Abogacía Española junto a UNICEF piden que se garantice el cumplimiento de los derechos de los niños.
El Consejo General de la Abogacía Española y UNICEF España, con el apoyo de la Fundación Cultural Banesto, presentaron ayer el informe “Ni ilegales ni invisibles: Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España”. Este informe, el primero realizado en la materia en España desde una perspectiva sociojurídica, aborda la situación de los miles de menores extranjeros, acompañados y no acompañados, que residen en nuestro país.
No hay datos fiables acerca del número exacto de niños extranjeros en España, ni de la situación de cada uno de ellos. La indefensión de los menores, unido a la sombra en que se mueven, hace que ese asunto se convierta en primordial en el sistema normativo de un país desarrollado y con alta tasa de recepción de inmigrantes.
Para la elaboración de este Informe presentado ayer en la sede del CGAE se solicitaron datos a 700 organismos e instituciones. Es relevante el hecho de que el ochenta por ciento de ellos no dieron ningún tipo de respuesta. Aparte de ello, se recabaron datos que incluso llegan a ser contradictorios, entre la Administración central y las autonómicas. Por ello, una de las recomendaciones del Informe es la urgente necesidad de mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones y la puesta en marcha del Registro Nacional de Menores Extranjeros No Acompañados previsto legalmente, con datos de todas las instituciones implicadas, en el art. 111 del Proyecto de Reforma de la Ley de Extranjería.
Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y ante la ya iniciada reforma de la Ley de en España, el CGAE y UNICEF han hecho un llamamiento para que en las cuestiones que hoy más afectan a los menores extranjeros en general -determinación de edad, documentación, tutela, repatriación, asistencia letrada, integración, reagrupación familiar, etc.- se priorice "la consideración de menor sobre la consideración de extranjero" tal y como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño que España ratificó en 1990.
Propuestas de mejora
Las propuestas concretas para mejorar la situación han girado sobre la necesidad de establecer un protocolo que se ocupe de:
- Garantizar que los menores extranjeros no acompañados tengan información acerca de sus derechos y asistencia letrada desde el primer momento. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían comunicarse con el Colegio de Abogados del lugar en el que sea detectado el menor extranjero no acompañado para que los Colegios puedan poner en marcha el correspondiente procedimiento de designación de abogado de oficio.
- Dotar a dichos menores de asistencia multidisciplinar desde el momento de su localización (abogados, médicos, psicólogos, intérpretes, etc.).
- Asumir la tutela de los mismos desde el primer momento.
- Documentar al menor extranjero no acompañado en el plazo previsto por la normativa aplicable cara a evitar que alcance la mayoría de edad en situación irregular. La Fiscalía de menores debería supervisar que se les dé una autorización de residencia transcurridos nueves meses desde su declaración de desamparo; así como que los menores mayores de 16 años que se encuentren en centros y quieran trabajar cuenten con una autorización de trabajo.
- Llevar a cabo la repatriación con todas las garantías, localizando previamente a la familia y haciendo un estudio pormenorizado de ella así como de la integración del menor en España para garantizar la protección de sus intereses.
