La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha eludido validar el «Programa Concreto de Actuación» elaborado por el Ministerio de Justicia para paliar la situación existente tras la huelga de funcionarios. Fuentes de este órgano han señalado que el documento remitido por el departamento de Mariano Fernández Bermejo es un simple borrador, por lo que esperarán a conocer el plan definitivo antes de pronunciarse sobre el mismo.
Este borrador, que contempla al menos tres meses de trabajo 'extra' remunerado, a cumplimentar en dos o tres tardes a la semana, de lunes a jueves, había sido dirigido al CGPJ por el director general de relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena.
En su preámbulo, el plan de Justicia rechaza la propuesta realizada el pasado 8 de abril por el órgano de gobierno de los jueces para constituir una "comisión paritaria" entre ambas instituciones con el fin de programar conjuntamente las actuaciones.
Arozamena se limita a agradecer "interés" del Consejo en este asunto y, "por estar ya muy avanzado el diseño del Programa Concreto de Actuación", le traslada el borrador "de modo que pueda pronunciarse acerca del mismo, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 516 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)".
Además, el Ministerio informó que actualmente está ultimando el Plan correspondiente al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, "que será remitido en breves fechas"
PLAN DE REFUERZO
La participación en el plan, según propone el Ministerio, tiene carácter voluntario y su aceptación "supone un compromiso de incremento de dedicación que contribuya a obtener los objetivos fijados". El plan previsto es de tres meses prorrogables por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y la decisión respecto a la prórroga estará condicionada al cumplimiento de determinados objetivos.
Así, sin perjuicio de la obligación de cumplir la jornada laboral ordinaria, los participantes en el plan asumirán la obligación de asistir al trabajo durante dos o tres tardes a la semana, de lunes a jueves durante un mínimo de dos o tres horas cada tarde. Además, se prolongará la jornada ordinaria en cómputo semanal hasta alcanzar las 40 horas.
Los "objetivos concretos del plan", por meses son: Durante el primer mes se tratará de poner al día el reparto de documentos llegados entre el 4 de febrero y el 4 de abril, que duró la huelga, así como proceder a los actos de comunicación, lanzamientos y embargos pendientes; durante el segundo mes se dará prioridad a la incoación y tramitación de asuntos; y durante el tercer y último mes de refuerzo a la tramitación de las ejecutorias pendientes.
A cambio, se prevé abonar a los funcionarios un complemento de productividad que variará en función del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. El devengo de este complemento "no originará derecho alguno a su mantenimiento en periodos sucesivos" y el Ministerio podrá suspenderlo "si no se cumplen los objetivos establecidos".
Para elaborar su plan, el Ministerio de Justicia ha realizado una "valoración exhaustiva" de la situación de cada órgano a partir de los datos que le han remitido los secretarios de Gobierno, los secretarios coordinadores provinciales y el resto de secretarios judiciales. Además, remarca que se han observado "con escrupuloso respeto los criterios pactados " con los sindicatos en el documento de fecha 6 de abril que dio fin a la huelga.
