El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Javier Martínez Lázaro, perteneciente al sector progresista de este órgano y encargado del Plan de Urgencia para las medidas de refuerzo en los juzgados, propone abrir una investigación a los titulares de los órganos destinados a la Ejecución Penal que, pese a los refuerzos con los que se les ha dotado, no alcanzan el mínimo de rendimiento.
Entre ellos se encuentra el Juzgado de Ejecuciones número 2 de Madrid, del que es titular el magistrado Eduardo López Palop, quien denunció públicamente que la situación de colapso en este órgano le situaba 'encima de un polvorín'. Según los datos del Consejo, y pese a contar con el refuerzo que solicitó, el Juzgado de López Palop sólo resolvió durante 2007 el 81 por ciento de los asuntos que le correspondían como mínimo, mientras que en otros órganos, con mayor volumen de trabajo, las mencionadas ayudas sí dieron resultado.
La propuesta de investigar a los Juzgados en los que el refuerzo está fallando, que son seis sólo en Madrid, se incluye en un escrito remitido por Martínez Lázaro a la Comisión Permanente del CGPJ, que se reunirá mañana para estudiar las medidas oportunas a la vista de un informe de los Servicios de Inspección de este órgano, hecho público ayer, que cifra en un total de 269.450 las sentencias de lo penal que están pendientes de ser ejecutadas. Los datos corresponden a diciembre de 2007.
En el mismo escrito, el vocal pide que se aclare que aunque los medios de comunicación se refieren a la existencia de sentencias sin ejecutar, dicho dato no es exacto, porque la cifra de cerca de 270.000 causas (que se elevan a 400.000 si se tienen en cuenta los Juzgados de Instrucción, Violencia contra la Mujer, Menores, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional), corresponde a procedimientos cuya ejecución se está tramitando, lo que no significa que se encuentren paralizados o pendientes de cumplirse.
Así, explica que la expresión 'pendientes de ejecución' no quiere decir que la sentencia no se esté ejecutando, sino que la ejecución se encuentra en trámite, lo que implica en la mayoría de los casos que la pena se está cumpliendo -la ejecución permanece abierta hasta que la condena se cumple totalmente y se ejecuta la responsabilidad civil-. Lo que ocurre es que mientras tanto hay que gestionar penas de prisión, multas a plazos, retiradas de permisos de conducir, embargo de sueldos por impago de pensiones, vigilancia a las medidas adoptadas en violencia de género etc.
Fuentes del Consejo señalaron hoy que la alarma creada al hacerse públicas las cifras quizá pueda responder a que el informe de la Inspección utiliza de forma inadecuada la expresión "pendencia global de ejecutorias" al referirse a causas que en realidad se están tramitando. Reconocen, no obstante, que no es posible conocer la cifra real de asuntos sin ejecutar, ya que para ello habría que examinar causa a causa en cada uno de los juzgados de Ejecutoria de España.
CIFRAS DE RENDIMIENTO REAL
Según destaca el escrito de Martínez Lázaro, "en los dos últimos años los jueces han resuelto muchas más sentencias ejecutorias de las que se ingresan y han descendido las ejecutorias en trámite cuyo número debe ponerse en relación con las sentencias dictadas".
Así, en 2006 los tribunales penales dictaron 622.000 sentencias que dieron lugar a 343.431 procedimientos de ejecución (una vez restadas las sentencias absolutorias, que no dan lugar a procedimiento de ejecución, y las dictadas en apelación, que se acumulan a un único procedimiento con las apeladas). Los tribunales españoles resolvieron ese año 414.957 asuntos, es decir, 71.526 más de los que entraron, quedando pendientes 417.420.
En el año 2007 se repitió esta tónica, y de las 348.597 causas registradas por Juzgados de lo Penal se resolvieron 425.850, quedando en trámite de ejecución 403.591. "Es decir, se ejecutaron 77.253 sentencias más de las que se registraron", añade el escrito, que cita cifras procedentes del informe oficial La Justicia Dato a Dato, elaborado por el propio CGPJ y que puede consultarse en la página poderjudicial.es.
No obstante, Martínez Lázaro reconoce que el estudio realizado por la Inspección pone de manifiesto algo de lo que los vocales ya son plenamente conscientes: "la necesidad de ampliar las plantillas y mejorar los procedimientos de gestión, lo que no se logrará hasta que se produzca el completo desarrollo de la Oficina Judicial".
Recuerda que tanto el CGPJ como el Ministerio de Justicia ya establecieron en 2005 distintos planes de refuerzo en los juzgados que tramitan ejecutorias penales que han dado buen resultado en la mayoría de los casos. Lamentablemente, según este vocal, una minoría no alcanzado el módulo de trabajo mínimo.
EL "CASO PALOP"
En dicho caso se encuentra el Juzgado del que es titular López Palop, lo que es "particularmente grave" si se considera que dicho juzgado, que es el que menos ingreso de trabajo tiene de todos los juzgados especializados en ejecución penal, según el escrito de este vocal, "y si se comparan con los de otros juzgados como los de Valencia, Barcelona, o Islas Baleares en donde casi todos los juzgados superaron el 150 por ciento de rendimiento pese a tener una mayor carga de trabajo".
El promedio de carga de asuntos de estos juzgados es de 4.000 asuntos por año, mientras que la entrada en el Juzgado de López Palop fue de 1.886 y en el año de 2006 de 2.453 asuntos. "Por lo tanto, a diferencia de otros juzgados los planes de refuerzo no han dado ningún resultado en dicho órgano y tampoco en otros que no han alcanzado, pese a tener un refuerzo, el módulo mínimo de rendimiento".
Por esta razón, concluye el escrito de Martínez Lázaro, cualquier refuerzo que se imponga a los juzgados que no han alcanzado el módulo mínimo de rendimiento debería ir precedido de una investigación exhaustiva de las causas que han provocado que los refuerzos impuestos hayan sido inútiles y no se hayan traducido en una mejora de la capacidad de resolución" porque, en caso contrario, volverían a ser inútiles".
