El Pleno del Consejo General del Poder Judicial es consciente del menoscabo que para la imagen del TS y del Poder Judicial en su conjunto ha supuesto la polémica de los viajes de Carlos Dívar y posteriormente de Miguel Collado. Consecuencia de ello ha sido “el surgimiento de un clima de recelo y desconfianza hacia la gestión y el uso de los recursos públicos que el Estado pone a disposición del órgano de gobierno de los jueces, situación que ha podido afectar incluso a la percepción que los ciudadanos tienen de la por otra parte encomiable labor que realiza cada día la judicatura española” según especifica el propio CGPJ. Por ese motivo se acordado la elaboración de un “Plan de trasparencia y austeridad”.
La denuncia de Gómez Benítez contra Cárlos Dívar a la Fiscalía General del Estado ha abierto una brecha más grande en el CGPJ que la que provoca el hecho de que unos sean propuestos y votados por un partido político u otro. ¿Quiere saber a qué nos referimos?
A ello se unió en los últimos días de problema una denuncia contra Miguel Collado. Gómez Benítez comentaba nada más saberlo que "he tenido noticia a través del servicio de prensa del Consejo de que un colectivo ha presentado una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el presidente de ese tribunal y del Consejo por sus viajes a Marbella con cargo al presupuesto público coincidiendo con fines de semana. Según el servicio de prensa, esa denuncia solicita que la investigación judicial se amplíe a los gastos de desplazamiento de un vocal, don Miguel Collado, basándose, exclusivamente, en el extracto de una noticia de prensa que daba cuenta de que el presidente del Consejo se quejó en una reunión de la Comisión Permanente del Consejo de la crueldad que estaba padeciendo frente a otros vocales que, como Miguel Collado, había gastado mucho más que él". El mismo día, Dívar desmentía este extremo.
Gómez Benítez terminaba refiriéndose a esto puntualizando que "al margen de la inadmisible dimensión moral de la queja del presidente, si es que, realmente, sucedió lo que cuenta la noticia de prensa, debo dejar constancia de que, a diferencia de lo que concierne al presidente, en la única documentación que se me ha exhibido sobre los viajes de los vocales, que corresponde al período septiembre 2010-noviembre 2011, no observé indicio alguno de desviación de fondos públicos para pagar gastos privados, ni me consta, en consecuencia, que eso haya sucedido antes o después de dicho período".
Principios que guiarán la austeridad del CGPJ
1.- Sometimiento de la actividad económica financiera del CGPJ a los principios de legalidad, de eficiencia y de economía.
La actividad económica financiera del CGPJ, como órgano constitucional, ha estado sometida desde su creación y en todo momento, además de a los naturales controles de gestión de cualquier órgano del Estado y de control interno por parte de la Intervención, al control del Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la actividad económica del Estado.
La Intervención en el Consejo, como órgano de control interno, lleva a cabo la fiscalización previa del cien por cien de los actos, documentos y expedientes susceptibles de producir obligaciones o derechos de contenido económico. Las normas generales de contratación y económico financieras del Estado rigen en el Consejo en lo que sean de aplicación y se cumplen rigurosamente. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado favorablemente todas las cuentas de liquidación de sus presupuestos, integradas en las Generales del Estado, desde su creación.
Cómo se ha ido logrando bajar gastos
El Consejo inició en 2010 una reducción de sus presupuestos para 2011 en coherencia con el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que impone con indiscutible claridad un objetivo de reducción de gasto. En consonancia con el real decreto se redujeron las retribuciones de los miembros del Pleno en un 10%.
El Consejo fijó una disminución global para el ejercicio presupuestario de 2011 del 4,98% en relación con las cifras de 2010. Dicha disminución no pudo ser mayor debido, entre otras circunstancias, al importante crecimiento del número de jueces en prácticas
que iban a depender de la Escuela Judicial en 2011, en línea con la tendencia iniciada en 2008. Ello ha supuesto un aumento del 64% de los jueces y magistrados que han sido nombrados en el periodo septiembre de 2008 a mayo de 2012, en relación con el de noviembre de 2001 a agosto de 2008. Sus retribuciones son abonadas por el Consejo hasta que toman posesión como jueces.
En Enero de 2011, el Pleno del Consejo fijó unos criterios de ejecución de su presupuesto para ese ejercicio que establecía la no disponibilidad del 5% de las cantidades aprobadas. Desde entonces se lleva a cabo un seguimiento especial de la tasa de gasto global producida de la que se informa puntualmente al Pleno.
El plan de austeridad de ejecución del presupuesto del Consejo ha dado sus frutos, superándo notablemente la no disponibilidad del 5% mencionado. A título de ejemplo, se alcanzó un ahorro en el Presupuesto del Consejo de 2011 del 21,09% (no ejecución). Ello tiene relación directa con las exigentes medidas de contención del gasto aprobadas por el Consejo, que no han impedido el cumplimiento de la totalidad de sus compromisos constitucionales, legales y reglamentarios. Y ello, entre otras, por la adopción de las siguientes medidas:
Racionalización de las actividades formativas presenciales de la carrera judicial y sustitución progresiva de encuentros y actividades de formación o de colaboración que se desarrollen en otros países, fomentándose la utilización de los medios tecnológicos mediante fórmulas de intervención a distancia.
- Reducción de los servicios y de los suministros
habituales con que cuenta el Consejo de forma progresiva, mediante
contratación pública, lo que ha supuesto una reducción por bajas de
adjudicación del 16,94% en 2011.
- Revisión y unificación de convenios de formación y
colaboración suscritos con organismos y entidades ajenas al Consejo.
- Redefinición de las condiciones de celebración de las
actividades externas tales como asistencia a cursos o presencia
indispensable en actividades y visitas, redefiniendo las condiciones y
gastos de desplazamientos. Esta medida ha supuesto una importante
reducción de los gastos de viaje imprescindibles para el cumplimiento
de sus obligaciones legales (formación inicial y continua
de toda la carrera judicial -5.000 jueces y magistrados-, inspección
de los tribunales, compromisos judiciales internacionales, viajes de
inspección de territorios judiciales de las Vocalías) que desde 2008 se
han reducido casi un 30% (19% de 2010 a 2011).
- Limitación y progresiva reducción del personal al servicio del Consejo en todos sus niveles, lo que incluye la decisión de no anunciar a concurso público el total de las bajas generadas por el personal ya sea debido a jubilación por cumplimiento de edad, fallecimiento, excedencia voluntaria o cese para prestar servicios en otras Administraciones.
- La actualización de las normas sobre la liquidación de
comisiones de servicio con derecho a indemnización y gastos de protocolo o
representativos con cargo al Presupuesto del Consejo General del Poder
Judicial aprobadas por la Comisión
Presupuestaria de 14 de Diciembre de 1999 (en desarrollo de las del Pleno
de 1996) que afectan al Presidente, Vocales y al Secretario General, en el
sentido siguiente:
- La publicación de la agenda de actividades de las Comisiones
legales y reglamentarias, de las Vocalías delegadas para las distintas
materias u órdenes jurisdiccionales y de las Vocalías territoriales.
- La publicación trimestral en la web del Consejo General del Poder Judicial del estado de la ejecución presupuestaria clasificada por programas, capítulos y en su caso, conceptos principales.
El Consejo, a la hora de elaborar su presupuesto para 2012, ha continuado en la senda de reducción de sus gastos, minorando el de 2012 sobre el de 2011 en un 3,86%, por lo que el acumulado desde 2010 a 2012 es de un 8,84%. En este sentido, volvemos a las cifras, en términos presupuestarios, que manejaba el Consejo con anterioridad al año 2008.
El Consejo, pese a no verse afectado por el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 30 de diciembre de 2011, ha establecido, como criterio para iniciar el ejercicio presupuestario 2012, el mantenimiento de la no disponibilidad de un 5% del Presupuesto prorrogado, que además se ha consolidado en el presupuesto de 2012, pendiente de aprobación por el Parlamento.
Y todo ello, a pesar del importante crecimiento del número de jueces en prácticas que dependen de la Escuela Judicial también durante el año 2012. La disminución del presupuesto de 2012 en relación con la de 2011 no ha podido ser mayor debido al importante crecimiento del número de jueces en prácticas que dependerán de la Escuela Judicial en 2012, de determinados compromisos adquiridos por el Consejo para la Carrera Judicial (conectividad de su ordenadores, seguro de responsabilidad civil, plan de prevención de riesgos y revisiones médicas) y de las importantes mejoras en el punto neutro judicial, la red de comunicaciones que enlaza a todas las comunidades autónomas y a todos los organismos públicos y privados que participan en la gestión procesal, creando un espacio privado judicial de intercambio seguro de datos.
Nuevas políticas de austeridad: el plan de trasparencia
De esta forma se refuerza la trasparencia de la actividad pública del Consejo, se garantiza el derecho a la información relativa a aquella actividad y se establecen las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir y cumplen los responsables del Consejo. Este "Plan de trasparencia y austeridad", que se encomienda a las Comisiones de Estudios e Informes y Presupuestaria del Consejo y que se deberá presentar al Pleno para su debate y aprobación en su próxima reunión programada para el 28 de junio, deberá incluir, entre otros puntos:
