El Consejo General del Poder Judicial sancionó al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, con una multa de 50.000 pesetas (300 euros) a mediados de los años 90 por los retrasos injustificados en la tramitación de asuntos que se detectaron en el Juzgado en el que entonces ejercía su función, situado en la localidad de Lora del Río (Sevilla), según informaron fuentes del órgano de Gobierno de los jueces.
Este es el único antecedente judicial que figura en el CGPJ con respecto a este juez, quien hasta septiembre del pasado año era presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía.
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenó ayer la apertura de un procedimiento de información previa sobre la actuación de Tirado en cuanto a la ejecución de la condena impuesta a Santiago del Valle García por abusos sexuales a su propia hija, toda vez que en marzo de 2006 esta instancia judicial ordenó la averiguación de su paradero rechazando suspender la ejecución de la condena de dos años y nueve meses de prisión que se había dictado en su contra.
En un comunicado, el CGPJ informó de que esta medida se había acordado en relación a los efectos de la condena de dos años y nueve meses de prisión que el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla impuso en 2002 al supuesto autor de la muerte de la niña onubense Mari Luz Cortés, una condena que fue recurrida por este sujeto y que fue ratificada por la Audiencia Provincial de Sevilla en 2005
Actualmente, del Valle tiene pendiente cumplir dos condenas –cuatro años y nueve meses de prisión– de dos juzgados sevillanos diferentes por abusos sexuales a su hija de cinco años y a otra niña de nueve años.
En cuanto al juzgado de lo Penal número 1, en marzo de 2006 se opuso a la suspensión de la condena –por los abusos a su hija– solicitada por el propio procesado y daba orden de "averiguación del paradero" del inculpado, que, junto con su mujer, la también condenada por estos hechos Isabel García, había huido.
Dicha orden, en cualquier caso, ha continuado vigente hasta la fecha sin que el presunto asesino de Mari Luz haya cumplido un solo día de cárcel por tales hechos.