El coste de formalización jurídica, que incluye honorarios de notario y registrador, para ampliar el plazo de la hipoteca ronda los 140 euros "tirando por lo alto", según explicó hoy a Europa Press un portavoz del Colegio de Registradores.
Esto supone que los 860 euros que restan hasta completar el coste medio de este trámite, que según datos del Ministerio de Economía asciende a unos 1.000 euros, corresponden a otros conceptos, como comisiones bancarias y gastos de gestión.
En concreto, el portavoz precisó que el coste de la escritura por ampliar el plazo de la hipoteca supone unos 80 euros de gastos notariales y alrededor de 60 euros de registro para una hipoteca de unos 200.000 euros.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, anunció ayer su idea de alcanzar un acuerdo con entidades financieras, notarios y registradores para que rebajen los actuales costes del alargamiento del plazo hipotecario, y reducir el coste que asumirá la Administración para cumplir su promesa electoral de gratuidad en la ampliación del plazo de hipotecas a familias en situación de dificultad.
Por ello, el citado portavoz recordó que los costes de formalización jurídica de una ampliación del plazo de la hipoteca ya "son bajísimos", y subrayó, ante la posibilidad de que se plantee una nueva reducción de los mismos, que los 17.000 trabajadores que se dedican a estas labores "tienen que cobrar", y que "el trabajo hay que pagarlo".
Tras indicar que los registradores "siempre están abiertos a acuerdos", el portavoz dijo que normalmente "se carga la tinta" contra este sector cuando son otros gastos, relacionados con la "letra pequeña" de los documentos bancarios, los que hacen que el coste se eleve.
En este sentido, recordó que el coste de formalización jurídica ya se redujo con la Ley de Subrogación de Préstamos Hipotecarios de 1994, –que supuso un descuento del 90% en los aranceles registrales y de notario para cambios de hipoteca por novación (mejores tipos de interés o ampliación del plazo) o subrogación–, un descuento que con la Ley Hipotecaria, que entró en vigor en diciembre de 2007, se amplió a cancelaciones y otras modificaciones, como ampliar el importe del préstamo.
Asimismo, el Colegio de Registradores subrayó que "toda la sociedad tiene que estar al lado del más necesitado" aunque recordó que ya hay "soluciones jurídicas" para evitar los embargos, siempre que haya voluntad de pagar.
