Mientras, Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC están haciendo un análisis individualizado de los balances individuales. El Defensor del Pueblo tiene abierta una investigación de oficio ante la CNMV tras recibir quejas de pequeños ahorradores que denuncian venta de participaciones preferentes y deuda subordinada sin la debida información.
El Ministerio de Economía y Competitividad y el Banco de España recibieron ayer dos informes individuales de los dos evaluadores independientes, Roland Berger y Oliver Wyman, sobre el sector financiero español. Las pruebas dan como resultado unas necesidades de recapitalización de entre 16.000 y 26.000 millones de euros en el escenario base de los ejercicios de estrés, y de entre 51.000 y 62.000 millones de euros en el escenario adverso.
El análisis ha sido realizado sobre 14 grupos bancarios, el 90% del sector, y aunque el ejercicio no permite realizar estimaciones previas de las necesidades de capital de cada entidad, cabe anticipar que los tres grandes del sector cumplen los requisitos de capital incluso ante un hipotético empeoramiento severo de la economía española. Las mayores deficiencias se centran en las entidades participadas mayoritariamente por el FROB. El resto de entidades podrían asumir sus necesidades de capital por sí mismas o con un moderado nivel de ayuda pública.
El Consejo de Ministros acordó el pasado 11 de mayo encargar al Ministerio de Economía y Competitividad un análisis sobre la resistencia del sector financiero español ante un eventual deterioro de la situación económica. Con posterioridad, el Banco de España, en coordinación con el Ministerio de Economía y Competitividad, decidió contratar a Roland Berger y Oliver Wyman como consultores independientes para llevar a cabo esta evaluación.
¿Quiere saber de qué se trata el informe de las dos evaluadoras?
Se trata de un ejercicio de conocimiento basado en la evaluación de toda la cartera crediticia de las entidades como paso previo a un análisis individualizado de los balances por parte de cuatro empresas auditoras a concluir en las próximas semanas. Son Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC.
La cifra de necesidades de recapitalización es manejable, está acotada y se encuentra, en todo caso, por debajo de los 100.000 millones de euros de la línea de crédito acordada con el Eurogrupo el pasado 9 de junio.
Resultados
Los informes publicados por las dos consultoras incluyen una estimación de las necesidades de capital para la banca española. Sobre el escenario base, y con un core Tier1 del 9%, las necesidades de capital estarían entre 16.000 y 26.000 millones de euros.
Bajo el escenario adverso, con un core Tier1 mínimo del 6%, las necesidades estarían en un rango de entre 51.000 y 62.000 millones de euros. Estas cifras son conservadoras, debido a que no tienen en consideración efectos mitigantes como las acciones futuras que puedan adoptar los bancos o los elementos fiscales.
El ejercicio actual no permite realizar estimaciones previas de las necesidades de cada entidad, pero cabe anticipar que los tres principales grupos bancarios españoles no necesitarán capital adicional ante un empeoramiento severo de la economía (escenario adverso). La recapitalización se centrará fundamentalmente en aquellas entidades que están participadas por el FROB. Las necesidades del resto del sector serían de menor entidad o nulas. Los requisitos de capital que no pudieran cubrirse con mecanismos de mercado serían, en todo caso, asumibles por el FROB. Los resultados de este ejercicio confirman las conclusiones recientes del FMI, que señaló que los problemas de la banca española están limitados a un grupo reducido de entidades, sobre los que ya está actuando el Estado.
Nuevas actuaciones
En paralelo a este proceso, las cuatro auditoras contratadas por el Banco de España (Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC) trabajan desde finales de mayo en el análisis exhaustivo de las carteras de los bancos, que deberán presentar el próximo 31 de julio. Con este ejercicio verificarán la situación real de cada una de las entidades, con especial atención a la correcta clasificación de los préstamos, tanto por segmento de negocio como por su calificación (al corriente de pago, en riesgo de impago o moroso) y a los niveles de provisionamiento de cada una de las carteras. El trabajo de estas auditoras se usará para construir un ejercicio más amplio y detallado (bottom-up) de los balances de las entidades. Se prevé que este análisis esté terminado en septiembre.
El trabajo de las firmas de auditoría y la información más detallada sobre los riesgos en las carteras de los bancos será la base de una nueva ronda de pruebas de esfuerzo, que permitirá identificar las necesidades específicas de capital de cada una de las entidades. El resultado de esta evaluación individualizada se publicará a mediados de septiembre. Tras ese anuncio, los bancos deberán presentar sus planes de recapitalización detallados en un breve plazo. Las entidades que no puedan asumirlos por sí solas podrán acceder al FROB con la condicionalidad requerida.
Los resultados finales permitirán diferenciar los bancos que necesitan recapitalización y aquellos otros que precisan ser reestructurados, siempre de acuerdo con las reglas y procedimientos de la UE. Durante este periodo se cerrarán todos los acuerdos que sean necesarios para aplicar esta estrategia global, incluidos aquellos relativos a la ayuda financiera europea y las normas comunitarias sobre ayudas estatales.
Defensora del pueblo
La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España que apliquen un sistema que clasifique los productos financieros por su riesgo y complejidad.
Además, la protección al cliente debería completarse con la elaboración de un contrato tipo de intermediación en la compraventa de productos financieros en el que se deberían incluir los avisos de riesgo.
Con esta propuesta, la Defensora pretende que cualquier inversor, con independencia de su formación, disponga en el momento de la firma de la ficha informativa del producto y el contrato tipo predispuesto por la CNMV, en el que justo encima del lugar reservado a la firma del cliente, se recogiera el aviso de riesgo sobre la peligrosidad del producto.
En opinión de la Institución, la libertad de creación de productos financieros y el acceso del público a los mercados crea el riesgo de adquirir productos no adecuados y refuerza la necesidad de proteger al inversor.
Los supervisores financieros de Reino Unido, Bélgica y Portugal ya trabajan en esta línea, después de que la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) esté estudiando una metodología para clasificar los diversos instrumentos financieros, con el fin de poder avisar a los inversores sobre aquellos productos que pueden constituir una seria amenaza para su patrimonio, pudiendo llegar a prohibir temporalmente la comercialización de los mas complejos y arriesgados.
En la actualidad, la Institución tiene abierta una investigación de oficio ante la CNMV tras recibir numerosas quejas de pequeños ahorradores que denuncian que bancos y cajas les vendieron participaciones preferentes y deuda subordinada sin la debida información.
