El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que garantiza los derechos laborales de las personas que se dedican al reparto en el ámbito de las plataformas digitales, tras el acuerdo alcanzado el 10 de marzo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales y empresariales. La norma es elReal Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, que ha sido publicado en el BOE de hoy.
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, explicó que la norma, conocida como Ley Rider, modifica el Estatuto de los Trabajadores y determina que aquellos que desempeñan su trabajo de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía a través de las plataformas digitales son laborales. «Tienen derechos de organización, sindicación, de protección social, de cotizaciones y salariales», precisó. El texto, que finalmente se ha presentado como Real Decreto y que deberá ser convalidado por el Congreso, incorpora de esta manera el criterio establecido por el Tribunal Supremo en la Sentencia 805/2020, de 25 de septiembre, primera dictada en unificación de doctrina. Esta norma obliga a las empresas de reparto a domicilio, como Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart a contratar a sus repartidores en un plazo de tres meses desde la publicación de la norma en el BOE.
Informar de las reglas en las que se basan los algoritmos
Además, el documento recoge que la empresa tendrá que informar a los representantes de los trabajadores en el entorno laboral digitalizado de las reglas en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que puedan incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo.
Al respecto, Yolanda Díaz anunció la creación de un grupo de expertos que estudiará el uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales para evitar sesgos. «Los trabajadores tenemos derecho a saber cuáles son las razones que motivan ciertas decisiones empresariales», dijo.
La vicepresidenta reiteró que, con esta norma, el Ejecutivo acepta los cambios tecnológicos sin miedo, protegiendo los derechos de los más vulnerables, y asumiendo el gobierno de la transición tecnológica. España, sostuvo, se coloca a la vanguardia de la legislación internacional en este ámbito: «No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia».
Díaz agradeció la colaboración de los agentes sociales por su valentía y su colaboración para llegar a un acuerdo sobre un tema tan complejo. Asimismo, destacó la labor de la Inspección de Trabajo que ha permitido «laboralizar» a 16.794 personas, lo que supone un impacto económico, en términos de recaudación social, de 29 millones de euros.
